La crisis institucional

Luis Javier Garrido

El proyecto de contrarreforma petrolera constituye una exigencia de Felipe Calderón al Congreso para que apruebe una seudo legislación secundaria abiertamente violatoria de la Constitución, que le permita al gobierno de facto abrir vías metalegales para que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de la industria petrolera mexicana, y de paso las mafias salinista y calderonista puedan hacer el negocio del siglo empobreciendo sin límites a la nación, todo ello bajo el supuesto de que no puede haber una respuesta del pueblo mexicano. Las cosas no le han resultado, sin embargo, tan fáciles.

1. La grave crisis institucional que se ha abierto en el país por esa intentona del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón de entregar el petróleo mexicano a diversas empresas extranjeras luego de cambios seudo legales implementados fast track por el Poder Legislativo –y que con justicia ha sido calificada de golpista, pues busca destruir la esencia de la Constitución mexicana, llevando al pueblo mexicano a un desastre económico inimaginable–, se ha agravado por la intransigencia panista a abrir un amplio y sereno debate nacional y amenaza ya al futuro del propio régimen de facto sin que sus responsables parezcan darse cuenta de ello.

2. El gobierno espurio, teniendo como su principal operador al corrupto traficante de influencias extranjero Juan Camilo Mouriño –quien a pesar de las evidencias de los actos ilegales que ha cometido para enriquecerse desde el poder con contratos en materia energética sigue en el cargo de secretario de Gobernación–, creyó que le bastaba con efectuar una serie de acuerdos a espaldas del país para luego poder recurrir tanto a los viejos mecanismos de corrupción, a fin de subordinar a los legisladores indecisos, como a una vasta campaña fascistoide de desinformación, para confundir a los mexicanos, pero no le están saliendo las cosas.

3. El pueblo mexicano, agraviado como nunca por las mentiras de Felipe Calderón, quien pretende tratarlo como ignorante al anunciarle beneficios sin límites y ofrecerle unos bonos que son indignidad, pues buscan encubrir la venta del principal recurso estratégico del país, está reaccionando en toda la República y manifestándose en el Movimiento en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de actos de resistencia civil pacífica que están evidenciando la falta de representatividad y de legitimidad de las actuales instituciones pervertidas por los panistas.

4. El paquete de contrarreformas legales en materia petrolera que el gobierno de facto hizo llegar al Senado de la República es una vergüenza para México, pues supone no nada más “algunas medidas privatizadoras”, como pretenden quienes le hacen de comparsas al gobierno. Es una trampa para desmantelar por la vía de los hechos la Constitución mexicana y terminar con el principio sustentado en los artículos 27 y 28 que determina la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros nacionales, pues busca entregar por completo a las multinacionales la exploración, la explotación del petróleo, así como la petroquímica y la transportación a las multinacionales. Implica no únicamente un aceleramiento del proceso de privatización de la empresa estatal Pemex, que es patrimonio de los mexicanos, sino la creación de una industria petrolera privada paralela que se adueñe de ese sector estratégico del país.

5. La indigna propuesta constituye no una supuesta serie de cambios a la organización de Pemex, como se pretende, sino un trastocamiento del marco constitucional derivado de la Revolución Mexicana, al cambiar leyes secundarias para terminar con el principio de la soberanía nacional y modificar la naturaleza del Estado, cancelando lo que queda del proyecto nacional y conduciendo a un empobrecimiento sin límites del país, que empezaría a perder su principal fuente de recursos al imponerse ya sin límites el depredador modelo neoliberal, y está siendo entendida, por lo mismo, como un acto de traición a la patria.

6. Una reforma legal debe entenderse en función de sus objetivos fundamentales, y ésta que busca pasar ilegalmente por sobre los principios centrales de la Constitución Mexicana, y que lleva incluso a pretender entregar el control estratégico del Golfo de México a las trasnacionales, tornando a México en un objetivo militar para Washington, no deja lugar a dudas: busca abrir la vía para llegar a un completo desmantelamiento del Estado mexicano.

7. La movilización social ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos secretos entre Carlos Salinas de Gortari, quien actúa en nombre del priísmo, y el gobierno panista de facto, para entregar la industria petrolera mexicana a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation y a la Repsol-YPF, conforme lo reclama la agonizante administración Bush, pero también ha evidenciado la existencia de importantes resistencias a este acto de lesa traición a la patria en el interior del PRI, de la propia burocracia política, de los trabajadores petroleros del país que contribuyeron a edificar esta empresa y de las fuerzas armadas, a las que Calderón ha envilecido y desprestigiado como en pocos momentos de nuestra historia.

8. ¿A quien creerá entonces el gobierno de facto que puede engañar con su torpe campaña de embustes e insultos en los medios?

9. La crisis institucional abierta por el violento intento de atraco del gobierno espurio de Calderón al pretender entregar a las trasnacionales el patrimonio de la nación tras un debate simulado, podría empezar a tener, sin embargo, una salida de aceptar el binomio PAN-PRI un verdadero debate nacional, amplio y sin prisas, en los términos que le han planteado los legisladores de la oposición; de acordarse modificar la Constitución para que en lo sucesivo las grandes reformas sean hechas vía referendo, como propuso el FAP el día 16; y terminando con la onerosa campaña de desinformación y de odio de Calderón en los medios, que sólo evidencia su desesperación y su falta de respaldo social.

10. La indignación nacional es ya muy grande y este intento depredador está concitando una movilización popular en defensa de la nación y en contra del gobierno entreguista que no tiene precedentes, y que debería ser entendida por las mafias en el poder.