Dependencia alimentaria, gobierno indolente

Editorial

Ante el alza sostenida en los precios internacionales de productos agrícolas básicos, el gobierno federal exhibe una lamentable falta de rumbo, de sensibilidad social y de compromiso con la población para hacer frente, en forma efectiva y pertinente, a esa situación que constituye un factor de riesgo y vulnerabilidad para la nación en su conjunto.

De acuerdo con cifras oficiales, el costo por la importación de alimentos en México durante el primer trimestre del presente año ascendió a 5 mil 44.9 millones de dólares, 31. 4 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. A fin de ponderar el dato, baste señalar que ese monto prácticamente equivale al ingreso de divisas por remesas, que fue de 5 mil 350 millones de dólares en los primeros tres meses de 2008. Para colmo, la creciente dependencia alimentaria con respecto a otros países se ha traducido en una carestía palpable y creciente, que afecta en mayor medida a los sectores más desprotegidos de la población, que son los que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos.

Estos elementos debieran ser motivo de alarma y acción oportuna para las autoridades de un país que, como el nuestro, acusa severos rezagos sociales. El gobierno federal, sin embargo, ha asumido una actitud errática e inconsecuente, que refleja una profunda indolencia. El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas, afirmó que ve en los altos costos internacionales de los productos agrícolas “una gran oportunidad para el campo mexicano”, lo cual pudiera ser cierto de no ser por el profundo abandono que padecen desde hace años los entornos rurales como consecuencia del modelo económico adoptado por esta y las pasadas administraciones. En rigor, quienes pudieran beneficiarse con los altos precios agrícolas son apenas un puñado de grandes agroexportadores, esos sí favorecidos por el actual modelo económico y apoyados fiscalmente por los gobiernos recientes.

De su lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó aplicar subsidios al agro para paliar la situación actual; por el contrario, instó a los campesinos a aprovecharla para “capitalizarse”, con lo que renunció a la posibilidad de ayudar en alguna medida a la población más necesitada y refrendó su compromiso con el ideario neoliberal de reducir el Estado en su tamaño y capacidades.

Significativamente, y contra lo que un día antes había sostenido el titular de Hacienda, Agustín Carstens, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que en el primer cuatrimestre de 2008 ingresaron por concepto de exportaciones de petróleo 15 mil 404 millones de dólares, cantidad sin precedente en la historia de la paraestatal. La existencia de esas ganancias cobra relevancia no sólo porque desbarata los intentos del gobierno de presentar a Pemex –con miras a su privatización– como una empresa financieramente inviable, sino porque pone de manifiesto que, bien administrados, el país puede disponer de recursos suficientes para financiar los programas necesarios para frenar o reducir la enorme dependencia que tiene de los alimentos que se producen en el exterior, y aprovechar en efecto la “gran oportunidad” de la que habla el titular de la Sagarpa.

Este panorama hace inevitable cuestionarse la conveniencia y viabilidad del rumbo por el cual ha decidido transitar la presente administración, que es el mismo por el cual se encaminaron sus antecesoras: una vía que hace vulnerable al país ante situaciones como la actual, originada principalmente por factores exógenos, y cuyos resultados, como puede verse, merman severamente el bienestar de sus habitantes.