Los que oscurecen México

Víctor M. Quintana S.

Si el tema de los derechos humanos apenas ocupaba lugar en los informes presidencialistas, ahora será seguramente excluido de los infomerciales de Calderón. La ineficacia de su régimen para combatir los poderes fácticos ha sido directamente proporcional al empeño para reprimir a los débiles y criminalizar la protesta social.

Miércoles 13 de agosto. Ernesto Córdoba Chavarría, honesto trabajador de un rancho ganadero del municipio de Guerrero, Chihuahua, se dirige a la población de El Largo, en el municipio de Madera en el mismo estado, para visitar a su madre. Al llegar a la gasolinera de este último pueblo, se acerca a él un piquete de soldados y le piden que los lleve a un sitio x. Suben a la caja de la camioneta y durante todo el día traen a Ernesto conduciéndolos de un lugar a otro del poblado, a la vista de todos. Ya anocheciendo dejan que Ernesto se vaya a casa de su madre.

Esa misma noche un comando con elementos uniformados y embozados penetra violentamente a la casa de la madre de Ernesto y se lleva a la fuerza a éste y a su hermano Manuel. Permanecen desaparecidos una semana. Por fin, el 26 de agosto son encontrados los cadáveres ejecutados de ambos. El pueblo entero se consterna, más tratándose de dos hombres jóvenes conocidos por su amor al trabajo y su honestidad. Hay quienes culpan al Ejército, ya sea por haberlos ejecutado, ya sea por haber exhibido a Ernesto ante los sicarios de La Línea, brazo rural del cártel de Juárez.

Jueves 28 de agosto. En un paraje situado a 15 kilómetros del mineral de Dolores, municipio de Madera, Ernesto Ortega Parra y su hijo llegan con algo de provisiones y ropa a la casa de su hija en el rancho El Serrucho. No encuentran a nadie y mientras esperan llegan varias camionetas de donde descienden varios elementos de la PFP, quienes sujetan con violencia a Ortega y a su hijo exigiéndoles que abran la casa. Como les responden que no pueden abrir ya que la casa no es de ellos, los federales derriban la puerta y toman algunos objetos. Se llevan con ellos a Ortega y a su hijo rumbo al rancho Arroyo Largo, propiedad de un cuñado de aquél. Tampoco ahí encuentran armas, pero le espetan a Ortega: “Ya te chingaste”, lo atan, lo encapuchan, lo golpean y se lo llevan a la delegación de la PGR en la capital del estado. Acusación: “posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército”, cuando ni Ortega porta arma alguna y ni siquiera catearon su casa.

La empresa canadiense Minefinders presenta a los medios la detención como la de un “instigador de los bloqueos a la mina de Dolores”, tratando de presentar al grupo mayoritario de ejidatarios inconformes con las condiciones planteadas por ella como un grupo subversivo, armado. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hace presente en el interrogatorio a Ortega y da fe de que las declaraciones de éste y de su hijo no pesan ante el reporte amañado de la PFP. La asamblea del ejido Huizopa aclara que Ernesto Ortega es ejidatario, no participa en el movimiento pero que ha sido detenido injustamente y debe ser liberado de inmediato. Interpretan esta detención como un intento más del gobierno por criminalizar la protesta social. Se presenta la queja correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otra más. La CNDH brilla por su ausencia y el gobierno del estado se muestra impotente para detener los atropellos de los federales, que casi actúan como fuerza de ocupación.

Sábado 30 de agosto. La movilización Iluminemos México tiene poco impacto en Chihuahua. Sólo hay una pequeña manifestación en Ciudad Cuauhtémoc. Ni en Juárez, ni en la capital del estado, ciudades vapuleadas por más de un millar de ejecuciones y sacudidas por la delincuencia en aumento, se lanza la gente a las calles.

Muchos atribuyen la desmovilización chihuahuense al temor de la gente ante la ola de delincuencia y de ejecuciones. Pero hay otra hipótesis de lectura: la gente ya no se manifiesta porque no cree ya en los interlocutores eventuales de sus manifestaciones. No cree en un gobierno estatal rebasado por todos lados por el crimen organizado; no cree en un gobierno federal que con el pretexto del combate a los delincuentes fabrica como tales a quienes disienten y protege a quienes violan las leyes y atropellan los derechos humanos. El pueblo de Chihuahua tiene fuertes dudas de que se pueda iluminar México cuando los de arriba se empeñan en apagarlo.