Aquí... y en Chile

Jorge Eduardo Navarrete

Quizá fue la mayor certidumbre de que la economía mundial se halla en una coyuntura crítica, a consecuencia de que la estadunidense ha entrado en una recesión que no se atreve a decir su nombre, pues no se han reunido los indicios estadísticos requeridos para proclamarla, lo que llevó a los gobiernos de centro-izquierda en Chile y de derechas en México a coincidir en el anuncio de sendos programas anticíclicos el lunes 3 de mayo. La noción misma de acciones de política económica de este corte se había casi perdido ante el predominio de la ortodoxia neoliberal o, si se prefiere, del fundamentalismo de mercado del que ambos gobiernos, en distintos momentos y en medida diferente, fueron o siguen siendo destacados exponentes. En Santiago, Michelle Bachelet anunció que enviaba, con suma urgencia, un proyecto de ley para enfrentar el escenario recesivo por medio de “poner más recursos en manos de las personas, reducir el costo del crédito para las empresas de menor tamaño y focalizar el esfuerzo del Estado en quienes más lo requieren”. En México, Felipe Calderón anunció “el Programa de Apoyo a la Economía, que contempla 10 medidas que beneficiarán a todo el sector formal, algunas de las cuales han quedado consignadas en un conjunto de decretos que se acaban de firmar”. Antes de comparar ambas estrategias, adviértanse dos importantes diferencias en cuanto a los beneficiarios de las medidas anunciadas y respecto de los estilos de gobernar. En Chile, la agenda de estímulo económico se orienta hacia los recursos de que disponen las personas, las empresas de menor tamaño y “quienes más lo requieren”. Aquí, el programa de apoyo se destina al conjunto del sector formal de la economía, que, por oposición, excluye a una porción sustancial de la población –quizá 40 por ciento de la económicamente activa– y a segmentos considerables de la actividad económica forzados a mantenerse en la informalidad. En Chile, la titular del Ejecutivo encamina sus propuestas al Congreso bajo la forma de un proyecto de ley. Aquí, se expiden decretos que modifican leyes previamente aprobadas por el Legislativo. Cuestión de estilo de gobernar, como solía apuntar don Daniel Cosío Villegas. Cuando ambos gobiernos hacen frente a la amenaza de recesión, la demanda de consumo es la gran olvidada, aquí... y en Chile.

Para “tenderle la mano a los que están enfrentando problemas”, en Chile se prevén cuatro órdenes de acciones: la reducción temporal de un impuesto a las gasolinas automotrices, de incidencia casi universal mediante el pago directo o su traslado, que supondrá una reducción media de 21 centavos de dólar por litro de gasolina; la introducción de incentivos fiscales para producir biocombustibles y la bonificación de impuestos sobre la importación y adquisición de automóviles híbridos; el “impuesto de timbres y estampillas”, que grava las operaciones de crédito, se reducirá, con aprobación del Legislativo, de 1.35 a 1.2 por ciento, y la focalización de la franquicia tributaria a la construcción, que ahora beneficia a todo tipo de vivienda, sólo se aplicará a las viviendas de personas de menores ingresos y de la amplia clase media. Bachelet expresó que, con la agenda de estímulo, “hacemos más competitiva, pero a la vez más justa nuestra economía”.

Para conseguir “un impacto positivo inmediato” y contribuir a “dinamizar nuestro crecimiento en el mediano plazo”, aquí se anunciaron 10 acciones orientadas sobre todo a reducir los problemas de liquidez de las empresas; incentivar a los contribuyentes empresariales cumplidos, cuyo número se estima en un millón de causantes; asumir 5 por ciento de las cuotas empresariales al Seguro Social; aumentar los gastos de mantenimiento de Pemex; estimular el establecimiento de empresas en zonas marginadas; reducir el costo de las tarifas comerciales y de punta de la energía eléctrica, y acelerar la concesión de créditos por parte de la banca de desarrollo.

En Chile, los beneficiarios directos de tres de las cuatro medidas anunciadas son las personas de menores ingresos y de la clase media. Aquí, los directamente favorecidos de por lo menos ocho de las 10 medidas son los empresarios, y se confía en que esos beneficios se filtren a la población. En Chile, el programa se orienta específicamente no sólo a estimular la actividad económica sino a mejorar la equidad. Aquí, las palabras justicia, equidad y distribución no aparecen en el discurso de Felipe Calderón.

El olvido de un estímulo efectivo a la demanda de consumo, deprimida por las alzas de precios y las restricciones a las revisiones salariales, es, a mi juicio, el talón aquileo de ambas propuestas de medidas contracíclicas. El incentivo al consumo, en especial el de las clases populares, es un importante movilizador a corto plazo de la actividad económica en condiciones de capacidad productiva ociosa o subocupada, como parece ser el caso. Las transferencias directas al ingreso de los consumidores, por la vía de las reducciones a los impuestos de las personas, han estado presentes en otras esquemas. Pero no aquí... ni en Chile.