Colombia saldrá hoy a la calle para denunciar el «terrorismo de Estado»

Gerardo Orrego Landazabal
Gara

El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) ha convocado para hoy una marcha en homenaje a las víctimas del Estado colombiano y de los paramilitares. La movilización, que se llevará a cabo en al menos 62 países, ha sido condenada por funcionarios públicos colombianos, que acusan a sus impulsores de ser parte de la guerrilla, y ha sido silenciada por los medios de comunicación.
El 4 de febrero miles de personas en Colombia y en el mundo marcharon en una protesta contra las FARC convocada por el vicepresidente del país, Francisco Santos. La convocatoria recibió el apoyo de los medios, la Iglesia y todas las instituciones del mismo Estado. Más que de un rechazo a la veterana guerrilla colombiana, se trató de una marcha de apoyo a la «política de seguridad democrática» del Gobierno de Álvaro Uribe. No se expresó solidaridad con las personas retenidas por las FARC ni menos con las víctimas del conflicto armado.

El contraste con la movilización convocada por el MOVICE contra los crímenes del Estado y de los paramilitares no podría ser mayor. La campaña mediática de apoyo desatada por la prensa colombiana en febrero brilla ahora por su ausencia. Aunque los periódicos capitalinos «El Tiempo» y «El Espectador» publicaron editoriales en favor de la movilización, se limitaron a condenar a los crímenes de los paramilitares sin referirse a los del Estado, motivo principal de la marcha.

Asimismo, altos funcionarios del Gobierno que en febrero jugaron un papel clave han atacado públicamente a los organizadores. José Obdulio Gaviria, primo hermano del narcotraficante Pablo Escobar, quien desempeña el cargo de asesor presidencial, declaró que la marcha ha sido convocada por las FARC y agregó que no participaría en ella por que en Colombia no hay crímenes del Estado.

En el mismo sentido se pronunció el ex ministro de Justicia Fernando Londoño en su columna de opinión en «El Tiempo», en la que cuestionó sendas decisiones judiciales contra integrantes de la Fuerza Pública y añadió que «el 6 de marzo celebrarán estas hazañas los amigos de las FARC, como es natural».

A pesar de declaraciones como las de Gaviria y Londoño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que depende de la OEA, afirma que «la Comisión continúa recibiendo denuncias sobre la actitud omisiva de la Fuerza Pública e, incluso, su participación directa en los actos de violencia perpetrados por los paramilitares, muchos de los cuales son de público conocimiento».

Las víctimas más invisibles

Para Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y portavoz de MOVICE, con esta movilización de ámbito mundial se pretende rescatar del olvido a las víctimas del Estado. «Queremos mostrar que sí existe terrorismo de Estado en Colombia y hacer un homenaje a sus víctimas que son las más invisibles de todas las víctimas, llegando a tal punto que hay quienes niegan que hay crímenes del Estado», subraya. Castañeda también señala que «la marcha es un rechazo al Estado y no sólo a los paramilitares, como han afirmado los medios en Colombia».

El número de víctimas del Estado es alarmante, según MOVICE. Entre 1988 y 2002 hubo 14.700 homicidios y desapariciones forzadas y los primeros tres años del Gobierno de Uribe arrojaron un saldo de 3.100 asesinatos y desapariciones.

Además, con la parcial «desmovilización» de los paramilitares, la Fuerza Pública ha aumentado su participación directa en los actos de violencia. En los últimos cinco años se han producido 955 casos de violaciones de los derechos humanos que involucran al Ejército, incluyendo casos de campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate luego de ser ejecutados por soldados.

Según diversas ONGs, no está claro cuántas organizaciones han desaparecido debido a la violencia ejercida en su contra por agentes estatales y paramilitares. El caso más famoso es el de la Unión Patriótica, un partido político de oposición, hoy inexistente tras el asesinato de más de 4.000 de sus militantes, dos candidatos presidenciales, cuatro senadores, seis representantes a la cámara, 15 diputados, 50 concejales y nueve alcaldes. Salvo el caso del senador Manuel Cepeda, todos ellos permanecen en la impunidad.

Hasta el momento se han convocado marchas en 62 países, aunque es más que probable que salga a la calle mucha menos gente que la que salió en febrero. Por un lado, falta el apoyo de la prensa y, por otro, el Estado y distintas empresas se han dedicado a sabotear la cita.

Advertencias

El Ministerio colombiano de Defensa emitió una circular informando a los funcionarios que no pueden ausentarse de su puesto de trabajo el 6 de marzo y, además, instó a hacer un seguimiento exhaustivo de quienes no asisten a su lugar de trabajo. La petrolera estatal ECOPETROL invitó a los trabajadores a participar en la marcha el 4 de febrero pero ahora, según Iván Cepeda, hijo del senador Manuel Cepeda asesinado por el Ejército, les mandó un memorando «anunciando que la ausencia del puesto de trabajo es susceptible a sanciones».

El sindicato petrolero, la USO, ha denunciado que «se nota la disparidad de criterios frente a los actores del conflicto armado. Cuando se convoca una marcha contra un actor, las FARC, la empresa facilita que los trabajadores participen, pero cuando es contra los paramilitares se obstaculiza la participación. De todas formas, la dirigencia y todos aquellos que tengan permisos sindicales ese día participarán en la marcha, pero lamentablemente los trabajadores no podrán hacerlo debido a la actitud de ECOPETROL».

Igual ocurre en el sector bancario, donde el sindicato UNEB no ha recibido respuesta a su petición de permitir a los trabajadores participar en la jornada de solidaridad con las víctimas. Tanto BBVA y Banco Santander permitieron que sus empleados tomaran parte en la marcha del 4 de febrero. En la carta que mandó la UNEB se pide que den permiso a los trabajadores para participar en un acto de desagravio con las víctimas del paramilitarismo, ya que en caso de no participar «se podría entender que los trabajadores bancarios estuvieran en contra de una forma de violencia, el secuestro por parte de las guerrillas, y de acuerdo con otra forma de violencia, la estatal».

El Ministerio de Educación ha pedido a los maestros que trabajen, pero el sindicato FECODE, el más grande del país ha declarado un paro para el 6. Hasta el momento, el Gobierno no ha indicado que vaya a declarar ilegal la huelga. Además de los profesores, todas las asociaciones nacionales de los estudiantes han hecho un llamamiento a no asistir a clases y participar en la movilización.

La falta de apoyo a la marcha por parte del Estado es indicativo de que en Colombia algunos sectores ven como buenos ojos la violencia paramilitar. El Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, calificó a los paramilitares como «un error de autodefensa» y el mismo Álvaro Uribe los describió como «un remedio que en algunos casos peor que la enfermedad, pero de todas formas un remedio».

Bogotá acoge la IV Asamblea de Víctimas
Al término de la marcha, 1.500 víctimas celebrarán entre hoy y el sábado, en Bogotá, la IV Asamblea de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que se analizará la estrategia futura de MOVICE, su actuación en el ámbito jurídico y la recopilación de información para guardar la memoria histórica y refutar a quienes niegan la existencia de una estrategia estatal para eliminar a la oposición.

Algunas organizaciones apuestan por «propugnar por una justicia que condene al Estado colombiano por su responsabilidad y su política de conformar y financiar estructuras paramilitares, y que condene a organizaciones que han servido como aparatos políticos y económicos para llevar adelante sus planes, como es el caso de gremios económicos, empresas transnacionales y partidos políticos».

Además, en este encuentro se quiere «abrir un debate sobre víctimas y grupos paramilitares, cuya existencia niega el presidente Uribe».

Los delegados discutirán las ocho ejes estratégicos de MOVICE, un acuerdo nacional sobre la paz y propuestas de enmiendas a la Constitución para prohibir que el Estado delegue el uso de la fuerza en civiles, como ha hecho históricamente con los paramilitares, ya que fueron legalizados por primera vez en el ya lejano año 1965.

Su objetivo de abrir un debate en torno a los paramilitares se ha logrado en cierta medida, ya que a raíz de la marcha del 6 de marzo los medios de comunicación propiciaron una discusión sobre la responsabilidad estatal en la violencia y la reaparición de las paramilitares, conocidos ahora como Águilas Negras.