martes, abril 01, 2008

Con Fox, el CAPFCE toleró daños a la hacienda pública

Enrique Méndez

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el equipamiento de la biblioteca José Vasconcelos el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) aceptó la entrega de mobiliario hasta con 10 meses de retraso, lo cual propició un incremento en el costo de esos bienes.

Inclusive, algunos contratos fueron posteriores al 16 de mayo de 2006, fecha en que se inauguró el inmueble. También resaltó en su informe de resultados de la cuenta pública 2006 que no se permitió la entrada a los auditores con el argumento de que la biblioteca había sido cerrada por la inundación del 23 de abril de ese año, a pesar de que la clausura temporal se ordenó el 27 de marzo por recomendación de la Secretaría de la Función Pública.

Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, aseveró que la negativa a permitir la revisión física del edificio podría constituir un delito, con base en el párrafo segundo del artículo 247 del Código Penal, porque los funcionarios del CAPFCE mintieron a la ASF.

En el documento, en el rubro de educación pública se detallan todas las irregularidades encontradas en las áreas de construcción y equipamiento de la megabiblioteca en el último tramo del gobierno de Vicente Fox, específicamente en lo que se refiere a incumplimiento de contratos por proveedores y empresas a las que se adjudicó parte de la obra.

Recursos ejercidos

El órgano fiscalizador informó que dicho comité ejerció 287 millones de pesos para la edificación de la biblioteca en 2006, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 32 millones 400 mil pesos para equipamiento.

En el primer rubro, los auditores revisaron seis contratos. El referente a construcción de taludes en obra exterior de la biblioteca se adjudicó a la empresa Mexicana de Preesfuerzo, a la cual se concedieron tres convenios modificatorios, debido a que no pudo cumplir la entrega de trabajos en julio de 2005, sino que lo hizo en septiembre de 2006, lo cual elevó el costo de 25 millones 450 mil pesos a 33 millones 218 mil.

También se revisó el convenio con la empresa Exsol Ingeniería, a la que también se concedieron tres contratos modificatorios, debido a que terminó la instalación eléctrica y la iluminación de la zona A en octubre de 2006 y no en diciembre de 2005, como se había pactado. Esa demora también implicó que se incrementara el precio, de 29 millones 952 mil pesos a 34 millones 603 mil.

En el tercer caso, respecto del contrato con la empresa Javac Construcciones para la edificación de la estructura metálica en escaleras, barandales y cubo del edificio, también hubo retraso de 10 meses y se le concedieron cuatro pactos modificatorios. En este asunto el precio de esas labores pasó de 16 millones 323 mil pesos a 38 millones 959 mil.

De igual forma, la remodelación del invernadero, que se adjudicó a Rohm Construcciones, se aplazó seis meses. El precio pasó de 20 millones 914 mil pesos a 25 millones 820 mil. Asimismo, para la instalación del circuito cerrado, a cargo de Lagüera Construcciones, la demora fue de 10 meses. Se le otorgaron dos pactos modificatorios, lo cual implicó que aumentara el precio de 21 millones 586 mil pesos a 26 millones 983 mil.

Situación similar se dio con la construcción de la subestación eléctrica y el tendido del cableado eléctrico, adjudicado a Mundial Instalaciones Avanzadas, firma a la que también se otorgaron dos convenios modificatorios. El costo de los trabajos pasaron de 14 millones 395 mil pesos a 15 millones 889 mil.

El legislador del PRD refirió que lo mismo ocurrió con la compra de los sistemas para el registro de visitantes, el buzón automatizado de devolución de materiales, el equipo de seguridad, el control de credenciales y el mobiliario para el edificio administrativo y librería, así como con luminarias, mesas de lectura y sillas.

Resaltó que los cuatro contratos para la adquisición de guardarropas, libreros, módulos y barras de información, mesas de consulta, cestos de basura, estantes, libreros, carros transportadores de libros, gavetas metálicas y gabinetes, que se firmaron entre el 27 de abril y el 13 de octubre de 2006, cuando el edificio ya había sido inaugurado, comprueban que el ex presidente tenía prisa por aparentar que la obra estaba concluida.

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