Contra la impunidad

Alberto Híjar

En atención a la propuesta de Felipe Calderón de denunciar delincuentes y criminales, Socorro Rojo organizó el ciclo de tres películas que dan cuenta de los crímenes de Estado en Sucumbíos, Ecuador, San Salvador Atenco y de la tradición de solidaridad internacionalista a partir de los años veinte mediante testimonios de distinguidos activistas contra el fascismo y el nazismo y las agresiones imperialistas. El ciclo en el Foro Coyoacanense termina el lunes 7 de julio con la exhibición de Frente a Frente, titulada con el nombre del órgano de prensa de la Liga de Escritores Revolucionarios, la más importante organización del Frente Amplio y el Frente Popular de los años treinta y cuarenta. La película independiente de José Benítez Muro registra entrevistas con Juan de la Cabada, Concha Michel, Miguel Angel Velasco, Aurora Reyes, Rafael Carrillo, Adelina Zendejas, Germán List Arzubide, Ignacio Aguirre, Raúl Anguiano. Juan de la Cabada dice claramente que sólo siendo un desgraciado podía dejarse de combatir al nazismo y al fascismo.

Por esto es necesario denunciar a los delincuentes y criminales como Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno A.C., y José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., que han presentado dos denuncias de hechos, el 25 de marzo de 2008 y el 13 de mayo de este mismo año a partir de títulos de periódicos amarillistas donde escriben quienes compiten en establecer relaciones no probadas entre organizaciones político-militares, instituciones académicas, organizaciones sociales y comités de apoyo a las luchas populares. Son culpables de apología del delito porque parten de la aprobación del brutal ataque militar al campamento del comandante Raúl Reyes en Sucumbíos, Ecuador, con no menos de diez bombas disparadas desde la base yanqui de Manta para dar lugar al asalto de tropas especiales que remataron a los heridos mientras helicópteros artillados sobrevolaban el área. La apología del delito es reiterada en la segunda denuncia de hechos con la presentación del video editado del primer interrogatorio a Lucía Andrea Morett el 1 de marzo, pocas horas después de la masacre, mientras era curada de sus heridas. Entre gritos de dolor responde al interrogatorio de autoridades ecuatorianas sobre sus actividades en el Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana. El mismo delito lo cometen al ostentar como prueba la información en la supuesta computadora del comandante Raúl Reyes que en momento alguno estuvo debidamente custodiada, sino que permaneció en poder de los mandos militares colombianos invasores del territorio de Ecuador. La invalidez jurídica de esta prueba se funda también en la imposibilidad de que con el calor y el movimiento generados por el bombardeo y las descargas de metralla, la computadora haya quedado en condiciones útiles.

Velasco Arzac y Ortega Sánchez son también culpables de terrorismo internacional por el manejo doloso de información proporcionada por las estructuras de seguridad de los Estados mexicano y colombiano principalmente, a partir de las buenas relaciones generadas por la Organización Demócrata Cristiana de América presidida por Manuel Espino, por la vicepresidencia de Vicente Fox en la Internacional Democristiana concretadas en los altos cargos que ocupan distinguidos represores impunes como el actual Procurador General de la República en México, Eduardo Medina Mora, responsable antes de los cuerpos de seguridad que masacraron a los pobladores de San Salvador Atenco, causaron la muerte de dos jóvenes y mantienen en prisión a tres activistas de la resistencia con la sentencia desmesurada de 67 años. Quienes aún permanecen en prisión, la joven pedagoga América del Valle obligada al clandestinaje para burlar las órdenes de aprehensión en su contra y los familiares afectados, así como las mujeres violadas, incluyendo tres extranjeras expulsadas del país y los afectados por las golpizas y el terror sufridos en carne propia, dan lugar a la imputación de asociación delictuosa a Velasco y Ortega y a acumular nuevos cargos de complicidad contra el actual Procurador y los funcionarios que lo acompañan.

A dos años de las masacres de Atenco, un solo policía ha sido inculpado de "actos libidinosos", mismo cargo que le permitió quedar en libertad bajo fianza pagada por el gobierno del Estado de México. Esta impunidad no sería posible sin las instrucciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y de los oficiales que dirigieron las violentas represiones y los agentes del Ministerio Público y jueces que actúan para proteger a los culpables y mantener en prisión a las víctimas.

Las actuaciones delictuosas de Velasco y Ortega favorecen al terrorismo internacional en la medida en que propician ilegalidades flagrantes mediante influencias de Estado que les han permitido entrevistarse en Cancún con el presidente Colombiano Alvaro Uribe y relacionarse con altos funcionarios de seguridad del Estado de Colombia, todo para construir una ilusoria red de apoyos revolucionarios inculpatorios de los masacrados en Sucumbíos, las tres sobrevivientes refugiadas en Nicaragua, todos los que viajaron al Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana que fue un acto abierto con participación de numerosos delegados de toda América. El terrorismo propio de las denuncias infundadas resultantes de relaciones ilegales, los ha llevado a inculpar a un grupo de firmantes de la Convocatoria al Primer Encuentro de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Colombiano, a dos dirigentes sindicales y a seis militantes del PRD y del PRI quienes en cumplimiento de comisiones han mantenido relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entre los periodistas y académicos convocantes al Primer Encuentro Nacional de Solidaridad con las luchas del Pueblo Colombiano están Carlos Fazio, José Steinsleger, Gilberto López y Rivas, José Enrique González Ruiz, Jesusa Rodríguez, Alberto Híjar, José Antonio Almazán, Ramón Jiménez López y Nayar López, además de un periodista portugués, otro colombiano y uno más dominicano. El terrorismo internacional del que son responsables Velasco y Ortega solicita al Procurador General, Eduardo Medina Mora la intervención de computadoras, teléfonos, cuentas bancarias, pasaportes con el evidente propósito de intimidar y procrear el terror opuesto al ejercicio de derechos civiles fundamentales y de los correspondientes derechos académicos de investigación y expresión, reunión y libre tránsito.

Esto es sólo lo que tiene que ver con la masacre impune en Sucumbíos, Ecuador y la gira bien cumplida por los padres de los masacrados quienes han sido recibidos fraternalmente en Ecuador y ahora en Chile. Baste con estas denuncias para apoyar la iniciativa de Felipe Calderón de denunciar a los delincuentes y criminales para terminar con la impunidad y la corrupción.