Es de gritar

Gabriela Rodríguez

La veíamos venir pero no deja de asustarnos. Con los gobiernos de derecha, desde tiempos de Salinas la democracia se debilita y nuestro territorio libre se está convirtiendo en Estado represor.

Uno de los peores síntomas se expresa en la política de población. Crucial para la vigencia de las libertades y una de las pocas, si no es que la única, que se había consolidado como política de Estado. Política laica diseñada a largo plazo (lleva 34 años) para tomar decisiones con base en el conocimiento generado por la investigación y para coordinar acciones multisectoriales, programas sociales, educativos y de salud con criterios técnicos y relativamente progresistas, pero sobre todo trascendiendo periodos sexenales al margen de posiciones religiosas, partidistas e ideológicas.

Los compromisos internacionales, signados por México en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en la primera Conferencia Mundial de Población, llevaron a fundar el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 1974 y a reformular el artículo 4º constitucional. Fue cuando se convirtió en garantía individual la igualdad del varón y la mujer ante la ley, así como el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Se contemplaron también cambios en la estructura por edad y migración interna e internacional.

La ejecución de programas en las siguientes décadas alcanzaron logros importantes: ampliar el acceso de las mujeres a la enseñanza básica, al empleo remunerado y a posiciones en el ámbito político; el derecho a la información, a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos; disminuir la mortalidad materna (por embarazo, parto o aborto), el promedio de hijos por mujer, la fecundidad en menores de 20 años y la proporción de abortos. Desde entonces el rezago lo marca la desigualdad social: el embarazo no deseado y la mortalidad materna se concentra en las mujeres pobres, en adolescentes sin escolaridad y en la población indígena.

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en El Cairo en 1994, fue otro parteaguas mundial porque permitió dar un giro a la política de población. Se planteó un programa mundial para 20 años, que más allá de la visión demografista asumió una concepción integral enfocada en la igualdad social con perspectiva de género y en los derechos sexuales y reproductivos. El plan de acción se enfocó en la lucha contra la mortalidad materna, el acceso a servicios de aborto seguro de acuerdo con las legislaciones nacionales; en la prevención del VIH/sida y en servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

Este año, que será la revisión de los 15 años de ejecución del programa mundial de El Cairo, Elena Zúñiga Herrera, secretaria general del Conapo, fue designada presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue una valoración a una gestión de 12 años al frente de la política de población y un reconocimiento al liderazgo de México para que coordine el seguimiento al plan de acción mundial.

No obstante, la Secretaría de Gobernación nunca dio aviso oficial del nombramiento y, por el contrario, su titular decidió no renovar el contrato a Zúñiga como secretaria general de Conapo, quien además cumplió recientemente el procedimiento de certificación del servicio profesional de carrera, con un promedio de 98 sobre 100.

Mas allá de la sustitución de una funcionaria preparada y comprometida, a quien todavía pueden confirmar como representante del gobierno ante Naciones Unidas, el desprecio a las nuevas políticas de población se observa desde que el presupuesto de Conapo se redujo drásticamente con los gobiernos panistas, cuando no se nombró a nadie al frente de ese organismo durante los primeros nueve meses de la actual administración, cuando se levanta un muro en la frontera con Estados Unidos y se registra un estancamiento de los indicadores de salud sexual y reproductiva.

Más visiblemente en los temas controversiales, la política de población se ha polarizado por partidos y territorios. El Gobierno del Distrito Federal es el único que ha cumplido el compromiso de abrir acceso a la interrupción legal del embarazo, tal como México lo comprometió en El Cairo. Pero el Congreso de Baja California está por dar figura legal al embrión en su constitución estatal. En ese estado quieren meter a la cárcel a las mujeres violadas que pretendan abortar y enviar al panteón a las que tengan un embarazo extrauterino o cualquier afección que ponga en riesgo su vida.

Me dan ganas de gritar, de exclamar mi angustia con un gran alarido, como el de Edvard Munch, bajo un cielo enrojecido por lenguas de fuego que me paralizan, sin que siquiera se percaten los transeúntes que atraviesan ese puente infinito.