Derogaron artículos sobre explotación de la Amazonia

Barómetro Internacional

Los pueblos indígenas se rebelan contra el Estado peruano

Por Sylvia Ubal

Los Pueblos Indígenas Amazónicos están representados por la AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana) que está formada por 1.340 comunidades indígenas repartidas en el norte, centro y sur de la amazonía peruana. Se reunieron en un encuentro realizado del 18 al 21 de abril de 2008 en San Lorenzo, provincia Datem del Marañón, Región Loreto.
La Asociación interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP no es una organización formada hace pocos años, fue creada hace mas de 28 años, y comprende a organizaciones indígenas andinas y amazónicas con el mérito de defender causas nacionales y mundiales como la defensa de los Recursos, del petróleo, el gas, el agua, y el territorio como bienes nacionales, colectivos y públicos; defender las culturas, lenguas, identidades, biodiversidad, saberes y una nueva espiritualidad libre de los graves complejos y traumas de las religiones cristianas y católicas.
El Primer Encuentro Macro Regional de Organizaciones Indígenas del Perú reunió a representantes de los pueblos indígenas Shawi, Shiwilo, Cocama Cocamilla, Shapra, Candozi, Quechua, Wampis, Achuar y Awajún de los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín. Su líder, Segundo Alberto Pizango Chota, ha declarado que "morir en defensa de su territorio será un honor".
Ecologistas en Acción manifiestan su respaldo a la exigencia de respeto a los derechos de los pueblos amazónicos, que se ven amenazados, juntamente con las comunidades campesinas, por el paquete de Decretos Legislativos aprobados por el Gobierno peruano.
Por último, la organización respalda las exigencias de los pueblos indígenas de restitución de las garantías jurídicas territoriales de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inalienabilidad y que se incorporen los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Perú, con el derecho al territorio, recursos naturales, autonomía, autodeterminación, salud y educación intercultural, participación política, consentimiento previo, libre e informado.
Desde el pasado viernes 8 de agosto más de 3.000 indígenas de la Amazonía peruana de las etnias awuajun, wampis, machiguenga, candoshi, awajún, aguarunas, huambisas, entre otras comunidades étnicas) se armaron con lanzas, arcos y cerbatanas, vistiendo kushmas, el rostro y el cuerpo pintado con tintes naturales derivados del achiote (rojo) y el huito (negro), se han declarado en paro nacional indefinido para protestar contra las medidas estatales y contra la ofensiva legislativa que pretende flexibilizar la compra-venta de sus tierras comunales, y tomaron la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Corral Quemado (Amazonas).
En los departamentos, Amazonas, Ucayali, Loreto y Cusco, también las comunidades indígenas tomaron acciones: bloqueos de carreteras de penetración, cortes del transporte fluvial, y toma de instalaciones de generación de energía (centrales hidroeléctricas), estaciones de petróleo y de gas natural.
Las comunidades indígenas denunciaron la actividad contaminante de Pluspetrol Norte en el lote 1-AB, “que estaría realizando vertimientos no autorizados en el río Pastaza” así como “el derrame de petróleo en Santa Rosa, distrito de Manseriche, por la ruptura del oleoducto Norperuano que se produjo el 11 de marzo”.
La contaminación del oleoducto, que es administrado por Petroperú “llegó hasta la quebrada Numpatkaim que es afluente del río Rojo en la que habitan más de seis comunidades” señalan los acuerdos.
El encuentro resolvió “no aceptar más el ingreso de las empresas petroleras en territorios de los pueblos indígenas, que por experiencia traumática sufrida por la contaminación provocada por presencia de las industrias extractivas han decidido adoptar diferentes medias de lucha indefinida, en demanda del respeto de sus derechos legalmente reconocidos por la Constitución Política del Perú e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.”
Esta medida de protesta se justifica por la avalancha de decretos legislativos que atentan contra los derechos de los pueblos originarios indígenas.
Los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo” en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón
Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y además bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos.
Los indígenas exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, N° 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano.
Estos decretos legislativos facilitan la venta en subasta pública de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado por el ex presidente Alejandro Toledo.
El hace dos años y medio candidato Alan García, hoy presidente, se olvidó que prometió retirar la firma del Perú de ese tratado una vez elegido presidente, y ahora se ha convertido en el mejor aliado de Estado Unidos, como un ejemplo más de la contradicción permanente entre el decir y el hacer.
Preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, el Sr. Presidente Alan García exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles “perros del hortelano, que no comen ni dejan comer”, usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan.
Dice el Profesor Pedro Luis Shimbucat Taish Profesor de la Amazonía Norte del Perú Del Pueblo Awajún: “El derecho de propiedad indígena no es como el derecho de propiedad del resto de ciudadanos de primera categoría. ¿Quiénes pueden cuestionar la propiedad de las multinacionales en Perú? Sólo ‘los comunistas y enemigos de la patria’, dicen los apristas. ¿Quiénes pueden cuestionar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas? El presidente García y su partido aprista, en nombre de la democracia y de la inversión capitalista.”
Estos decretos tienen como único objetivo la “confiscación” de las tierras y territorios comunales y por ende la desaparición de las comunidades indígenas, “bajo el pretexto de la promoción del desarrollo del país en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y otros países. No escatimando el hecho de despojar la propiedad comunal, para entregarla a las grandes empresas transnacionales”.
El artículo publicado por el Sr. Rodrigo Montoya Rojas (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima. Perú) dice “El gobierno ha decidido no negociar con los indígenas amazónicos hasta que depongan sus medidas de fuerza. En consecuencia, ha declarado el estado de emergencia por treinta días en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate en la provincia de La Convención (Cusco). Esta medida busca garantizar el flujo energético a toda la población nacional y crear las condiciones para la represión contra los indígenas”
Los decretos legislativos 1015 y 1073
La primera norma dictada por el Ejecutivo establece la posibilidad de la venta y disposición de las tierras comunales con la mera aprobación del 50% de los asistentes a una asamblea. La segunda norma modifica el 1015, pero mantiene la misma lógica: los terceros podrán comprar tierras teniendo como único requisito "el voto a favor de no menos del 50% de los comuneros posesionarios con más de un año".
Ambas normas violan los artículos 88 y 89 de la Constitución que obligan al Estado a respetar la autonomía, identidad y bienes de las comunidades campesinas y nativas. Su promulgación intempestiva contraviene el Convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a las comunidades todas las medidas que afecten sus intereses, como la disposición de sus tierras.
Alan García, presidente del Perú, publicó el año pasado un artículo titulado "El síndrome del perro del hortelano". En él defendía la necesidad de crear riqueza en la Amazonia mediante la inversión privada y el derecho a la propiedad sobre las extensas tierras "muertas" o abandonadas. Mencionó que se debía respetar los bosques vírgenes, pero que había ocho millones de hectáreas que podían y debían servir para la instalación de las empresas extractivas formales, las cuales crearían un millón de empleos.
Lo que olvida el Presidente es que hay más de 300.000 indígenas amazónicos en territorio peruano que no se rigen por la lógica del capital y de la productividad, sino que poseen ancestralmente las tierras amazónicas y que desconfían de la inversión privada.
No se debe dejar de reconocer que los miembros de las comunidades tanto andinas como amazónicas, viven en su gran mayoría en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Algunas comunidades han logrado negociar con las empresas y han obtenido no solo desarrollo económico, sino respeto a sus costumbres y tradiciones.
Alberto Pizango pertenece a la comunidad indígena chayauita, es licenciado en educación primaria y tiene estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su discurso político no se limita a la defensa del orden tradicional, sino que tiene resonancias globales: defiende el derecho al territorio como un atributo de la identidad cultural de las comunidades originarias y proclama a los indígenas defensores del medio ambiente en lucha contra las empresas mineras, petroleras y forestales, responsables de la contaminación y la deforestación.
Los indígenas amazónicos consideran que en sus bosques, tierras y ríos habitan los espíritus que les dan sentido a sus vidas y que cohesionan a sus comunidades, y eso -como el lema de la tarjeta de crédito MasterCard- no tiene precio.
En la noche del jueves 21, una comisión del Congreso aprobó derogar los dos decretos en cuestión. Esto ha sido considerado un triunfo de los indígenas amazónicos que ya empiezan a abandonar sus medidas de fuerza. Además, revela la brecha entre un Ejecutivo dispuesto a todo por la promoción de la inversión privada, y un Parlamento más atento a las diferentes sensibilidades y racionalidades de un país multicultural.
sylviaubal@gmail.com