El Justo Reclamo

Tercera llamada

Graciela Rodríguez Manzo

Los que litigamos derechos humanos lo hacemos confiando en que encontraremos la efectiva protección de éstos dentro de las fronteras de nuestro país. Pero, al parecer, esta vez los argumentos jurídicos presentados no bastaron para convencer a nuestras autoridades de que el acceso a las boletas electorales constituye un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado: el derecho a la información.Por ello, y en aras del principio que rige para todo litigante consistente en que la batalla se lleva siempre hasta el final, es que decidimos buscar la protección de este derecho en otra instancia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Así, el jueves 24 de abril presentamos ante dicha Comisión una denuncia en contra del Estado mexicano por la negativa del Instituto Federal Electoral, confirmada el pasado 11 de marzo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conceder al director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, el acceso a las boletas electorales presidenciales de 2006.La denuncia fue acompañada de una solicitud de medidas cautelares que buscan evitar la anunciada destrucción de dichas boletas y, con ella, que se cause un daño irreparable al derecho a la información de Rafael Rodríguez Castañeda, en tanto la Comisión Interamericana decide si se actualizó una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de México.En concreto, lo que se persigue en esta etapa es, primero, que no se destruyan las boletas; segundo, un pronunciamiento de la CIDH en el sentido de que negar el acceso a las boletas electorales y su destrucción constituyen una restricción excesiva del derecho a la información y, por lo tanto, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana; tercero, que México garantice un recurso efectivo para combatir este tipo de decisiones que vulneran el derecho a la información y, por último, que el Estado mexicano adopte las medidas que sean necesarias para garantizar que en el futuro se permita el acceso a estas boletas, como se hace con cualquier otro tipo de información de carácter público.Pero lo anterior constituye el fondo del asunto. Por lo pronto, lo que podemos esperar en el corto plazo es que la CIDH recomiende al Estado mexicano conservar las boletas electorales presidenciales de 2006 y, posteriormente, decida si admite a trámite esta denuncia.Ignoro si la Comisión Interamericana está consciente de las repercusiones que pueda tener el estudio de este caso para México y para el sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que sí. Y lo puedo intuir del aparente consenso expresado por representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, incluido México; por expertos en el sistema interamericano, y por integrantes de la misma CIDH, en una reciente reunión informal de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de aquella organización sobre el papel fundamental que el sistema interamericano puede y debe desempeñar para contribuir a la democracia en la región.Qué mejor oportunidad para favorecer la consolidación de la democracia en México y en la región que reconociendo la existencia y garantizando la protección del derecho de acceso a las boletas electorales, a la luz de la Convención Americana. Más, si se tiene en cuenta que dicho reconocimiento lejos de repercutir en el resultado oficial de las elecciones de 2006 garantiza el derecho a saber de los gobernados y, con éste, un efectivo control democrático y una fortalecida participación de las personas en los asuntos públicos del país.Ojalá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se atreva a atender esta tercera llamada por la democracia en México. l