Ley de medios

Fausto Fernández Ponte

ffponte@gmail.com

Las 47 organizaciones civiles que conforman el recién creado Frente Nacional por una Ley de Medios (de difusión masiva), si bien exhiben una empeñosa preocupación, muestran una cortedad preocupante.

Señálese que el frente –que parece expresión coyuntural, más que estructural y/o superestructural– enuncia propuestas que devienen, sin duda, de una inquietud moralmente legítima.

Y esa inquietud es la de que el Senado de la República (¡qué nombre más inapropiado!) posponga dar un dictamen acerca de una Ley de Radio y Televisión y debatirlo.

El frente sostiene que esa legislación sea atendida –es decir, debatida ampliamente– durante el periodo de sesiones corriente, y modificada, para no privilegiar intereses antisociales creados.

Y esos intereses creados son los de las empresas concesionarias de radio y televisión, las cuales monopolizan un medio de control social de gran alcance cuyas secuelas son ominosamente graves.

Una secuela es la de que inducen comportamientos colectivos que reproducen y refuerzan yugos sociales en torno a una cultura de interés económico ajeno, e incluso opuesto, al del pueblo de México.

II

Y, otra, que esas empresas tienen virtualmente bajo chantaje a los poderes de la Unión –incluyendo al Legislativo– y sus personeros, a gobernadores y, en general, al poder político y al Estado mismo.

Una tercera es la uniformidad miope de la cosmovisión empresarial –concesionarios de un patrimonio del país, el espectro radioeléctrico– que preconiza valores de una cultura mercantilista.

Ante esa puerilidad –los contenidos de radio y televisión– de las empresas concesionarias que mella el desarrollo de la conciencia colectiva, el frente ha identificado sus objetivos.

En esa vena, Javier Corral, uno de los voceros más conspicuos del citado frente, usó un coloquialismo para describir sus motivos y propósitos: “Se requiere una nueva ley de medios (de difusión masiva) para hacer más grande la cancha, para que haya más jugadores, un árbitro imparcial y no cautivo de las televisoras para que la pluralidad exista en televisión y unos cuantos no tengan en su puño a la clase política en detrimento de la sociedad en general”.

III

En esos enunciados –equivalentes a una declaración de principios– adviértense las cortedades de las propuestas del frente. Éstas deben ser más profundas y trascendentes.

Sin duda. Las propuestas deben comprender algo indispensable: mudar la propiedad de las empresas concesionarias de un patrimonio de la nación. Por ley, esa propiedad debe ser social, no privada.

Y, por ley también, esas empresas tienen que ser públicas, sujetas a contrapesos y vigilancia por parte del pueblo y no de la clase política erigida malamente en representante de aquél.

El móvil central de una propuesta así, más allá de la promovida por el frente, es que los medios de control social son de insoslayable importancia estratégica para la seguridad real de la nación.

Y, por ello, sus operaciones –desde las subyacencias filosóficas hasta su tecnicidad– requieren, a su vez, mecanismos que impidan su abuso o mal uso por el poder formal y/o poderes fácticos.

Glosario

Clase política: definición compuesta de origen fascista, muy usada en la ciencia política. Se refiere al conjunto de personas dedicadas a la política dentro y fuera del Estado, aunque no son una clase social en sí.

Estructural: en sociología referido a la estructura de una sociedad. Conjunto de relaciones internas y estables que articulan a los diferentes elementos de una totalidad concreta.

Propiedad privada: propiedad de particulares

Propiedad social: propiedad de un pueblo, una comunidad, una nación.

Subyacentes: de subyacer. Bajo la piel o bajo la tierra, basamento.

Superestructural: en sociología referido a la superestructura de una sociedad. Conjunto de instituciones que cumplen la función de cohesionar a la sociedad y a la cultura en torno a la base económica.