Dinero público y fines privados
Mas de la mierda!El empleo de recursos del erario con fines ajenos al interés público, como ocurre con la publicidad oficial y sus formas de control, es en México un problema endémico. La ausencia de normas en la materia explica parte de la anomalía, pero la falta de una cultura democrática mínima en los gobernantes representa la causa medular. Veamos.
Primero. México ha estado en el cabús del tren del desarrollo democrático por lo que a la relación Estado y medios se refiere. Cabe recordar cómo el país se convirtió en la fuente de inspiración para que un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada el 22 de noviembre de 1969 estuviera redactado en los siguientes términos: "Artículo 13. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
La existencia de PIPSA como fuente de papel periódico por largos años, hasta su privatización en 1992; la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que establece la asignación discrecional de concesiones y permisos en la materia, y la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial acreditaron con creces el numeral 3 del artículo 13 de la Convención para que nunca pasara más en un país de América lo que sucedía (y sigue sucediendo) en México.
Segundo. La debilidad del estado de derecho en México reclama una reforma de actitudes para evitar algunos fenómenos que, crecientemente, se observan a lo largo del territorio nacional: a) falta de participación ciudadana en el debate público; b) desconfianza de las personas en el gobierno y sus instituciones; c) resistencia y evasión del pago de impuestos y de servicios públicos por la percepción en aumento de que esos recursos sólo enriquecen a los gobernantes y no se traducen en servicios públicos ni en seguridad mínima; d) percepción colectiva de que en México no hay consecuencias si se viola la ley cuando se dispone de relaciones o dinero, y e) desarrollo de una relación antagónica, sin visiones de colaboración, entre la sociedad y el gobierno.
Tercero. Una de las pocas decisiones positivas del Estado fue reformar en 2007 el artículo 134 constitucional, el cual dispone en su penúltimo párrafo: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
No obstante lo evidente de ese mandato constitucional, los gobernantes lo infringen sin ninguna consecuencia. Ayer fue el presidente Felipe Calderón con la enorme publicitación de su informe, hoy lo es Marcelo Ebrard haciendo lo propio. Y Enrique Peña Nieto no se queda atrás. El criterio de nuestros gobernantes es: ¿por qué quieren que observe la ley si mi adversario político no lo hace?
Cuarto. En varios países se ha regulado esta materia, y aunque en otros no se ha hecho, suele cumplirse con sus principios. La diferencia es que en México no se ha cultivado la clase política mexicana en moral pública y principios éticos. ¿Se imagina a un gobernador de un cantón suizo publicitando su imagen con recursos de los contribuyentes? Por supuesto que no. Pero aquí sí vemos al presidente Calderón, a Ebrard, a Peña Nieto y a muchos otros mostrándonos sus rostros y todo lo bueno que han hecho como gobernantes.
En España, por ejemplo, que sí ha legislado en este rubro, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional específicamente prohíbe contratar campañas "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que "la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".
En un excelente texto de Jorge Carpizo -de obligada lectura-, titulado La moral pública, desarrolla el tema y retrata la problemática de México. Carpizo predica con el ejemplo. No es pensionado de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo serlo. Tampoco recibió liquidaciones a su paso por la PGR o por la Secretaría de Gobernación. Vive en la honrosa medianía de que habla Juárez, como investigador universitario. Ojalá esa no fuera la excepción, sino la regla. l
evillanueva99@yahoo.com
Primero. México ha estado en el cabús del tren del desarrollo democrático por lo que a la relación Estado y medios se refiere. Cabe recordar cómo el país se convirtió en la fuente de inspiración para que un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada el 22 de noviembre de 1969 estuviera redactado en los siguientes términos: "Artículo 13. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".
La existencia de PIPSA como fuente de papel periódico por largos años, hasta su privatización en 1992; la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que establece la asignación discrecional de concesiones y permisos en la materia, y la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial acreditaron con creces el numeral 3 del artículo 13 de la Convención para que nunca pasara más en un país de América lo que sucedía (y sigue sucediendo) en México.
Segundo. La debilidad del estado de derecho en México reclama una reforma de actitudes para evitar algunos fenómenos que, crecientemente, se observan a lo largo del territorio nacional: a) falta de participación ciudadana en el debate público; b) desconfianza de las personas en el gobierno y sus instituciones; c) resistencia y evasión del pago de impuestos y de servicios públicos por la percepción en aumento de que esos recursos sólo enriquecen a los gobernantes y no se traducen en servicios públicos ni en seguridad mínima; d) percepción colectiva de que en México no hay consecuencias si se viola la ley cuando se dispone de relaciones o dinero, y e) desarrollo de una relación antagónica, sin visiones de colaboración, entre la sociedad y el gobierno.
Tercero. Una de las pocas decisiones positivas del Estado fue reformar en 2007 el artículo 134 constitucional, el cual dispone en su penúltimo párrafo: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
No obstante lo evidente de ese mandato constitucional, los gobernantes lo infringen sin ninguna consecuencia. Ayer fue el presidente Felipe Calderón con la enorme publicitación de su informe, hoy lo es Marcelo Ebrard haciendo lo propio. Y Enrique Peña Nieto no se queda atrás. El criterio de nuestros gobernantes es: ¿por qué quieren que observe la ley si mi adversario político no lo hace?
Cuarto. En varios países se ha regulado esta materia, y aunque en otros no se ha hecho, suele cumplirse con sus principios. La diferencia es que en México no se ha cultivado la clase política mexicana en moral pública y principios éticos. ¿Se imagina a un gobernador de un cantón suizo publicitando su imagen con recursos de los contribuyentes? Por supuesto que no. Pero aquí sí vemos al presidente Calderón, a Ebrard, a Peña Nieto y a muchos otros mostrándonos sus rostros y todo lo bueno que han hecho como gobernantes.
En España, por ejemplo, que sí ha legislado en este rubro, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional específicamente prohíbe contratar campañas "que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que "la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".
En un excelente texto de Jorge Carpizo -de obligada lectura-, titulado La moral pública, desarrolla el tema y retrata la problemática de México. Carpizo predica con el ejemplo. No es pensionado de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo serlo. Tampoco recibió liquidaciones a su paso por la PGR o por la Secretaría de Gobernación. Vive en la honrosa medianía de que habla Juárez, como investigador universitario. Ojalá esa no fuera la excepción, sino la regla. l
evillanueva99@yahoo.com
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