El asalto neocolonial a la nación mexicana y las alternativas sociales de desarrollo humano en México

Por Jesús Peraza Menéndez

El análisis de la situación, y la coyuntura que se abrió con el fraude electoral y se profundiza como crisis de estructura con el asalto de la pandilla de Felipe Calderón, sobre los recursos energéticos de la nación, con una resistencia social que va rompiendo con la fragmentación y el aislamiento, precisa redoblar los esfuerzos. La urgencia es por la inaceptable subordinación de la burocracia política a los dictados de los organismos financieros internacionales y las empresas monopólicas planetarias, la desregulación del aparato de propaganda de los centros de poder para imponer su visión como la única posible. Se requiere de una organización política, social autosuficiente, más allá de una federación de microanarquías, una organización que debe construir su propia cultura y su propio Estado, y este construir conlleva extirpar vicios que no dejan florecer una nueva sociedad, con nuevos seres humanos. La capacidad de movilizarse debe superar las concentraciones demostrativas, que ya no conmueven ni inmutan a la derecha que se ha reducido a grupos insignificantes de privilegiados protegidos por ejércitos privados y públicos con armamentos sofisticados y con el control de los aparatos ideológicos (medios electrónicos, escuelas, iglesias). Fue sorprendente la autocrítica de Marcos sobre su protagonismo mediático y su posterior retirada a las profundidades de la selva cuando se ha resarcido un innovador movimiento popular, de vastas dimensiones sociales y territoriales, activo en todo el país, que se empeñó en la práctica en la transición política con AMLO y que sufrió el desencanto de un fraude impuesto por los “grupos fácticos”, que no es sino la élite monopólica de la clase dominante, que se han adjudicado los recursos de poder del Estado y que ahora el monopolio de la fuerza, la burocracia, la clase política, los tribunales, los medios y las institución represivas han quedado a su servicio privado (garantizan la impunidad del fraude electoral de Felipe Calderón, la permanencia de criminales como los gobernadores Mario Marín de Puebla y el dictadorzuelo Ulises Ruiz de Oaxaca, la impunidad del clero pederasta, y ahora, el tribunal electoral que le adjudicó la dirección del PRD a los Chuchos).
La vida pública languidece, los espacios de reflexión pública como los informativos de Carmen Aristegui, Ricardo Rocha, Gutiérrez Vivó o periodistas como las triques de “La voz que rompe el silencio”, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, de Oaxaca, no son hechos aislados sino una estrategia de represión para acallar voces críticas y dejar sólo incondicionales fanáticos extremistas como Ricardo Alemán, Loret de Mola, Javier Alatorre, López Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Pedro Ferriz o moderados seductores, que confunden privatizar con “modernizar Pemex”, son los que siempre le hallan el lado positivo a todo crimen contra la nación, en aras de una modernidad humanamente inexplicable. No sólo han sido censurados con la clausura “legal”, sino que incluso asesinaron a las jóvenes locutoras triques. Así las resistencias sociales han quedado fuera de la absurda civilidad política que se reduce a elegir entre las fracciones de “moderados” y los “radicales” de la clase dominante a escoger el verdugo que sacrifica al pueblo. O entre los negociadores-entreguistas del PRD y los inamovibles seguidores de la que fuera “la otra campaña”, que creen que la crisis se profundizará y las masas irán corriendo a buscar a Marcos para que las redima. Los Chuchos y Marcos coinciden en una lucha por hacer patinar a los seguidores de AMLO, pues para los primeros son un estorbo para la “negociación” de canonjías y privilegios que la política civilizada tributa a sus incondicionales, y los segundos están convencidos de que esta resistencia social antifraude electoral y antiprivatizadora retrasa la crisis que por inercia llevará a un “asenso revolucionario”.
Está claro que no se puede abandonar a su suerte a las Juntas de Buen Gobierno ni a los presos, desaparecidos y los muertos del la APPO y las organizaciones de mujeres, campesinos, maestros que se mantienen en el reflujo haciendo trabajo social y político, pero no se puede dilapidar un movimiento social, político e histórico como el que se opone al gobierno espurio y a la privatización de los recursos petroleros. Esto entraña una convocatoria nacional para establecer un programa de transición política que unifique a los opositores del régimen monopólico privatizador (tal como lo hizo el Ejército Libertador del Sur con su propio programa El Plan de Ayala, al unirse al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero con el Plan de San Luis para derrocar al dictador Porfirio Díaz).
Movimiento que permita marchar juntos y abrir una auténtica discusión política sobre las perspectivas de la nación mexicana, del rescate de la vida pública, del manejo adecuado de los recursos energéticos y naturales, de defensa del patrimonio cultural y de la construcción de un ser humano nuevo para logar una sociedad justa.
La política de Felinillo Calderón, restaurador de la colonia en México, se funda en ese “principio filosófico” de: “haiga sido como haiga sido”, que tiene que ver con su reduccionismo pragmático, del negocio adquirido mediante las instituciones públicas, la modernización pasa por eliminar la nación, la nación moderna será un negocio privado monopólico en el que cabemos los mexicanos. La Cámara de Diputados a cargo de esta controvertida novo izquierdista Ruth Zavaleta, es una institucionalidad que existe al margen de la sociedad a la que regula con sus leyes, ella representa esta suerte de institución sin sociedad, sin pueblo. De hecho el pueblo le parece provocador, arremete contra esta “civilidad de los acuerdos” que sirven para que los privados se hagan dueños de lo público, ser institucional con las necesidades de legitimar un gobierno ilegítimo como el de Felinillo Calderón y de deslegitimar un movimiento legítimo como el de la lucha contra el fraude y la privatización de PEMEX. Pero la Zavaleta reconstruyó su vivienda tras un movimiento de resistencia de los damnificados de los terremotos de 1985, ahí comprendió que las instituciones se renuevan de acuerdo a las necesidades de la sociedad y no las de los intereses privados, que la sociedad gana espacio político cuando se moviliza, no cuando queda a expensas de los particulares intereses de la clase política.
Ella, dice, no está para investigar fraudes, crímenes, desfalcos del erario público sino para “legislar”, lo que representa una fantástica virtualidad, se olvida que las leyes que esa Cámara produce se aplican sobre los ciudadanos y los bienes de la nación: la ley es un instrumento regulador convivencial, no una fábrica de imposiciones antidemocráticas, no está para despojar la voluntad social sino para expresarla en normas convivenciales. La ley no pueden servir para despojar a la nación de sus bienes para entregárselos a intereses privados que se impondrán sobre la soberanía, que significa: la capacidad de autodeterminación de la sociedad mexicana para decidir su destino. Las movilizaciones no son anticonstitucionales sino porque se cumpla la Constitución, el convenio político de la convivencia social mexicana y la perspectiva de futuro en mejores condiciones. La rígida y dogmática interpretación de la institucionalidad y la legalidad de la Zavaleta son de corte conservador, de tal manera que, la ley se aplica sólo cuando beneficia los intereses de la clase dominante, cuando no se omite y se imponen por la fuerza sus intereses. La Zavaleta se vuelve cada vez más una empleada pública para servir a una “institucionalidad privada”, que es anticonstitucional y por supuesto éticamente aberrante, porque sacrifica a la nación frente a los monopolios.
El próximo martes 22, a las 12 del día, en las instalaciones del Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi, el Dr. Enrique Montalvo Ortega hará una exposición sobre los efectos sociales, económicos, políticos, culturales, que produciría la privatización de los recursos petroleros, es una oportunidad para colectivizar la información y hacer una reflexión conjunta sobre las medidas que cada uno debe de tomar para evitar este crimen de lesa humanidad contra la nación mexicana. La invitación es, sobre todo, para las personas que no cuentan con elementos para hacer un juicio certero sobre esta iniciativa privatizadora del gobierno panista, incluidos los propios panistas, sus asesores, ideólogos e investigadores, que bien pueden argumentar para explicar porqué se debe privatizar PEMEX o aceptar que es este un terrible augurio que se cierne sobre la sociedad mexicana.