El Justo Reclamo

Veracruz: los alcaldes bajo extorsión de “Los Zetas”

Herrera. Falta de coordinación

Regina Martínez

Las amenazas de presuntos narcotraficantes, identificados como integrantes del grupo de Los Zetas, han asustado tanto a muchos alcaldes veracruzanos, que algunos de ellos han pagado las extorsiones con recursos del erario. Por el contrario, otros han sufrido secuestros y robos sin que las instancias de procuración de justicia los respalden.

XALAPA, VER.- "Somos del grupo de Los Zetas, tenemos vigilada a tu familia, sabemos qué hace. Tienes que caerte con 20 mil dólares y es ya. Toma tu coche, sal a la carretera y te vamos a decir de ahí para dónde. Si no lo haces te va a pesar". Así sonó en el teléfono la voz de un hombre.
Esta amenazante llamada la recibió un edil, quien pidió no ser identificado, en sus oficinas del palacio municipal de una población veracruzana. El funcionario dice a Proceso que más de 80 alcaldes veracruzanos han sufrido intimidaciones similares por parte de supuestos integrantes del grupo armado del cártel del Golfo.
En muchos municipios del estado hay sicosis ante estos hechos. Prueba de ello es que a principios de septiembre, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se reunió con 100 presidentes municipales para tratar el asunto. Ahí, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada, expuso que algunos de sus colegas han sido extorsionados.
Aunque las autoridades estatales han mantenido reserva acerca de los presidentes municipales amenazados, trascendió que los alcaldes de Moloacán, Cosautlán, Tamiahua, Ixtaczoquitlán, Tancoco, Banderilla, Zozocolco, Naolinco y Chocamán están en la lista de los amenazados por extorsión.
Aunque estas localidades son pequeñas y sus autoridades pueden ser presas fáciles para la extorsión, ayuntamientos importantes como Poza Rica, Coatepec, Córdoba y Orizaba no se han visto libres de las amenazas.
Otro alcalde entrevistado por este semanario asegura que hasta el martes 2, ya habían recibido amenazas con fines de extorsión 83 de los 212 alcaldes veracruzanos. Agrega que seis de ellos pagaron cantidades que fluctúan entre los 6 mil y los 15 mil dólares. Otros se han negado a entregar el dinero y las amenazas persisten e incluso se han intensificado.
A finales de agosto pasado, Teodoro Jiménez Reyes, alcalde perredista de Tancoco, uno de los municipios marginados del norte de la entidad, fue secuestrado en su oficina por un grupo de hombres armados. De ahí lo llevaron a su casa donde amagaron a su familia. Para que los dejaran en libertad tuvo que entregar 200 mil pesos en efectivo.
Así lo denunció el diputado perredista Celestino Rivera Hernández, el 27 de agosto, durante una sesión con legisladores. Dijo en la tribuna que los delincuentes que atacaron a Jiménez "le dejaron el número de una cuenta de un banco de Pachuca (Hidalgo) para que depositara ciertas cantidades de manera regular".
En los últimos días, subraya Rivera, presidentes municipales de distintas zonas de la entidad han sido secuestrados por miembros de bandas delictivas. A pesar de que algunos han interpuesto denuncia ante las autoridades ministeriales, hasta ahora no hay ningún resultado.
Las autoridades estatales de seguridad pública, acota, no sólo no han reaccionado para ofrecer garantías a estos servidores públicos. Al contrario, "los han reprendido por haber accedido a las exigencias de los delincuentes".
Después de lo ocurrido, Jiménez acudió a Xalapa a fin de solicitar el apoyo de las autoridades estatales. Se entrevistó con el secretario de gobierno Reynaldo Escobar Pérez, quien le dijo que no debió ceder a las amenazas ni entregar el dinero y las joyas de su familia, dice Rivera a Proceso.
Si los delincuentes pueden secuestrar a un presidente municipal que cuenta con un cuerpo de policías "qué pueden esperar los ciudadanos cuando no hay nadie que implemente acciones para evitar esta situación", abunda el perredista.
El legislador precisa que en materia de seguridad pública no se trata únicamente de reformar leyes y autorizar más recursos. Tampoco de cambiar o remover a los encargados de la aplicación de justicia y la seguridad de los veracruzanos, sino que es urgente la implantación de un programa integral que garantice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Comenta que el 2 de noviembre de 2007, cuando ya era diputado electo del PRD, solicitó licencia para dejar la presidencia municipal de Tempoal. Ese día "fui asaltado en mi domicilio; se metieron cuatro individuos a mi casa, me amenazaron, amordazaron, amarraron y hostigaron a mis tres niños y a mi esposa".
Empresario de la construcción hasta antes de ingresar al PRD y ser electo presidente municipal de Tempoal, Rivera pagó 200 mil pesos a sus secuestradores. Sin embargo, las amenazas no cesaron, "pues me seguían llamando por teléfono igual que a mi esposa".
"Somos los mismos que te visitamos, que te asaltamos y te tenemos bien ubicado. Sabemos todo de ti y de tu familia. Tienes que darnos dinero hijo de la chingada si no te vas a morir. Vamos a matarte a ti y a tu familia", eran las constantes amenazas que recibía para depositar dinero a una cuenta bancaria.
Asegura que se negó a cumplir con las exigencias del grupo de extorsionadores. Dijeron que formaban parte de Los Zetas y por eso acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público de Tempoal. Después se entrevistó con el entonces procurador de justicia Emeterio López Márquez, "pero no pasó nada".
Y agrega que, hasta ahora, la averiguación ministerial que se abrió en Tempoal está congelada. El procurador López Márquez se limitó a decirle que debía tener cuidado, pues la dependencia a su cargo no contaba con recursos para enfrentar esta problemática.
A casi un año de su secuestro, la vida de Rivera y su familia cambió, "pues siempre andas con temor, ya no caminas libremente por las calles, no respondes cualquier llamada telefónica, no abres la puerta de tu casa a cualquier persona, vives en total incertidumbre".
En una situación parecida se encuentran los alcaldes que recién han caído en manos de Los Zetas, "vives presa de un temor que arrastra; sales de una puerta y miras hacia todos lados y si un auto esta parado cerca de tu cuadra te sigues derecho", dice el funcionario entrevistado que pidió el anonimato.
La tónica para los 83 alcaldes bajo amenaza es la misma, aunque es factible que la cifra haya aumentado. "Somos Los Zetas y de aquí para adelante, mano, estas vigilado por nosotros. Si no pagas la protección que te damos atente a las consecuencias", comentan quienes estuvieron en la reunión en el Palacio de Gobierno, convocada por el gobernador el 1 de septiembre.
Pocas denuncias
Uno de los pocos alcaldes que han hecho públicas las amenazas de que ha sido objeto es el de Ixtaczoquitlán, Nelson Votte Ramos, quien declaró a medios de comunicación de Orizaba haber recibido llamadas telefónicas con la intención de extorsionarlo por dinero.
Debido a estas amenazas en contra suya y de su familia, Votte decidió no encabezar las festividades del 15 de septiembre y se quejó de la falta de resultados de la denuncia que interpuso el pasado 30 de agosto ante el agente del Ministerio Público de Orizaba.
Ante medios de comunicación locales, dijo que las autoridades no trabajan al cien por ciento y de nada servirá que se incremente el número de policías si no se desempeñan como debe ser. Añadió que ante la falta de apoyo por parte de la policía ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, optó por contratar los servicios de una empresa privada especialista en la materia.
Asegura que durante las últimas tres semanas, ha recibido más de 40 llamadas telefónicas de números correspondientes a Puebla, Veracruz y Orizaba en las que le dicen que lo van a matar y que tarde o temprano les va a pagar.
El lunes 1, en entrevista colectiva, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sergio López Esquer, reconoció que 60 de los 212 alcaldes veracruzanos habían enfrentado amenazas e intentos de extorsión por parte de la delincuencia organizada.
Se trata, dijo, "de amenazas contra la integridad física de los ediles o sus familias, y cuyos extorsionadores, "les exigen el pago de cierta cantidad de dinero para brindarles seguridad y para no actuar en contra de su integridad física, aunque son pocos los casos críticos".
El martes 2, el gobernador Fidel Herrera Beltrán se refirió a la reunión sostenida la noche anterior con alcaldes en la que se hablo de la seguridad en sus municipios. Comentó que algunos de ellos han recibido amenazas, y dijo que seis fueron extorsionados.
Al parecer, los presidentes municipales que cayeron en el "timo de la extorsión" tomaron recursos públicos del ayuntamiento para pagar el dinero exigido por Los Zetas, en lugar de presentar la denuncia ante autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.
El presidente de la comisión de justicia y puntos constitucionales del Congreso local, Francisco López Portilla, comentó que a los alcaldes que desviaron recursos públicos para pagar las extorsiones "se les puede tipificar responsabilidad".
El legislador priista advirtió: "Aunque la familia está bajo amenaza y sin que se deje de reconocer el miedo, no se debe tomar dinero del erario para pagar una cantidad que se nos esta pidiendo, porque ese dinero no es nuestro, es del pueblo y tenemos la obligación de administrarlo y rendir cuentas."
Sin embargo, el también integrante de la comisión legislativa de seguridad pública admitió que en su distrito, en Córdoba, cuatro alcaldes han recibido este tipo de amenazas, en especial, los de los municipios de Coetzalán, Amatlán de los Reyes y Cuitlahuac.
Mal de muchos...
Inmersos en esta sicosis, las autoridades estatales sólo han atinado a señalar que este tipo de llamadas "provienen de otros estados", como Hidalgo, Michoacán, Zacatecas o Sinaloa, aunque algunos de los afectados dicen que los números telefónicos son del mismo municipio.
En este caso, el coordinador del Centro de Comando, Control y Cómputo (C-4), Arturo Bermúdez Zurita, reconoció que de las más de 60 denuncias por llamadas de extorsión que reciben diariamente, 20 están relacionadas con alcaldes veracruzanos.
Sin embargo, aseguró que 80% de las denuncias recibidas por hechos de extorsión provienen de dichas entidades y añadió que el número que se tiene en Veracruz "no es grave si se compara con las 5 mil diarias que reporta la PGR en todo el país".
Según Bermúdez, ya se tiene detectada la antena y el cuadrante de donde provienen las llamadas y el área de inteligencia de la Policía Federal Preventiva "está actuando". Precisó que de 2001 a la fecha "tenemos detectados 5 mil números telefónicos que se han utilizado para llamadas de extorsión".
Aun cuando Herrera Beltrán ha convocado a los ayuntamientos a coadyuvar en las acciones de seguridad pública, pocos son los alcaldes que tienen bajo su mando a los cuerpos policíacos, pues la mayoría depende del gobierno del estado que maneja los recursos federales y estatales.
En Veracruz se crearon coordinaciones de Policías Intermunicipales en las regiones de Veracruz-Boca del Río, Jalapa-Banderilla-Tlanehuayocan, Poza Rica-Coatzintla-Tihuatlán y Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
A juicio del coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Fredy Ayala González, el clima de inseguridad no sólo es responsabilidad de las autoridades federales sino de las estatales, "pues a partir de que Fidel Herrera entró al gobierno estatal los índices delictivos se han disparado en Veracruz".
Desde el inicio de esta administración estatal este tipo de delitos se han incrementado y decir que los índices son menores a los registrados en otras partes del país "no debe consolarnos". Con los últimos acontecimientos, "podemos decir que ahora sí Veracruz late con fuerza, pero de miedo", remarcó. l