Junto con las ejecuciones y las narcomantas, tales hechos son utilizados por Felipe Calderón como cortina de humo para ocultar su participación en la guerra de las drogas, acusan.
La Jornada On Line
México, DF. Cinco organizaciones revolucionarias manifestaron su repudio a los actos perpetrados contra la población civil el pasado 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, y señalaron que éstos son "propios de la ultraderecha" igual que las "las ejecuciones, las narcomantas, las enfrentamientos entre bandas del narcotráfico, así como entre éstas y las fuerzas federales".
Todo estos acontecimientos, señalan en un comunicado, "están siendo utilizados por Felipe Calderón para intentar tender una cortina de humo que oculte su política entreguista y su participación en la guerra de las drogas".
En su documento, la Coordinación Revolucionaria -cuyos firmantes son el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, la Organización Insurgente 1º de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y la Unidad Popular Revolucionaria Magonista- sostiene que "valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas y, en última instancia, de aplastar la movilización social que se opone a la privatización de la educación y del petróleo".
En ese sentido, dichas organizaciones hacen un llamado a toda la población mexicana para mantener o desarrollar "todas las formas de lucha posibles contra el sistema capitalista" y advierten de su decisión y compromiso de "construir un frente o coordinadora de organizaciones revolucionarias armadas que luchen por la democracia, el socialismo y la liberación; de construir, desde abajo, un nuevo poder del pueblo (...), reservándonos el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario".
Asimismo, consideró que el Acuerdo Nacional por la Seguridad promovido por el gobierno federa "nació muerto y seguirá fracasando todo intento pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos".
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