Legisladores del FAP convocarán a un amplio debate nacional sobre el petróleo

Acuerdo de PRD, PT y Convergencia, luego de un encuentro con López Obrador

Censuran que se quiera facilitar administrativamente la entrega de contratos a particulares

Enrique Méndez y Víctor Ballinas

El Frente Amplio Progresista (FAP) acordó anoche, en reunión con Andrés Manuel López Obrador, presentar en las sesiones ordinarias de hoy en las cámaras de Senadores y de Diputados un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión convoque “a un amplio debate nacional sobre el futuro de la industria petrolera”.

Además, censuró que ante el fracaso del proyecto gubernamental para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) se quiera recurrir a una reforma administrativa para facilitar la entrega de contratos a particulares, cuya iniciativa pretende presentar este miércoles el Partido Acción Nacional (PAN), dijo el senador Ricardo Monreal.

Por ello, el FAP se reunirá hoy por la tarde y, en caso de que el proyecto sea enviado a alguna de las dos cámaras, decidirá si se inician las acciones de resistencia civil y el paro legislativo. Durante el encuentro de ayer se informó que se han constituido 50 brigadas en defensa del petróleo, cada una de 500 personas.

Al salir del cónclave, el senador Monreal declaró que el diagnóstico presentado el domingo pasado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, no sólo es “incompleto, catastrofista y alarmante”, sino “mañoso y errático”, porque elude nombrar a los responsables de la crisis que vive la paraestatal.

En ese sentido, dijo que dentro del debate se exigirá iniciar una investigación profunda para esclarecer el saqueo a la petrolera, y que se explique el deterioro en sus finanzas a partir de 2000, del que también participaron Felipe Calderón, como secretario de Energía, y Juan Camilo Mouriño, como asesor y subsecretario.

Además, el punto de acuerdo que se presentará hoy defiende que Pemex “es una empresa pública, vital y estratégica”, y sostiene que “está en juego optar entre un modelo de empresa pública, que preserve lo que es de los mexicanos, o un modelo privatizador que sólo llevará a la expoliación y a socavar el patrimonio que le queda al pueblo de México para salir adelante”.

En el debate, sugiere que participen especialistas de la UNAM, del IPN, así como de otras instituciones públicas de educación superior, intelectuales y técnicos especialistas en temas de petróleo, trabajadores jubilados y en activo, investigadores independientes, así como organizaciones sociales.

La discusión, se propondrá hoy, podría darse “ante toda la nación, utilizando los tiempos oficiales del Estado en los medios de comunicación electrónicos, con posiciones en favor y en contra, como ocurre en todas las democracias consolidadas”.

Por la mañana, los seis coordinadores del Frente Amplio Progresista en ambas cámaras también exigieron que de manera inmediata el gobierno de Calderón Hinojosa retire los espots de radio y televisión con la campaña sobre yacimientos petroleros en aguas profundas, donde “yace el tesoro de México”, por ser manipuladores.

En conferencia de prensa, respondieron a la presentación del diagnóstico sobre Pemex y resaltaron su rechazo “a la privatización en cualquiera de sus modalidades”. El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Javier González Garza, leyó el posicionamiento, que tiene el respaldo de Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD; Alejandro González Yáñez y Ricardo Cantú, coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados por el Partido del Trabajo, así como los de Convergencia, Dante Delgado y Alejandro Chanona. Los acompañó Ricardo Monreal.

González Garza subrayó que en el diagnóstico “no aparecen cuestiones tan importantes como los errores administrativos y fraudes cometidos contra Pemex, el impacto de la corrupción, el lastre de la actuación de la dirigencia sindical, ni señala a responsable alguno del estado de crisis que tiene la empresa”.

Que quede claro, advirtió: el FAP se opone “a la privatización de la industria energética en cualquiera de sus modalidades, ya sea mediante el mecanismo de asociación con otras empresas de participación de capital privado en refinación, exploración, perforación y ductos, o a través de una reorganización administrativa de Pemex. Bajo esta modalidad se pretende crear instancias para ampliar los contratos de riesgo u otorgar facultades ilimitadas a un nuevo consejo de administración que oculte la pretensión de hacer negocios privados con una empresa pública”.

Definió que ante el diagnóstico del gobierno sobre la situación de Pemex es necesario abrir un debate nacional, pues “sería inaceptable que se presentara una propuesta legislativa formal sin un amplio debate de todos los miembros de la sociedad como precondición”.

Ratificó la posición de rechazo a cualquier pretensión de albazo legislativo antes de la discusión pública; refrendó el apoyo y compromiso de los legisladores con la resistencia civil pacífica y subrayó la decisión de los seis grupos parlamentarios del FAP de impedir cualquier pretensión de privatizar Pemex.

También manifestó que comparte la opinión del grupo de intelectuales que ha expresado la necesidad de un debate sobre el petróleo.