Por Ricardo Andrade Jardí
Es curioso ver todos los intentos oficiales de Colombia y México por desacreditar a las FARC bajo el argumento de que son un grupo violento, terrorista y ligado al narcotráfico; curioso resulta que los corruptos hablen de corrupción aunque son, por otro lado, los mejor capacitados pues son justamente la médula espinal del asunto. Uribe y el usurpador Fecal bajo las instrucciones del imperio harán todo por hacer parecer que tanto las FARC como los estudiantes mexicanos asesinados por el gobierno lacayo de Colombia, en Ecuador, violentando el derecho internacional y tensionando a la región a petición de Bush en vía de la anunciada agresión imperialista contra Venezuela, merecían ser acribillados cobardemente; mientras el fondo político es en realidad el deplorable interés del gobierno de Uribe porque las FARC no liberen a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt en poder (secuestrada) de este grupo armado desde hace varios años.
Muchos pueden ser los cuestionamientos contra las FARC y muy debatibles pueden ser sus posiciones ideológicas y mucho más sus métodos de acción, pero lo cierto es que las FARC nacieron bajo condiciones de desigualdad social que hoy no sólo persisten en Colombia sino que en algunas casos son aún peores que en décadas pasadas eran; y es, en ese punto, donde debe centrarse el debate de toda comprensión que pretenda argumentar o no la validez de seguir manteniendo la lucha armada contra aquello que representa la continuidad de la desigualdad social en Colombia o en cualquier lugar del mundo.
Hay que dejar claro que quienes desde el “poder” son financiados por el terrorismo internacional en su pretendida y falaz guerra contra el terrorismo como es el caso del lacayo asesino de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, son justamente quienes carecen de toda calidad moral para hablar o juzgar a otros de terrorismo.
Las FARC pueden estar equivocadas, desde algún punto de vista, puede ser incluso cuestionable su actuar, en muchos casos, pero lo cierto es que en Colombia el terrorismo lo ejerce el gobierno y sus “alianzas estratégicas” con el Imperio.
El terrorismo de Estado mata muchas más personas al mes que las acciones de corte violento de las oposiciones en el mundo en un año; el terrorismo de Estado es el enemigo de los pueblos y el narcotráfico, normalmente, solapado por los gobiernos mundiales es en realidad una de las tantas formas del terrorismo que el Estado promueve y necesita.
Colombia no es una excepción, en Colombia la lucha supuesta contra el narcotráfico no ha hecho más que dejar a los agricultores originarios sin tierra fértil y ha obligando a cientos de miles de campesinos, cada día más pobres, a decidir entre la migración o el narcotráfico y en muchos casos su única opción son las dos juntas.
Ahí es que tendríamos que abrir el debate: ¿Cómo hablar de democracia, de vías pacíficas, donde la pobreza, la ignorancia y el hambre son la regla? ¿Cómo juzgar la violencia de unos que son la consecuencia lógica de la violencia que el sistema privilegia en la práctica? ¿Realmente en México vivimos una situación diferente a la de Colombia? ¿Será que hay que decretar que los estudiantes universitarios no viajen por el mundo si no quieren ser acribillados por los lacayos del imperio? ¿O será que el único turismo que se debe promover es el sexo turismo caribeño autorizado por la Casa Blanca y promovido por los grandes puteros trasnacionales de Cancún a la Republica Dominicana?
¿No será qué la próxima reforma de Fecal para que sea aprobada por el PRIAN y la comparsa perredista (en particular “los Chuchos”) en “el abrevadero de la unión” es la referente a prohibir el libre pensamiento y el libre tránsito, la filiación política, las subjetividades ideológicas, etc., de los estudiantes, los académicos, los trabajadores manuales, los burócratas universitarios… De las universidades públicas, claro.
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