Editorial
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, presentó ayer su programa de política social llamado Vivir Mejor, inspirado, a decir de las propias autoridades federales, en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) elaborado y puesto en marcha por la administración de Carlos Salinas de Gortari. Durante el acto de presentación, el político michoacano afirmó que Vivir Mejor busca erradicar la pobreza extrema mediante el ataque de “las verdaderas causas, no sólo sus efectos”.
En un país como el nuestro, que acusa severos y exasperantes rezagos sociales, siempre será necesaria la formulación y articulación de estrategias orientadas a combatirlos, pero ninguna política social irá más allá de un mero paliativo si se deja intocado el modelo económico que genera miseria, desigualdad y marginación.
Desde el salinato, los sucesivos gobiernos federales han procurado remendar con una mano los destrozos que causan con la otra. Pero el reparto de despensas, cobijas y bultos de cemento, la promoción de microempresas y la creación de obras de infraestructura no bastan para contrarrestar los efectos devastadores de la contención salarial, el “adelgazamiento del Estado” –que hoy se presenta como una propuesta para “fortalecer” a Pemex y que pretende, en realidad, la privatización de la industria petrolera–, las medidas antinflacionarias de consecuencias recesivas, la apertura indiscriminada y hasta entreguista de los mercados nacionales, la liberación de precios, el desmantelamiento de instituciones estatales orientadas a la redistribución de la riqueza, las concesiones sin límite a los capitales financieros locales y foráneos con el supuesto propósito de “alentar la inversión extranjera”, la voraz privatización –ilegal o legalizada– de los bienes públicos, el manejo clasista de una política fiscal que se ensaña contra los que menos tienen, el saqueo tolerado y hasta propiciado de los recursos naturales.
Tales prácticas, que reciben en conjunto el nombre de neoliberalismo, multiplican el número de pobres, cancelan la movilidad social, propician la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y generan, por añadidura, una irritación social que resulta más peligrosa mientras más se empeña el grupo gobernante en ignorarla.
En tal circunstancia, los mecanismos de política social, de 1988 a la fecha, constituyen meros actos de simulación, en el mejor de los casos, cuando no instrumentos de control electoral de los gobiernos en turno. Así ocurrió con el Pronasol, utilizado con fines propagandísticos, electorales y de control corporativo, en tanto que, durante el foxismo, se utilizó a la Secretaría de Desarrollo Social y sus programas como plataforma político-electoral del partido en el poder, como lo evidenció el uso indebido del padrón de esa dependencia por parte de Acción Nacional con fines de proselitismo para la campaña presidencial del propio Calderón en 2006.
Hoy día, por lo demás, la aplicación de una política de desarrollo social resulta necesariamente incierta, si se considera que desde inicios del foxismo el gobierno adulteró los registros y redefinió los criterios de medición de la pobreza, como lo han demostrado investigadores y académicos, a fin de presentar resultados exitosos y hasta espectaculares en el combate a los rezagos sociales.
Para empezar con buen pie el combate a la pobreza bastaría con que el gobierno se propusiera observar los principios constitucionales que consagran el derecho de los mexicanos a un salario mínimo suficiente para satisfacer sus necesidades (artículo 123); a la salud y la vivienda digna (artículo 4), y a la educación (artículo 3). Para ello, sería necesario imprimir un viraje a la política económica a fin de orientarla al bienestar de los mexicanos y al respeto de los derechos de la población, y no al beneficio de los capitales financieros y a la satisfacción de los apetitos de acumulación del grupo en el poder. En tanto eso no suceda, parece improbable que las acciones oficiales de política social vayan más allá de la demagogia y el populismo.
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