Rosario Ibarra: Referéndum sobre la privatización petrolera

Regresar la decisión a la sociedad:
REFERENDUM SOBRE LA PRIVATIZAC IÓN PETROLERA.

Con entrañable cariño y profundo respeto para Evo Morales.

Rosario Ibarra.

El debate público sobre el futuro de la industria petrolera en nuestro país se ha iniciado. Es posible ganar con argumentos el debate contra la privatización. Pero tarde o temprano, el problema planteado al inicio del periodo legislativo se volverá a colocar: una mayoría legislativa, ciega ante los argumentos y el interés nacional, puede imponer con su voto su compromiso con el proyecto neoliberal y las compañías extranjeras.

Desde el fraude electoral del 2006 es clara la crisis de las instituciones de representación, no solo al nivel del poder ejecutivo. Los "representantes populares" pueden votar mayoritariamente una ley, alegando su derecho democrático a hacerlo, como en el caso de la
reforma al ISSSTE y desde la sociedad más de 2 millones de personas afectadas por esa reforma interponer amparos contra lo que votaron esos "representantes". Es esta contradicción entre la representación formal de una mayoría parlamentaria y el interés de la mayoría ciudadana que ha llevado a situaciones como la de las tomas de tribunas para evitar una votación contraria a la mayoría que no puede impedirse simplemente con el debate legislativo.

Ahora hay más tiempo para discutir y conocer la iniciativa privatizadora y otras alternativas para la industria petrolera. Pero la decisión final no puede quedar simplemente en el voto mayoritario de los legisladores. Se trata de una decisión trascendental que debería consultarse también a la ciudadanía toda, al pueblo de México.

El pasado 5 de febrero presenté en la tribuna del Senado una iniciativa que va en este sentido. El concepto de decisiones políticas fundamentales, que está reconocido en otros países, y que implica que cada Constitución, reflejando un pacto social histórico, contiene un núcleo central de acuerdos y decisiones que le distinguen. La propuesta que presenté obligaría a definir esas decisiones políticas centrales en el caso de la Constitución mexicana y reconocer que cualquier cambio en esos temas no deberían estar sujetos simplemente al voto de una mayoría parlamentaria circunstancial, sino que, adicionalmente, deberían ser aprobados en un referéndum ciudadano.

Entre los aspectos centrales de nuestro pacto social, obviamente, están los derechos humanos reconocidos como las garantías constitucionales, pero también la soberanía nacional y el dominio de la nación sobre recursos como los energéticos.

Otras naciones, como Venezuela, con Hugo Chávez, han aplicado estas formas de consulta popular para una reforma constitucional. Ahora, con gran valor, audacia y consecuencia democrática, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, propone un referéndum revocatorio que al afirmar el apoyo popular mayoritario al Presidente responda a los intentos secesionistas de la derecha.

En México, estas figuras de consulta popular y democracia directa, como el referéndum y el plebiscito, o la iniciativa popular, no están reconocidos a nivel nacional y mi iniciativa del pasado mes de febrero no ha sido dictaminada y votada. Pero la necesidad de que haya una
consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera es evidente, cuando sabemos que la derecha privatizadora y extranjerizante no escucha argumentos y la única manera de parar la
intentona es regresar nuevamente la decisión a la sociedad; no dejarla en manos solamente de los legisladores. Si tan seguros están de su proyecto que lo sometan al voto popular.

Dicen que no hay tiempo para aprobar una reforma legislativa que reconozca la necesidad del referéndum. Hay que darse el tiempo pues la decisión, lo que está en juego, no es secundario. Se habla ya de un periodo extraordinario para reformas electorales. Pues ahí está la oportunidad de votar el referéndum. Al nivel social y desde entidades como el DF que sí contemplan el referéndum y el plebiscito de todos modos la consulta popular puede hacerse. Pero hay que intentarlo a nivel nacional y lograr que la mayoría del pueblo –y no solamente la
mayoría del Congreso- se pronuncie.