Osorio Isaza: paradiplomacia y terrorismo

José Steinsleger

Pensemos con el corazón: si una mujer de coraje político probado declara que el gobierno de Colombia es “ilegítimo, corrupto y no creíble” y el embajador de su país la califica de “mentirosa”… ¿a quién le cree usted? (entrevista de David Brooks con la senadora colombiana Piedad Córdoba, La Jornada, 3/7/08).

La Negra (así la llama su pueblo) no es un producto maquilado por la dictadura mediática. Sin embargo, en 2007 los periódicos El Espectador y El Siglo de Bogotá la eligieron Personaje y Mujer del Año, y en una encuesta reciente de Radio Caracol ocupó el segundo lugar entre los senadores más respetados de Colombia. Ni la CNN ni Televisa ni la BBC se enteraron.

Líder del ala izquierda del Partido Liberal (agrupación Poder Ciudadano), Piedad Córdoba es mundialmente respetada por su lucha en favor de los derechos humanos y de la mujer, las comunidades indígenas y afrocolombiana, las minorías étnicas y sexuales, en contra de la violencia intrafamiliar y en pos de políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

En 1999 cayó en manos del feroz líder paramilitar Carlos Castaño. Liberada tras varias semanas de cautiverio, se exilió junto con su familia en Canadá. Al cabo de varios meses retornó al país y fue víctima de dos atentados. Su pecado: liderar el abstencionismo frente a la candidatura de Álvaro Uribe Vélez. Su asesor político, Jaime Gómez, fue asesinado en abril de 2006 luego de sufrir tortura.

El polo opuesto de La Negra es Luis Camilo Osorio Isaza, embajador de Colombia en México. Ex fiscal general (2001-05), fue uno de los arquitectos jurídicos de la “seguridad democrática”, eufemismo del terrorismo de Estado que impulsa el régimen narcoparamilitar que celosamente representa en nuestro país.

Osorio Isaza llegó a la fiscalía general de Colombia a finales del gobierno conservador de Andrés Pastrana. Durante su gestión (2001-05), el caballero jamás encontró méritos para procesar a los culpables, señalados por testigos que luego aparecían muertos o golpeando con desesperación las puertas de las embajadas.

Dominados por los paramilitares, los fiscales de Osorio ignoraron pistas y engavetaron la copiosa documentación probatoria de las relaciones entre los paras y los políticos en los departamentos de la Costa Caribe, Antioquia y Cauca, donde tuvieron lugar espeluznantes masacres.

Osorio Isaza desmanteló (perdón, “restructuró…”) la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Los mejores fiscales del país terminaron en la calle o en el exilio. Lucía Luna Prada vive en Canadá. Mónica Gaitán, investigadora de la espantosa masacre de Chengue (Sucre), informó a su jefe que se iba de vacaciones, y al regresar descubrió que le habían allanado la oficina. Hoy vive en Estados Unidos. Pedro Díaz Romero, Augusto Sepúlveda y César Rincón también salieron del país.

En diciembre de 2003, la jefa de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva (nombrada por Osorio), fue acusada de cómplice de los paramilitares. El senador Gustavo Petro tomó la denuncia y antes de ser detenida por las autoridades huyó del país. En junio de 2005, la señora fue llamada a juicio por su aparente participación en el asesinato de su esposo.

Richard Riaño Botina, investigador de la fiscalía, experto en informática, encontró que los teléfonos de al menos 54 funcionarios de la institución se cruzaban con los de los paras del oriente colombiano. Petro acogió a Riaño y lo ayudó a salir del país. Osorio mandó a investigar al parlamentario. La Corte Suprema dictaminó que el senador no había transgredido la ley.

Osorio Isaza desatendió al testigo Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política del departamento de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a más de 30 congresistas.

El caso de negligencia más tenebroso ocurrió cuando Osorio desautorizó a los fiscales que le dictaron medida de aseguramiento al general Rito Alejo del Río, jefe del grupo de soldados de la 17 Brigada del Ejército que el 27 de diciembre de 1997 jugaron al futbol con la cabeza del campesino Marino López. Osorio archivó el proceso y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ofreció un banquete “de desagravio” al “pacificador del Urabá”.

En su artículo “¿Dónde estaba el fiscal Osorio?”, la periodista de El Espectador, María Teresa Ronderos, escribe: “No sé qué tan tranquilo duerma don Luis Camilo”. Pues, mire usted: parece que en México muy bien. Dicta clases de “seguridad democrática”, alterna con la extrema derecha y los periodistas serviles del país, y escribe cartas muy bonitas como las enviadas a La Jornada el 11 y 13 de julio pasados.

En la primera, don Lucho desmiente que el general Mario Montoya (jefe del Ejército colombiano) sea un matarife de cuarta. Y en la segunda denigra a Piedad Córdoba. En ambas, el paraembajador expresa el dolor de los colombianos que miran “el maltrato a nuestras instituciones”, y el maltrato a los “servidores que bien le sirven a la República”.