[Carta envíada desde España en apoyo al Movimiento en Defensa del Petróleo]
Carta a compañeros/as de lucha en México:
Los días 11 y 14 de junio Felipe Calderón visitó España. Fue recibido por el Rey y por el presidente del gobierno, y tuvo reuniones con representantes de las grandes empresas (Iberdrola, Repsol, Gas NaturalŠ expertas en participar en el saqueo de los pueblos a través de la privatización de los recursos naturales).
Carta a compañeros/as de lucha en México:
Los días 11 y 14 de junio Felipe Calderón visitó España. Fue recibido por el Rey y por el presidente del gobierno, y tuvo reuniones con representantes de las grandes empresas (Iberdrola, Repsol, Gas NaturalŠ expertas en participar en el saqueo de los pueblos a través de la privatización de los recursos naturales).
En el Foro Nueva Economía, auspiciado por The Wall Street Journal, expuso ante el empresariado las grandes ventajas de invertir en México, sometido a un Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea que ha multiplicado por tres los intercambios entre España y México (el 14% del flujo de capitales externos que acuden a México proviene de España), a una política de estabilidad económica como exige la Unión Europea y con la privatización de Pemex en marcha. Todo un repertorio de argumentos y recetas que en España conocemos bien, con resultados destructivos sobre la economía y los derechos obreros y democráticos.
Rodríguez Zapatero alabó las "reformas estructurales" impulsadas por Calderón, en particular en el sector energético; puso como ejemplo las privatizaciones en España, y consideró que la colaboración público-privado es una buena apuesta.
En relación con la polémica sobre la privatización de Pemex, quiero recordar que fue Felipe González quien, en 1985, tras la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, dijo, polemizando sobre las privatizaciones, aquello de que daba igual si el gato era blanco o negro, lo que importaba era que cazase ratones. La libre competencia y las inversiones extranjeras supusieron para España, en las décadas de los 80 y 90, la liquidación de todos los sectores industriales estratégicos, la privatización y el desmantelamiento de las empresas públicas, (altos hornos, astilleros, telecomunicaciones, automoción, energía) y, por último, con la transformación de la Comunidad Económica Europea en Unión Europea y la implantación del euro, la cesión de cualquier soberanía nacional.
Hoy, en medio de la recesión, el gobierno, para aplicar la política impuesta por la Unión Europea al servicio de las multinacionales, no puede adoptar ninguna medida que permita resolver los problemas a los que se encuentran enfrentados los trabajadores y los pueblos de España: cuando, tras la especulación inmobiliaria, las familias no pueden pagar las hipotecas, cuando se endurecen las condiciones del crédito, amenazando con provocar miles de despidos y llevar a la ruina a muchas familias trabajadoras, el gobierno no puede tocar los tipos de interés, competencia exclusiva del Banco Central Europeo, ni puede subir los salarios, supuestamente para controlar la inflación, mientras los especuladores hacen su agosto con la subida de los precios de alimentos y materias primas. Hoy, cuando pescadores y transportistas reclaman precios asequibles para el gasoil, el gobierno tampoco puede subvencionar los precios del gasoil profesional; lo prohíben las directivas de la Unión Europea.
Hoy, cuando el superávit presupuestario alcanzado a costa de las privatizaciones y de disminuir el monto de las pensiones y de los subsidios por desempleo, no ha podido cubrir seis meses de crisis, los ayuntamientos se asfixian económicamente y las Comunidades Autónomas, constituidas contra la soberanía de los pueblos vasco y catalán en particular, amenazan con llevar a trabajadores y pueblos hermanos a enfrentamientos interregionales por el reparto de los miserables presupuestos que deja la exigencia, impuesta por el Tratado de Maastricht, de que los Presupuestos del Estado no tengan déficit, por el agua o por cualquier otra cosa.
La privatización de Telefónica y de CAMPSA (la compañía de petróleo estatal), no ha conducido a rebajas de los precios como prometieron, sino a miles de despidos y a subidas escandalosas de precios y tarifas. En nombre de la libre competencia "no falseada" de mercado, la Corte de Justicia Europea deja sin valor los convenios colectivos, amenaza de raíz la existencia misma de los sindicatos de clase en toda Europa (véase las sentencias de los casos Laval y Rüffert, esta última del 3 de abril de 2008), y los Tribunales de la Competencia españoles investigan y multan a las organizaciones sindicales por ejercer su función y negociar convenios colectivos (véase la apertura de expediente contra UGT, CC OO y Asemad por el Tribunal de Defensa de la Competencia el 28 de abril pasado). En nombre de la colaboración público-privado, se privatiza la sanidad y los servicios públicos. En nombre de la libre competencia, el Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea ha dejado este mes de junio la potestad de decidir sobre los precios de la electricidad en manos de organismos independientes de los gobiernos (en el caso de España en manos de la Comisión Nacional de la Energía que proponía una subida de las tarifas eléctricas del 11%).
Rodríguez Zapatero alabó las "reformas estructurales" impulsadas por Calderón, en particular en el sector energético; puso como ejemplo las privatizaciones en España, y consideró que la colaboración público-privado es una buena apuesta.
En relación con la polémica sobre la privatización de Pemex, quiero recordar que fue Felipe González quien, en 1985, tras la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, dijo, polemizando sobre las privatizaciones, aquello de que daba igual si el gato era blanco o negro, lo que importaba era que cazase ratones. La libre competencia y las inversiones extranjeras supusieron para España, en las décadas de los 80 y 90, la liquidación de todos los sectores industriales estratégicos, la privatización y el desmantelamiento de las empresas públicas, (altos hornos, astilleros, telecomunicaciones, automoción, energía) y, por último, con la transformación de la Comunidad Económica Europea en Unión Europea y la implantación del euro, la cesión de cualquier soberanía nacional.
Hoy, en medio de la recesión, el gobierno, para aplicar la política impuesta por la Unión Europea al servicio de las multinacionales, no puede adoptar ninguna medida que permita resolver los problemas a los que se encuentran enfrentados los trabajadores y los pueblos de España: cuando, tras la especulación inmobiliaria, las familias no pueden pagar las hipotecas, cuando se endurecen las condiciones del crédito, amenazando con provocar miles de despidos y llevar a la ruina a muchas familias trabajadoras, el gobierno no puede tocar los tipos de interés, competencia exclusiva del Banco Central Europeo, ni puede subir los salarios, supuestamente para controlar la inflación, mientras los especuladores hacen su agosto con la subida de los precios de alimentos y materias primas. Hoy, cuando pescadores y transportistas reclaman precios asequibles para el gasoil, el gobierno tampoco puede subvencionar los precios del gasoil profesional; lo prohíben las directivas de la Unión Europea.
Hoy, cuando el superávit presupuestario alcanzado a costa de las privatizaciones y de disminuir el monto de las pensiones y de los subsidios por desempleo, no ha podido cubrir seis meses de crisis, los ayuntamientos se asfixian económicamente y las Comunidades Autónomas, constituidas contra la soberanía de los pueblos vasco y catalán en particular, amenazan con llevar a trabajadores y pueblos hermanos a enfrentamientos interregionales por el reparto de los miserables presupuestos que deja la exigencia, impuesta por el Tratado de Maastricht, de que los Presupuestos del Estado no tengan déficit, por el agua o por cualquier otra cosa.
La privatización de Telefónica y de CAMPSA (la compañía de petróleo estatal), no ha conducido a rebajas de los precios como prometieron, sino a miles de despidos y a subidas escandalosas de precios y tarifas. En nombre de la libre competencia "no falseada" de mercado, la Corte de Justicia Europea deja sin valor los convenios colectivos, amenaza de raíz la existencia misma de los sindicatos de clase en toda Europa (véase las sentencias de los casos Laval y Rüffert, esta última del 3 de abril de 2008), y los Tribunales de la Competencia españoles investigan y multan a las organizaciones sindicales por ejercer su función y negociar convenios colectivos (véase la apertura de expediente contra UGT, CC OO y Asemad por el Tribunal de Defensa de la Competencia el 28 de abril pasado). En nombre de la colaboración público-privado, se privatiza la sanidad y los servicios públicos. En nombre de la libre competencia, el Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea ha dejado este mes de junio la potestad de decidir sobre los precios de la electricidad en manos de organismos independientes de los gobiernos (en el caso de España en manos de la Comisión Nacional de la Energía que proponía una subida de las tarifas eléctricas del 11%).
No es extraño que hoy conozcamos un notable incremento de las movilizaciones en nuestro país. Así no se puede vivir, la Unión Europea y la Monarquía llevan al país al estallido. El gobierno de Rodríguez Zapatero, para ser fiel a estas instituciones, no aplica las medidas de urgencia que reclaman trabajadores y pueblos, sólo toma medidas a favor de los especuladores, reprime la huelga de los transportistas.
Ciertamente, para México, como para toda América Latina, la privatización del petróleo, de los recursos naturales exigida por las multinacionales, incluidas las "españolas", supondría renunciar a cualquier soberanía nacional, liquidar los medios y los recursos que pueden permitir dar solución a las exigencias de los trabajadores y del pueblo mexicano, a su supervivencia.
Conocemos la lucha del pueblo mexicano por un refrendo para decir NO a la privatización de Pemex y el miedo y la irritación de quienes se oponen a que sea el pueblo el que decida el futuro de la nación. También en Europa temen que la voluntad de los trabajadores y de los pueblos se exprese para rechazar a la Unión Europea y a sus instituciones, por eso quieren impedir refrendos sobre el nuevo Tratado de Lisboa de la Unión Europea, al que el pueblo irlandés, único al que se le ha permitido la consulta, termina de decir NO este 13 de junio, como antes lo hicieron los pueblos francés y holandés en mayo y junio de 2005. No puedo por más que desearos la victoria en vuestros esfuerzos en defensa de los intereses del pueblo mexicano.
Cierto que para el imperialismo en crisis solo existe un camino: la privatización/expropiación de los recursos naturales, del petróleo y del gas, en México, Venezuela o Iraq; la imposición de Tratados de Libre Comercio, como lo es el de la Unión Europea, para destruir los derechos obreros y democráticos, los sindicatos, la capacidad de respuesta del pueblo trabajador. Pretenden hacer creer que no existe otra posibilidad más que ésta, cuyas consecuencias conocidas son la guerra y la sobreexplotación, la barbarie. No es cierto, hay otra salida: la democracia, la unión de los pueblos libres y soberanos, dueños de sus riquezas. Esta salida pasa por evitar la privatización de Pemex, abolir los Tratados de Libre Comercio, las instituciones reaccionarias de la Unión Europea.
Saludos fraternales.
23 de junio de 2008
Blas Ortega,
sindicalista de la Federación de Servicios Públicos de UGT
selio@arrakis.es
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