Por dinero sacan los Fox el cobre

Por Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS
Sostiene FCH red de impunidad

Mouriño, eslabón de complicidad

Cecilia Romero, clave ultraderechista

Cubanos involucrados en narcocrímenes

EEG y maestros hunden al país

Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún… A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias, gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón.

“Detrás de cada gran fortuna hay un delito”.
Louis Bourdaloue

Hace exactamente un año que la cínica ostentación de la riqueza que ilícitamente acumularon durante el sexenio pasado Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún llenó de indignación y rabia a los mexicanos, quienes exigieron, incluso en el Congreso de la Unión, castigo para la “pareja presidencial” y su parentela y amigos, que amasaron fortunas fabulosas al amparo de la sombra de Los Pinos. A la fecha, a pesar de las denuncias, las pruebas y las evidencias que comprueban el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, tanto “martita” como “chente”, sus hijastros y cómplices gozan de la impunidad que les ha garantizado Felipe Calderón Hinojosa y los integrantes de su gobierno, muchos de los cuales son parte de la red de complicidades que persiste en esta administración.

La razón de que no se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa a los Fox-Sahagún-Bribiesca, estriba en el hecho de que si Calderón se atreviera a fincarles responsabilidades a su antecesor, esposa e hijastros y demás delincuentes que los acompañan, para lo cual las evidencias con las que se cuentan y que fueron reunidas en el Congreso de la Unión son más que suficientes, el grupo político del guanajuatense podría presentar las pruebas de las operaciones irregulares que en los pasados comicios presidenciales le permitieron al michoacano llegar a la residencia oficial de Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”, lo que pondría en una muy incómoda posición a Calderón y evidenciaría, de una vez por todas, la ilegitimidad de su mandato y la estabilidad de su administración.
El tema de la riqueza de los Fox ha estado tapándose cada vez más con los errores y las pifias de la administración de Felipe Calderón, que se ha empeñado en ocultar los eslabones de la red de complicidad que lo unen con el anterior gobierno. Sin embargo, el tema sigue vivo y debe retomarse. Este jueves el asunto de la “explicable” riqueza de la familia del ex presidente fue puesto nuevamente a la luz pública al conocerse el pleito que sostienen el hermano del ex presidente, Cristóbal Fox Quesada, y su primo Vicente Quesada Fox, quien le exige al primero el reembolso de un pagaré por 845 mil 506 dólares, dinero que sirvió para evitar que la empresa Xtra Congelados quebrara en 2000 –propiedad de los hermanos Cristóbal y Vicente-, precisamente cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos de la mano de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Para que este asunto no pase a mayores, el ex presidente busca un acercamiento y conciliar entre su hermano y su primo a fin de evitar que la solución sea determinada en tribunales, ya que la demanda de Vicente Quesada fue presentada el 12 de noviembre en el Juzgado 38 de lo Civil en el Distrito Federal. El caso ya pasó de requerimiento a petición de embargo y ahora está en emplazamiento.
La insultante riqueza de los Fox, estimada en miles de millones de pesos, también salió a colación el pasado mes de julio, cuando el penalista y ex subprocurador general de la República, Marcos Castillejos, fue asesinado frente a su despacho en la colonia Condesa de la ciudad de México. El caso cobró relevancia porque el hijo del subprocurador, de nombre también Marcos Castillejos, fue uno de los más cercanos colaboradores del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Además, el despacho de los Castillejos llevó la defensa legal de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, quienes aprovecharon la sombra de Los Pinos para promover que las empresas Oceanografía y Blue Marine Technology Group obtuvieran contratos con el gobierno federal que les redituaron ingresos por alrededor de 24 mil millones de pesos entre 2002 y 2006.
Un mes después, en agosto, la Comisión Especial de diputados que investigó la legalidad de los negocios de los hermanos Bribiesca concluyó que las empresas Construcciones Prácticas y Fénix Administración de Activos, S de RL de CV, obtuvieron ilegalmente contratos y millonarias ganancias por subastas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), amparados en el poder que había acumulado su madre, Marta Sahagún, en la Presidencia de la República, lo que configuró el delito de tráfico de influencias durante el proceso.
Los primeros resultados de las investigaciones en torno al enriquecimiento de Los Fox las presentó, precisamente hace un año, Jesús González Schmal, quien encabezó la primera comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuando presentó las pruebas de que prestanombres de los hermanos Bribiesca-Sahagún compraron un paquete de activos de unas fábricas de textiles en Puebla que eran propiedad del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que les reportaron, junto con otras transacciones similares, beneficios económicos por alrededor de 6 mil millones de pesos.
Desde esa fecha, los diputados federales tenían elementos suficientes para demostrar los delitos cometidos por el guanajuatense y su parentela. Había copias de cheques, cotizaciones de propiedades, documentos legales y testimonios de personas. Sin embargo, toda una red de protección e impunidad fue tejida desde las más altas esferas del poder presidencial, en la que participaron Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ex secretarios de la Función Pública; Rosendo Villarreal, ex contralor de esa dependencia y director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos; Mario Beauregard, ex secretario ejecutivo del IPAB, y el ex procurador general de la República Daniel Cabeza de Vaca, titular de la notaria 58 en donde incluso se protocolizaron prestamos a los Bribiesca.
La red de protección legal para los Fox quedó consolidada desde el 29 de noviembre de 2006, un día antes de terminar la presidencia de Vicente Fox, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) “autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal “en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca”, quienes tenían una denuncia por presunto tráfico de influencias, fraude y delitos cometidos por servidores públicos interpuesta el 6 de abril de 2006 por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó a la empresa Construcciones Prácticas. Esa querella se basa fundamentalmente en la compra de cartera del IPAB, garantizada con un cheque personal de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por un millón 300 mil pesos, aún cuando la adjudicación se hizo a Construcciones Prácticas. Los hijos de Marta Sahagún pagaron en total 8.2 millones de pesos por activos que, en 1994, tenían un valor en libros de mil 250 millones de pesos.
En los meses subsecuentes, la PGR se negó a entregar información a la Cámara de Diputados acerca de todas las denuncias penales existentes contra las familias Fox Quesada y Bribiesca Sahagún. En otras dependencias federales se resintió la misma situación, los funcionarios se negaron a aportar información a las comisiones especiales de la Cámara Baja lo mismo en el Servicio de Administración Tributaria, el IPAB, el Infonavit, Pemex y la Dirección General de Aduanas, entre otros. El eslabón más fuerte de esta red de complicidad se encuentra precisamente en el palacio de Covián, en la secretaría de Gobernación, cuyo titular es Juan Camilo Mouriño, el número dos del gobierno federal.
Juan Camilo, delincuente confeso de la obtención de contratos en Pemex al amparo de sus responsabilidades públicas, tanto en la Secretaría de Energía como en la Cámara de Diputados, construyó en el sexenio pasado una gran relación con los Bribiesca-Sahagún, a quienes les facilitó la entrada en el negocio del transporte y renta de buques para transportar hidrocarburos. Diputados federales confirmaron que hay coincidencias en firmas de contratos de las empresas en las que tienen algún tipo de intervención tanto el actual secretario de Gobernación como los hijos de Marta Sahagún y hasta Javier Fox, hermano del ex presidente, precisamente cuando Juan Bueno Torio, senador del PAN, era director de Pemex Refinación, en el periodo 2003 a 2006.
Así, el saqueo de los Fox-Sahagún-Bribiesca y delincuentes que los acompañan seguirá impune mientras la red de complicidades con el gobierno federal no sea rota. Mientras tanto, los mexicanos seguiremos aguantándonos la ostentación de su riqueza evidenciada en sus lujosas propiedades, residencias y ranchos, sus impresionantes automóviles de lujo, sus aviones, sus joyas, sus playas privadas, sus empresas, sus centros y fundaciones, etcétera, adquiridas con acciones totalmente al margen de la ley, contemplados en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidades, entre otros ordenamientos.

Ineptitud y complicidad del INM
La Secretaría de Seguridad Pública informó este jueves que la Policía Federal detuvo en Cancún, Quintana Roo, a dos ciudadanos cubanos, Ricardo Coto Vázquez, de 39 años, y Yemiset Santan Lam, de 30. El hecho no tendría mayor relevancia sino fuera porque a estos extranjeros les encontraron en su poder un rifle AK-47, una pistola marca Glock, una granada de fragmentación, identificaciones mexicanas y cubanas y hasta una credencial de policía.
La detención de esos dos cubanos evidencia una vez más que en el Instituto Nacional de Migración, cuya titular es Cecilia Romero, no les preocupa en lo más mínimo conocer la posición de los extranjeros en el país, ni saber a qué actividades se dedican que les permite contar con fuertes cantidades de dinero, y mucho menos contribuir a investigar las denuncias en el sentido de que pertenecen, al igual que otros muchos extranjeros, a cultos narco-satánicos, que no están precisamente ligados a la santería o a la adoración de la Santa Muerte, sino a grupos como los conformados por los llamados “narco satánicos”, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Villarreal Aldrete, que en la década de los 80’s. se establecieron en Matamoros, Tamaulipas.
Grave en verdad es el enraizamiento en nuestro país de estos peligros grupos de fanáticos que además de dedicarse a actividades ilegales como el narcotráfico, el secuestro, el robo y la venta de protección a empresarios y comerciantes, centran sus actividades en cultos de “magia negra” que los llevan a cometer crímenes indescriptibles como los descubiertos en 1989 en el rancho Santa Elena, en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en donde fueron descuartizadas doce personas a quienes se les extirparon el corazón y el cerebro en extraños rituales; la cifra de doce coincide con los decapitados en Yucatán hace apenas unos días y que se presume también fueron ultimados no sólo por castigos impuestos de la mafia sino por celebraciones de esta naturaleza.
Ante estos hechos la Procuraduría General de la República, las procuradurías estatales y en Instituto Nacional de Migración han revelado una gran incapacidad. En el caso del INM, la titular Cecilia Romero Castillo, recurre a las justificaciones en torno a la falta de personal, bajos presupuestos –a pesar de las ampliaciones presupuestales que ha tenido año con año-, crecimiento del flujo migratorio y la corrupción de agentes migratorios involucrados en las redes de tráfico de personas para tapar su ineficiencia.
El caso de los dos cubanos detenidos en Quintana Roo lleva de inmediato a recordar el penoso rescate de 33 cubanos ilegales que fueron asegurados por la Armada de México en Cancún, el 11 de junio, y liberados por un grupo armado en el trayecto de ese centro turístico a la base migratoria de Tapachula, Chiapas, y que, finalmente, librando todos los controles de las autoridades mexicanas, fue confirmada su localización, sanos y salvos, en territorio estadounidense en donde se acogieron a las bondades de la legislación de ese país para cubanos con “pies secos”.
Ese hecho derivó en el arraigo de nueve funcionarios del INM, quienes fueron acusados por la PGR de tráfico de personas y de violación de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, y a quienes doña Cecilia Romero sigue defendiendo. La razón de eso es simple: Cecilia Romero es una digna representante de la ultraderecha mexicana, cuya actuación y abierta complicidad es totalmente evidente al frente del Instituto Nacional de Migración con los grupos anticastristas norteamericanos que patrocina el propio gobi.erno de los Estados Unidos, tal y como se lo hemos referido ampliamente en colaboraciones anteriores.
La Romero, en su afán por quedar bien, tanto con los grupos de derecha en nuestro país como los reaccionarios en Estados Unidos, y en un vano intento de verse involucrada del todo, ha permitido la entrada en México de la escoria cubana. Y aquí están los resultados.

De los pasillos
La indignación entre los padres de familia crece ante la posición adoptada por los maestros. Los alumnos siguen hundidos en la ignorancia. No hay clases. Y por si fuera poco llenan plazas y avenidas con marchas. Se dice que todo corresponde a una artimaña de la propia Elba Esther Gordillo, quien aparenta gran preocupación por todo este movimiento en contra de su proyecto Alianza por la Educación. Tal fuego encendido en varias entidades provocará que la maestra haga negociaciones con los gobernadores y que, apagando la lumbre por ella encendida, haga sentir que su poder no tiene límites.
En las entidades afectadas nada se dice en contra de los mentores y menos aún parecen las autoridades y los propios gobernadores estar dispuestos a descontarles un solo día de salario por temores falsamente fundados En ningún momento debería olvidarse que la Secretaría de Educación Pública Federal y las estatales son los patrones, ya que hoy parece que el patrón es el sindicato y a los gobernantes no les queda sino apechugar.
Aunque, a decir verdad, los patrones de ese sindicato cuyos trabajadores luchan con o sin razón por hacer efectivas sus demandas, son los padres de familia, el resto de ciudadanos que con nuestros impuestos liquidamos quincena tras quincena a quienes no están cumpliendo con su tarea. Con Elba Esther o sin Elba Esther también en el renglón educativo hay que poner un ¡ya basta! y no sólo porque estamos reprobados en calificaciones internacionales, sino porque hacia adentro la preparación en escuelas públicas de los infantes es vergonzosa.
Ya basta de lidercillos que acatan ordenes aún a sabiendas de que detrás sólo hay una comparsa porque, claro está, Calderón ni en ésta ni en otras, mientras este en el poder, abandonará a la Gordillo.
Andrés Manuel López se desmarca: “nosotros no queremos el derrocamiento de Calderón... Nosotros no estamos apostando a eso… Calderón se cae solo, se acaba de caer de una bicicleta… Que no nos metan a nosotros en sus argüendes”. El tabasqueño hizo esas declaraciones a su llegada al aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, en donde atajó que las versiones en ese sentido “se deben a una estrategia de Los Pinos porque ellos quieren manipular las cosas”… Con el permiso de ustedes nos retiramos unos días para descansar, por lo que estas líneas reaparecerán el próximo 23 de septiembre. Muchas gracias.