La hora de las definiciones

Julio Pimentel Ramírez

A medida en que la crisis del sistema se agudiza como queda de manifiesto, por referirnos a uno de sus aspectos, con el creciente deterioro de la actividad económica y con ello la caída en la calidad de vida, de por sí precaria, de la mayoría de los mexicanos, se acercan los momentos de las definiciones y los diversos actores políticos habrán de adoptar definiciones concretas, sin los artificios de los discursos demagógicos, ante los temas de trascendencia nacional y estratégica para el presente y futuro de la sociedad.
Frente a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo cual favorece al gran capital nacional y transnacional, se requiere que las fuerzas políticas que se dicen populares y democráticas presenten un frente unido sustentado en un auténtico proyecto alternativo de nación.
Los campos políticos se van delimitando y ante cuestiones fundamentales se adoptan posiciones clarificadoras de los intereses que se defienden. En la primera etapa de la consulta ciudadana sobre la reforma energética privatizadora propuesta por Felipe Calderón, a pesar de tener en contra una negativa e intensa campaña de medios -sin olvidar las trabas internas interpuestas por mezquinos militantes que olvidan que se encuentran en posiciones destacadas de poder gracias al voto popular que ahora desprecian-, participaron más de un millón setecientos mil ciudadanos conscientes de lo que se encuentra en disputa.
Para los políticos mexicanos de la llamada transición (más bien alternancia imperfecta: quitar a un PRI ya empanizado y colocar en su lugar a un PAN matizado de tricolor. Simplificado el proceso en aras de encontrar una fórmula que ayude a entender la confluencia de los neoliberales que militan en ambas formaciones políticas) basta con las elecciones formales cada tres o seis años y no hay que consultar a los ciudadanos sobre los temas trascendentes.
Alegan que la consulta ciudadana convocada por el Frente Amplio Progresista y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo es ilegal, aseveración inexacta como ya se ha explicado ampliamente. Para ellos el Estado de Derecho se aplica rigurosamente cuando se trata de protestas populares y movilizaciones sociales independientes, en tanto desaparece del panorama cuando se trata de mantener la impunidad y ocultar la corrupción y los fraudes de los poderosos, incluidos funcionarios públicos por supuesto.
Si bien la participación del domingo 27 de julio (a la que se sumarán las jornadas del 10 y 24 de agosto) pudo haber sido mayor de existir unidad y congruencia en sectores de la izquierda electoral, la voluntad expresada en las urnas por cientos de miles de mexicanos debe de ser tomada en cuenta por los legisladores de todas las fracciones parlamentarias.
La voluntad ciudadana, al lado de las exhaustivas discusiones sostenidas en los foros realizados en el Senado, principalmente, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, son elementos de referencia ineludibles a la hora de discutir y votar la reforma energética necesaria para rescatar y modernizar a Pemex sin que eso se traduzca en ceder soberanía nacional.
El paquete original presentado por la administración fecalista se encuentra enterrado en las aguas profundas del fracaso, sin embargo resurgen las intenciones privatizadoras en la propuesta priísta expuesta por Manlio Fabio Beltrones, ocultas en un discurso pseudonacionalista y en mecanismos relativamente más complejos de participación de los grandes corporativos en la cadena productiva petrolera.
En este contexto adquiere especial relevancia el proyecto alternativo en materia energética que elabora un grupo de especialistas e intelectuales y que, en su momento, hará suyo el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, el Frente Amplio Progresista (FAP) y sus fracciones legislativas.
La posición que unifica al grupo plural es que el petróleo debe seguir siendo una riqueza nacional controlada y administrada por el Estado a través de Pemex. Consecuentemente, el primer objetivo en estos momentos es su defensa y fortalecimiento como industria integrada estatal.