José Francisco Gallardo Rodríguez
Respetuosamente a la doctora Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH.
El 26 de marzo pasado nos enteramos por enésima vez de los abusos cometidos por el Ejército en contra de la población civil en la supuesta “lucha contra el narcotráfico”, ahora se trata del asesinato de cuatro jóvenes y algunos más heridos que se dirigían a bordo de un vehículo tipo Hummer con destino a una fiesta en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros; después los militares intentaron disfrazar el crimen como un enfrentamiento donde resultaron muertos dos elementos de tropa.
De este hecho tomó conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue turnado al autonombrado ombudsman (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), los primeros peritajes arrojan que los soldados fueron muertos por la espalda con proyectiles de alto poder, el organismo añadió que en el lugar únicamente se encontraron casquillos calibre 7.62 mm, que corresponden a las armas Heckler & Kock G3 de cargo en las unidades de tropa, fabricadas por la industria militar; evidencia en la que se sustenta que la muerte de los cuatro civiles fue producto de una ejecución extrajudicial.
Por mi experiencia, este acontecimiento ocurrió, quizá, para encubrir una disputa anterior entre la tropa dentro del vehículo militar donde se dispararon entre ellos (el impacto de los proyectiles aparece de adentro hacia afuera); o simplemente como ocurre cotidianamente en el Ejército, un accidente por impericia en el manejo de las armas provocando la muerte de dos soldados que después se maquilló como un enfrentamiento a iniciativa del oficial a cargo.
Según la información, la CNDH elaboró actas circunstanciadas, recabó fotografías, entrevistó a familiares, testigos y lesionados para integrar el expediente. Una difícil tarea de “reconstrucción de los hechos” ya que el Ejército y la justicia militar, supliendo las funciones del Ministerio Público federal o local, se abocan en todos los casos a borrar las evidencias para falsear los acontecimientos y proteger a los militares de cualquier responsabilidad que les pueda resultar, incluyendo al alto mando.
El propio José Luis Soberanes Fernández declaró que se emitirá una recomendación sobre los abusos cometidos por el Ejército, en el sentido de señalar la violación al derecho a la vida y a la integridad física de los lugareños porque también fueron torturados. Pero el doctor Soberanes tiene una contradicción y ninguna autoridad moral para hacer críticas al mando militar, al haber auspiciado la actuación del Ejército en la lucha anticrimen desde fines de la administración de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón.
Las organizaciones no gubernamentales anticipamos las consecuencias que traería la actuación del Ejército en la llamada “guerra contra el narcotráfico”: una excesiva y escandalosa violación a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones a mujeres, etcétera; pero nadie nos escuchó. Nada más en Michoacán ha habido más de 150 quejas en contra de militares. Ninguna autoridad puede apelar al estado de derecho por asuntos de seguridad, violando el estado de derecho; en un Estado democrático como el que pretendemos establecer en México, la seguridad humana debe sobreponerse a la seguridad del Estado.
El informe de Human Rights Watch (HRW), en meses pasados confirmó los vicios y debilidades de la CNDH. La organización internacional defensora de los derechos humanos, presentó una Evaluación crítica de la CNDH: costosa, ineficiente e inmoral.
En conclusión: La CNDH lejos de ser defensora de los derechos humanos, ha provocado la impunidad y puesto en riesgo a las víctimas que recurren a ella en busca de justicia.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención de los militares responsables de la matanza, pero aquí llegamos a otra parte de lo que provoca la impunidad legalizada en México y por tanto la persistente y sistemática violación a los derechos humanos que Soberanes Fernández hipócritamente dice defender. Quien decide en el Ejército –incluye a la Marina– la culpabilidad o la inocencia de cualquier procesado por delito grave o no, cometido por faltas a la disciplina militar o al orden común o federal, es el secretario de la Defensa en turno, en la actualidad Guillermo Galván Galván, apoyado en el cuerpo de leyes militares que lo facultan para procurar y administrar la justicia militar. Es decir, dos funciones en una sola mano, que socava la división de poderes tutelada en la Constitución.
Así las cosas, el alto mando encallado en los tribunales militares decide el destino de la justicia en México, lo que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, el cual se arroga defender.
Me pregunto, a dónde iremos a llegar, cuando el Ejército cambia impunidad por “lealtad” institucional.
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