El conflicto

Luis Javier Garrido

El país está en horas decisivas de su historia ante la posibilidad de que se abra una vía seudolegal para que sea despojada de su riqueza petrolera, y la llamada “clase política” no parece darse cuenta de la trascendencia de lo que está en juego, y no piensa más que en sus intereses inmediatos.

1. La consulta abierta en el Senado de la República para discutir las iniciativas de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón llega a su fin el martes 22, luego de que ésta fuera derrotada en toda la línea con los argumentos de la razón y del derecho, y en un clima político enrarecido por el descubrimiento de 108 nuevos contratos ilegales de Mouriño con Pemex (La Jornada del jueves 17), pero un sector de las mafias priísta y panista confían en aprobar la contrarreforma, contando para ello incluso con el aval del sector más derechista del PRD.

2. La iniciativas de Calderón buscan esencialmente ir desmantelando gradualmente a Pemex para al mismo tiempo crear una industria trasnacional en México, y ante el repudio generalizado los principales voceros priístas una y otra vez reiteraron la oposición del PRI a violar la Constitución para privatizar Pemex, pero a unas horas de que concluyan los foros y el PRI deba cumplirle al gobierno de facto su ofrecimiento, el senador Beltrones esboza de nuevo lo que va a ser la contrapropuesta priísta, que supuestamente “negociarían” con el PAN, y ésta supone ahora nada menos que violar la Constitución para privatizar Pemex: es decir, que es la misma gata nada más que revolcada.

3. En una más de sus conferencias de prensa, un Manlio Fabio ahora inusitadamente nervioso, como los boxeadores ablandados tras el castigo recibido, indicó ante los medios el día 16 cuál sería lo esencial del proyecto del PRI que están elaborando (El Noticiero del Canal 2 del día 16), y precisó que al contrario de lo que habían señalado otros voceros, la propuesta del tricolor supone la entrega al capital privado nacional de diversas actividades que ya “no debería” llevar a cabo Pemex, entre ellas la refinación, los ductos y el almacenaje de hidrocarburos, mediante contratos, que serían ilegales, y la creación de las anticonstitucionales “empresas espejo” (La Jornada, 17 de julio).

4. Como si los foros no hubiesen evidenciado hasta la saciedad el carácter anticonstitucional de las “empresas espejo” y de este tipo de contratos, Beltrones salió con su batea de babas y pretende que “la iniciativa del PRI” es nueva porque crea empresas filiales “cien por ciento mexicanas”, aunque todo mundo sabe que no es otra cosa que la misma del gobierno de facto, pero presentada de otra manera. Es decir, que dio a entender que él y los miembros de la cúpula priísta no van a hacer otra cosa que actuar como gatetes de Calderón y de los panistas y en consecuencia cargar con el costo del acto de felonía que supone la comisión del delito de traición a la patria.

5. La propuesta del PRI, así esbozada en la tontería de Beltrones, que en minutos perdió su arrogancia de semanas, contraviene el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece claramente desde la reforma del 29 de diciembre de 1960, impulsada por el presidente Adolfo López Mateos, que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, es decir, los contratos llamados “de riesgo”, luego reformulados como “de servicios múltiples” (que habían proliferado en los años de Ávila Camacho y Alemán), los que ahora se han rebautizado como contratos “de desempeño” o “incentivados” y que conducen a lo mismo.

6. La mecánica que se ha ido definiendo es clara, pues se trata de que Pemex vaya cediendo sus facultades a las trasnacionales, que buscan crear una industria petrolera paralela –como se hizo con la eléctrica–, para lo cual requiere el gobierno de Calderón tener manos libres en el consejo de administración de Pemex. De ahí que la propuesta de nueva Ley Orgánica de la paraestatal suponga una empresa blindada frente a la legalidad, fuera del control del Legislativo y de la sociedad y sobre todo por encima de los principios constitucionales, para que en las manos de un régimen presidencialista exacerbado, el Ejecutivo, dotado de nuevas atribuciones, pueda irla entregando discrecionalmente al capital privado.

7. Un Petróleos Mexicanos abandonado por el gobierno, que se seguiría rehusando a invertir en éste, no podría, en suma, competir con las llamadas “empresas espejo”, dotadas de la más moderna tecnología y a las que se dotaría del más moderno equipamiento, y en unos cuantos años la industria pública habría desaparecido y florecería la privada.

8. El argumento de que sólo se permitiría “al capital privado” nacional adueñarse de Pemex, además de inconstitucional constituye por dos motivos una engañifa. La Constitución, por un lado, consagra en sus artículos 25 y 28, párrafo cuarto, el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros por conducto de una empresa pública, y prohíbe la privatización de esta industria estratégica, por lo que este proyecto sería ilegal. Y, por el otro, no hay hoy en el mundo empresas “nacionales”: todas son trasnacionales. La afirmación de Manlio constituye una falacia, pues ni Cemex ni Televisa son empresas “nacionales” ni pueden serlo en un mundo en el que el capital no tiene patria y/o donde es fácil defraudar a la Ley. La Jornada documentaba ayer el caso del Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), al que Francisco Gil le otorgó, siendo titular de Hacienda, una concesión como “nacional” y ahora se sabe que Telefónica de España posee 94.7 por ciento de sus acciones.

9. La contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón, sea la que vaya a ser, no puede por lo mismo dictaminarse y aprobarse fast track, máximo si no es más que una reformulación de la oficial ya conocida, como sugiere Beltrones, y que transgredería el orden constitucional al pretender crear una industria petrolera en la más plena ilegalidad y en contra de la voluntad del pueblo mexicano que tendría en todo momento el derecho legítimo de oponerse a ésta y buscar por todos los medios su desaparición.

10. La Consulta Popular del domingo 27 constituye así en este escenario un paso adelante en la búsqueda de una salida racional al conflicto y es ya desde ahora un momento fundamental en la vida del pueblo mexicano.