Ricardo Monreal Avila
El plazo está fijado. Vence el 9 de diciembre. Son los 100 días que acordaron el gobierno federal y las agrupaciones ciudadanas que organizaron la marcha contra la inseguridad y la impunidad, el pasado domingo 31 de agosto. Para entonces debe haber resultados concretos, medibles, verificables, de los avances en contra de la inseguridad.
Hay un plan: el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Hay un programa de 74 puntos, incluye compromisos del poder ejecutivo federal, legislativo, judicial, gobiernos estatales, alcaldes, sector productivo, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Existe también un emplazamiento de la sociedad, que recoge la advertencia de Alejandro Martí, padre de Fernando Martí, el joven asesinado cuyo crimen derramó el frágil vaso de la indignación social: “si no pueden, renuncien”.
Tienen, pues, 100 días para dar resultados y de no ser así, un grito ciudadano recorrerá las calles, plazas y ciudades del país: “!Que se vayan a su casa!”.
Si bien este acuerdo nacional corresponsabiliza al gobierno y a la sociedad en conjunto, quien debe dar el ejemplo y llevar la conducción es el ejecutivo federal. Tiene las facultades, los recursos y los hombres necesarios bajo su mando.
Ahora bien, ¿qué posibilidades tiene el actual gobierno de cumplir con la parte que le corresponde? Existe un antecedente y no es alentador. Los cien días que Felipe Calderón dio al gabinete de seguridad para que presentaran un programa integral de combate al crimen organizado y mejorar la procuración de justicia. El programa se presentó con bombo y platillo, incluso unos días antes de que venciera el plazo. Hubo un diagnóstico y un programa de acciones menos ambicioso que el actual, y no se cumplió.
Esto es un mal indicador, porque si la actual administración federal no pudo con lo menos, cuando el problema de la inseguridad no estaba tan avanzado, menos podrá con lo más, ahora que el crimen ha adquirido dimensiones de cáncer social y económico.
Esta observación es válida no únicamente para los programas contra la inseguridad de los primeros 100 días del actual gobierno, sino ante todo para los responsables de instrumentarlos. De manera especial, el secretario de Seguridad Pública Federal, el procurador general de la República, el director del CISEN, los secretarios de marina y defensa, y todas aquéllas áreas que integran el llamado “gabinete de seguridad nacional”. Con excepción de la renuncia del secretario del consejo de seguridad pública, Roberto Campa Cifrián, que dejó su cargo sorpresivamente antier por la noche --al parecer por diferencias con sus compañeros de gabinete--, todos los demás siguen instalados en sus cargos y, por lo tanto, en sus despachos decorados con títulos a la ineficiencia y falta de resultados.
En otras palabras, pocas garantías tenemos de que el enfermo recupere el semblante, si es atendido por los mismos doctores y le suministran la misma medicina que no ha detenido su agravamiento acelerado.
Sin embargo, a la manera de un acto de fe, más que de conocimiento; de conciencia, más que de ciencia; otorguemos el beneficio de la duda y esperemos que ahora sí haya un cambio, una mejora en la lucha contra el crimen organizado, tomando ciertas previsiones.
Para evitar sucumbir ante espejismos o simples golpes mediáticos contra la inseguridad, presentados como grandes avances gubernamentales, es indispensable tener una matriz de variables o indicadores objetivos. Aquí proponemos una guía de 10 factores, para ser evaluados puntualmente el próximo 9 de diciembre a las 12 de la noche.
1. Narcoejecuciones: ¿Disminuyeron, se incrementaron o permanecieron igual?
2. Detención de capos: ¿Cuántos capos de la mafia fueron capturados? Por ejemplo, ¿siguen libres o fueron detenidos el “Chapo” Guzmán, el “Mayo” Zambada, “Nacho” Coronel, el “Lazca”, los Amezcua y todos aquellos señalados por las propias autoridades como causantes de la guerra que ahora mantienen entre sí los diferentes carteles de la droga? ¿Qué tipo de delincuentes se captura: jefes o empleados, cabezas de león o colas de ratón, jerarcas o burreros?
3. Decomisos: ¿Se incrementaron, disminuyeron o siguieron igual los decomisos de marihuana, cocaína, metanfetaminas, armas y dinero en efectivo? ¿Qué destino han tenido los decomisos de estos 100 días y los anteriores?
4. Relación costo-beneficio: ¿Hay proporción entre los 15 mil millones de pesos para el combate a la delincuencia que actualmente dispone el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los decomisos alcanzados? ¿Es eficaz la ecuación existente entre 516 mil policías de las diversas corporaciones y las detenciones relacionadas contra el crimen organizado? México dispone de 4.8 policías por cada mil habitantes. Esto es más que la proporción existente en Estados Unidos o Colombia. ¿Tenemos estándares de seguridad iguales o parecidos que estos países?
5. Reforma penal: ¿Sirvió de algo haber modificado la Constitución para crear un cuasi Estado de Excepción con el argumento de combatir el crimen organizado? ¿Cuántos cárteles u organizaciones delictivas fueron desmanteladas y extinguidas con la nueva ley en la mano contra el crimen organizado? ¿Cayeron también algunos de sus padrinos políticos o de sus socios en las grandes corporaciones empresariales?
6. Costo de la droga en México y Estados Unidos: ¿Los golpes al narcotráfico en cien días hicieron subir el precio de la droga en las calles norteamericanas y mexicanas o permanecen inalterados?
7. Narcomenudeo: ¿Cuántas “narcotienditas” o puntos de venta de droga fueron clausuradas en cien días y sus propietarios sometidos a proceso?
8. Atención a las adicciones: ¿Se aplicó con éxito algún programa para frenar el crecimiento de las adicciones entre los jóvenes? ¿Se destinó presupuesto para los centros que atienden este creciente problema?
9. Corresponsabilidad de Estados Unidos: ¿Se solidarizó el gobierno de los Estados Unidos con sus vecinos? ¿Se contuvo el tráfico de armas a los cárteles mexicanos de la droga?
10. Visión extrapolicial: ¿Se trabajó de manera paralela en las causas sociales y económicas que inciden en la delincuencia en el país o el enfoque siguió anclado a una visión exclusivamente policiaca?
Contemos los días y emplacemos a las autoridades: Hay resultados o se van a sus casas.
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