Autoridades de Chiapas protegen a los paramilitares que agreden a zapatistas

Un ex subprocurador brinda asesoría legal a la Opddic, revela el Centro Fray Bartolomé

Identificados, los hombres que atacaron al niño Carmelino Navarro en el municipio de Chilón

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 19 de octubre. El ataque con machete al niño Carmelino Navarro Jiménez en Ba’yulubmax, municipio oficial de Chilón, el pasado día 10, fue producto de la impunidad con que operan hoy grupos civiles considerados paramilitares, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Se trata del tercer intento de asesinato contra zapatistas de esa comunidad por parte, entre otros, de Juan Navarro Aguilar, José Navarro Deara y José Manuel Navarro Gómez, dirigentes de la Opddic en la localidad.

No obstante que siempre ha sido demostrada su condición de agresores, las autoridades judiciales los favorecen intentando perseguir penalmente a las víctimas. “La impunidad de los miembros de la Opddic es cobijada por autoridades estatales”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en un amplio análisis de la violencia en Ba’yulubmax.

Las autoridades autónomas zapatistas del municipio Olga Isabel aseveraron hace un año que esos miembros de la Opddic seguían una “estrategia legal” para inculpar sistemáticamente a los autónomos. Ésta ha sido asesorada, según revela ahora el CDHFBC, por David Gómez Hernández, abogado “con un pasado oscuro, ya que siendo subprocurador de Justicia Indígena fue señalado y sancionado administrativamente por coordinar y ordenar acciones para la remoción de evidencias en el lugar donde fue ejecutada la masacre de Acteal, Chenalhó”.

El notable respaldo del licenciado Gómez Hernández a la Opddic y sus procedimientos resultan consistentes con otras actividades suyas, evidentemente contrainsurgentes, como haber sido el “asesor” de la Secretaría de Desarrollo Social panista “para entrar en el territorio del municipio autónomo de Polhó, dividiendo a la comunidad al entregar apoyos económicos y productivos”, según el mismo análisis.

Juan Navarro Aguilar, uno de los agresores de Carmelino, fue de los organizadores del ataque, el 10 de agosto de 2007, a Leonardo Navarro Jiménez, quien recibió seis tiros calibre 22 y resultó herido de gravedad. Está demostrado que Navarro Aguilar disparó contra él. La junta de buen gobierno (JBG) de Morelia denunció entonces que Leonardo, base de apoyo del EZLN, “recibió una bala en la pierna derecha, otra en el costado izquierdo y una más en el labio superior, debajo de la nariz”.

El hijo de Leonardo, Juan Navarro Jiménez, acudió entonces en su auxilio, recibió un disparo en el hombro derecho “y casi al mismo tiempo un machetazo en la sien derecha”, detallaba la JBG. Los agresores culparon a los heridos del ataque, pero al probarse su culpabilidad las autoridades judiciales se vieron obligadas a liberar 13 órdenes de aprehensión contra los miembros de la Opddic.

Esto “debido a las irrefutables pruebas de la agresión y en seguimiento al procedimiento penal del expediente 112/2007”, documenta el CDHFBC. “Pese a la gravedad de la agresión armada contra bases zapatistas, el Ministerio Público se abstuvo de ejecutar el operativo que merecía (la situación) en Ba’yulubmax” y sólo detuvo a cuatro, dejando en la impunidad a nueve, “entre los que se encontraban los líderes del grupo armado”. Pese a las evidencias, “de manera ineficiente la fiscalía no fundó ni motivó sus alegatos en la averiguación previa”. Esto permitió a los miembros de la Opddic gestionar un amparo.

Los agresores, añade el CDHFBC, “al ver que su plan de liberar pronto a los detenidos no se concretaba”, mediante amenazas y disparos intentaron que la familia zapatista afectada se desistiera de la acción penal. Al no lograrlo continuaron sus agresiones en Ba’yulubmax, “y también comenzaron a amenazar y hostigar a las autoridades del municipio autónomo Olga Isabel”, a cinco kilómetros de la comunidad.

“En este marco de desesperación de los miembros de la Opddic”, apunta el análisis, el 10 de octubre “se consuma la agresión contra el niño Carmelino Navarro Jiménez”.