Abono para la especulación II

Carlos Fernández-Vega

Cachorros zarandeados

A mediados de 1989, Carlos Salinas de Gortari puso en circulación los Bonos de la Tesorería de la Federación, Tesobonos, a disposición, decía, del “público ahorrador en general”. Se trataba de valores gubernamentales, cotizados en dólares y pagaderos en pesos, con interés garantizado más el diferencial del tipo de cambio entre la fecha de compra y la de amortización. Como en el caso de los Petrobonos y los Cetes, estos nuevos títulos quedaron en pocas manos.

El resultado de los Tesobonos no rompió expectativa alguna, hasta que a mediados de noviembre de 1994 –unas semanas antes de la estrepitosa devaluación por los “errores de diciembre”– se convirtieron en pieza de colección. Más allá de su agudo olfato, algún amigo informó a los principales especuladores financieros y bursátiles lo que estaba a punto de suceder: el fin de la ilusión primer mundista machaconamente difundida por el salinato y el derrumbe económico-financiero del país.

Dos semanas antes del desplome de la moneda nacional (21 de diciembre de 1994), cinco casas de bolsa pertenecientes a igual número de grupos financieros (constituidos tras la reprivatización bancaria), incrementaron en casi 400 por ciento la adquisición de Tesobonos. Al igual que en el caso de los CAP’s antes de la venta de los bancos, en esta ocasión las más movidas fueron Acciones y Valores, del Grupo Financiero Banamex-Accival (Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú); Inverméxico, del Grupo Financiero de igual nombre (Carlos Gómez y Gómez, uno de los destinatarios del correo electrónico referido en el México SA del 17 de abril); Operadora de Bolsa, del Grupo Financiero Obsa-Serfin (Adrián Sada); Probursa, del Grupo Financiero Mercantil-Probursa (José Madariaga Lomelín, en ese entonces presidente de los banqueros), y Mexin, del Grupo Financiero Mexival-Banpaís (Angel Isidoro Rodríguez, El Divino).

La crisis estalló en la cara de millones de desamparados mexicanos, pero los especuladores financieros y bursátiles, no sin la contribución de sus amigos en el gobierno, ya habían tomado sus precauciones: con el grueso de los Tesobonos en sus alforjas, presionaron y obtuvieron de la administración Zedillo que esos valores les fueran pagados en dólares y no en pesos, como lo estableció el decreto presidencial (junio de 1989) para su emisión y circulación. Así, parte de la deuda interna –contratada en pesos para ser pagada en pesos, a un tipo de cambio de 3.4 pesos por dólar– simple y sencillamente se dolarizó (a un tipo de cambio de 7.63 pesos por billete verde en febrero de 1996) para favorecer a ese grupúsculo de especuladores, más los extranjeros, con muy buenos amigos en las más altas esferas del poder.

En menos de 14 meses, el gobierno zedillista amortizó, en dólares, el saldo total de Tesobonos en circulación: alrededor de 30 mil millones de billetes verdes (que legalmente debieron pagarse en pesos, al igual que los intereses por ellos generados y el diferencial en el tipo de cambio), y buena parte de ellos ingresaron a las alforjas del selecto grupo de especuladores bursátiles y financieros. Según información proporcionada por el propio ex inquilino de Los Pinos, estos valores representaron 43 por ciento del “costo de la crisis en 1995”, es decir, 30 mil de los 70 mil millones por él reconocidos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 1993 los Tesobonos representaban entre 5 y 6 por ciento de la deuda interna total del gobierno federal: al finalizar 1994, más de 50 por ciento. Para justificar el beneficio a los especuladores, la dependencia aseguró que “lo único que se hizo fue cambiar deuda interna por deuda externa” (Tesobonos en pesos por Tesobonos en dólares), pero lo hizo sin autorización del Congreso.

A pesar de ello, los Tesobonos representaron el entremés de lo que ya se cocinaba: el “rescate” bancario, por medio del Fobaproa y sus 120 mil millones de dólares (también sin autorización del Congreso), que los mexicanos no terminan de pagar. Entre los beneficiarios, reiteradamente aparecen los nombres de los especuladores financieros y bursátiles que gozaron de los subsidios cambiarios del Ficorca, de la “devolución” de empresas no bancarias asociadas a las instituciones estatizadas, de los bonos de indemnización bancaria, de los certificados de aportación patrimonial, de la reprivatización de los bancos, de los Tesobonos y de la impunidad que el gerente en turno de Los Pinos les brindó, les brinda.

A lo anterior agréguese los impuestos “diferidos” (causados pero nunca entregados), los voluminosos créditos fiscales que no amortizan, las exenciones y regímenes tributarios especiales y tantas otras gracias que, por falta de espacio, escapan de este breve recuento de cómo las finanzas nacionales han sido puestas al servicio de un minoría rapaz y sin llenadera.

Viene el festín del petróleo; los llamados “bonos petroleros ciudadanos” serían el más fresco entremés de lo que el gerente en turno pretende ponerles en charola de plata. Los manjares vienen enseguida.

Por cierto, los especuladores bursátiles organizados (Bolsa Mexicana de Valores y las casas de bolsa) juran que “el sector financiero del país no recibió de parte del gobierno de la República ninguna información material sobre el contenido de la reforma energética” antes de que el inquilino de Los Pinos “la presentara a la nación”, es decir, el pasado 8 de abril.

Bien, no iban a decir que sí, pero sólo para ubicar va una declaración de Guillermo Prieto Treviño, presidente de la BMV, el 2 de abril de 2008 (seis días antes de que el inquilino de Los Pinos entregara su iniciativa al Congreso): “el mercado de capitales está listo para operar títulos de Pemex… La reforma energética es un objetivo en la bolsa y el sector financiero” (La Jornada, Antonio Castellanos, 2 de abril de 2008). Y los especuladores ya tienen las alforjas.

Las rebanadas del pastel

Si de especuladores y tráfico de influencias se trata, allí están los cachorros de Martita Sahagún, a quienes el IFAI les propinó una buena zarandeada al ordenar a la PGR entregar copia de la indagatoria ministerial en su contra.