Ecuador demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia

Reuters, Afp y Dpa

Quito, 31 de marzo. Ecuador demandó hoy a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones que el gobierno colombiano realiza desde hace siete años en la zona fronteriza, que han causado daños a la salud de ecuatorianos y al medio ambiente regional, lo que contradice la versión de Bogotá en el sentido de que los herbicidas son inocuos.

La ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, dio a conocer que la demanda fue presentada en el tribunal con sede en la ciudad holandesa de La Haya, y que la querella el Estado ecuatoriano reclama indemnizaciones “por cualquier pérdida o daño causado por sus actos contrarios al derecho internacional, a saber, el uso de herbicidas, incluso por medio de aspersiones aéreas”.

“Las aspersiones llevadas a cabo por Colombia constituyen una grave violación de la soberanía de Ecuador y los principios más básicos del derecho internacional”, dijo Salvador.

Quito exigió ante la justicia internacional que Bogotá detenga completamente las fumigaciones contra cultivos de hoja de coca en la región limítrofe de unos 700 kilómetros que cruzan la selva, la cordillera de los Andes y las llanuras de la costa del Pacífico. La zona serrana es la más afectada porque esa ahí donde la altitud genera el ambiente propicio para el cultivo de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

La demanda revivió un viejo conflicto por las presuntas secuelas que enfrentan pobladores fronterizos de Ecuador por las aspersiones con químicos que realiza Bogotá con apoyo de Washington, en el contexto del Plan Colombia, para destruir sembradíos de hoja de coca.

Ecuador y Colombia habían acordado la suspensión de estas aspersiones en una franja de 10 kilómetros a partir del límite fronterizo y remplazarlas con erradicaciones manuales, pero Quito siempre insistió en los efectos nocivos de los productos.

Desde su campaña proselitista en 2006, el presidente Rafael Correa denunció las consecuencias en territorio ecuatoriano del uso de herbicidas y tras asumir el poder a principios de 2007 anunció que emprendería acciones legales para detener las fumigaciones.

Por la noche, el gobierno del presidente Álvaro Uribe respondió en un comunicado que “rechaza la demanda presentada por el gobierno de Ecuador” y aseguró que “Colombia siempre adelantó las aspersiones aéreas con base en los protocolos internacionales que tienen en cuenta la altura de los vuelos, la velocidad y dirección de los vientos, así como el efecto deriva, entre otros aspectos, respetando siempre la soberanía ecuatoriana sobre su territorio”.

Las relaciones entre los dos países se han tensado en el último mes después de que las fuerzas militares colombianas bombardearon una campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ubicado mil 800 metros dentro del territorio ecuatoriano, en la región selvática de la provincia de Sucumbíos.

Este lunes, horas después de que la canciller ecuatoriana informó de la demanda ante La Haya, Colombia aseguró que un helicóptero militar ecuatoriano tipo Gazella (matrícula 316) violó espacio aéreo colombiano y dijo que aunque lo interceptó y le pidió dirigirse al aeropuerto de la ciudad de Tumaco, departamento suroccidental de Nariño, la tripulación de la aeronave de Ecuador hizo una maniobra evasiva y regresó a su país.

En un comunicado oficial, el gobierno colombiano no precisó el punto de la intercepción del helicóptero ecuatoriano ni especificó qué tanto había penetrado la nave en el espacio aéreo de Colombia, aunque señaló que los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 11 de la mañana.

El gobierno ecuatoriano, que hasta el cierre de esta edición no había reaccionado a la información sobre el incidente aéreo, informó haber recibido copias fotostáticas de documentos contenidos en una computadora que supuestamente fue tomada por policía y militares colombianos durante la incursión del primero de marzo en Sucumbíos.

Colombia ha señalado que el aparato pertenecía al comandante guerrillero Raúl Reyes, muerto en el ataque al campamento de las FARC, que este lunes difundió un comunicado fechado el 20 de marzo en el que señaló que “a las 00:25 de ese primero de marzo un misil impactó con estruendo en el corazón del campamento dormido. No se escucharon aviones ni helicópteros. El misil había sido disparado por los gringos desde la base aérea de Tres esquinas, en (el departamento de) Caquetá. De sur a norte entraron las tropas terrestres que fueron avistadas en el área desde el 26 de febrero”.

El fin de semana, el gobierno colombiano envió al de Venezuela información sobre la computadora de Reyes, pero este lunes el ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, desestimó la veracidad de los documentos, puesto que la policía colombiana tuvo la computadora “durante varios días (y) con toda la tecnología de punta, quién puede creer en esas pruebas?”

Desde el primero de marzo el gobierno de Álvaro Uribe ha divulgado distintas informaciones que supuestamente estaban en el procesador de Reyes y en las cuales hay supuestas evidencias de que funcionarios de Colombia y Venezuela han colaborado con las FARC, incluido el presidente Hugo Chávez. Bogotá se ha visto obligada a rectificar datos que surgieron de los archivos electrónicos del dirigente guerrillero.

En tanto, en Colombia continúan las versiones en medios de información de ese país sobre testimonios de habitantes del departamento de San José del Guaviare sobre Ingrid Betancourt, la política secuestrada por las FARC hace seis años.