CCIODH: “Extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México
Reprueba la impunidad y la represión de los movimientos sociales
lourdes godínez leal
* Reprueba la impunidad; la represión de los movimientos sociales se ha convertido en política de Estado, afirma
lourdes godínez leal
* Reprueba la impunidad; la represión de los movimientos sociales se ha convertido en política de Estado, afirma
México, D.F., 22 de mayo (apro-cimac).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México, debido a la impunidad y la falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de violar las garantías fundamentales en los casos de San Salvador Atenco, Oaxaca y Chiapas. Al dar a conocer el informe de su visita a México en febrero pasado, el organismo internacional sostuvo que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura siguen siendo una práctica del gobierno actual, y comparó dicha situación con la “guerra sucia” de la década de los años setenta.Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión que surgió en 1997, a raíz de los acontecimientos de Acteal, Chiapas, reconoció que pese a que ha habido “avances”, como la excarcelación de los presos de San Salvador Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas han sido insuficientes.Para el activista, el hecho de que no haya procesados por las 26 violaciones sexuales cometidas por las fuerzas del orden contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo del 2006, y tampoco se hayan castigado a los responsables de los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano con los derechos humanos.“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, afirmó.Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos en España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio en Ciudad Juárez.Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.Sobre el alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas, las cuales no han sido consideradas por el gobierno federal.El sexto informe de la CCIODH será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca y México.En su informe, la CCIODH responsabiliza al presidente Felipe Calderón de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de respuestas concretas, y lamenta que no haya “avances sustanciales” en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco.Durante 2007, agrega la CCIODH, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia. Como en informes anteriores, reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.En sus recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.Y exige la reparación de los daños moral y emocional de las personas afectadas por esos sucesos.
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