¿Quién se siente seguro aquí?

Arturo Rodriguez Garcia

MONTERREY, NL.- Ante el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en su lucha contra la inseguridad, los empresarios mexicanos que han decidido quedarse y no abandonar el país llegaron al límite y, en una reacción inusitada dentro de este sector, truenan contra la administración federal, el sistema de justicia y la inoperancia de los penales.
Los agremiados de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), en voz de su presidente nacional, Ricardo González Sada, no sólo cuestionan los operativos federales en los que interviene el Ejército, sino también la falta de controles en las corporaciones policiacas y la ausencia de instrumentos para desarticular las redes financieras de la delincuencia.
Luego de que, el pasado 1 de octubre, González Sada manifestó en Hermosillo que "al declararle la guerra al narcotráfico" el presidente de México "se aventó como El Borras", el dirigente empresarial precisa en entrevista con Proceso que Calderón salió "a dar palos, no totalmente a ciegas, pero sí con una visibilidad muy limitada".
Explica: La contaminación de las agencias de inteligencia y el desmantelamiento de sus capacidades para recabar información y alimentar a las fuerzas de seguridad -lo cual se produjo sobre todo durante "la mala administración" de Vicente Fox-, pudo llevar a asumir al actual gobierno, equivocadamente, que con la fuerza aplastante y la participación masiva del Ejército y las policías federales se iba a poder contener el problema de la inseguridad.
-Pero la Coparmex parecía tener mucha empatía con Calderón y con Fox. ¿En qué momento cambió su posición? -se le pregunta.
-La empatía de la Coparmex es hacia el país. Si hay un gobierno de PRI, PAN o PRD, lo que debe motivarnos a aplaudir, señalar o criticar se relaciona con "el deber ser", porque hay gente muy competente en el PRD, en el PT, en el PRI, en el PAN, y gente muy inepta en todos esos institutos políticos. Tenemos que analizar las propuestas y las acciones. No somos comparsas de nadie, pésele a quien le pese -responde, y recuerda que la Declaración de Principios de la Coparmex define al organismo como apartidista y no confesional.
En lenguaje empresarial, González Sada califica a la delincuencia como "una actividad de alto rendimiento y bajo riesgo", ya que de 98 a 99% de los delitos quedan impunes.
Critica los modelos y los cuerpos de investigación policiaca, infiltrados y corrompidos, que carecen de equipos confiables de inteligencia; señala que los Ministerios Públicos no sólo no investigan, sino que desestimulan la denuncia, volviendo los procesos un calvario para las víctimas, amén de que son incapaces de integrar averiguaciones sólidas.
A ellos les siguen los jueces, quienes, en caso de que lleguen a iniciar un proceso, se corrompen para luego absolver; o bien, cuando dictan sentencias condenatorias, los delincuentes son enviados a un sistema de readaptación social que prácticamente les instala oficinas en el interior de los penales, donde siguen operando, y muchas veces salen preliberados con demasiada anticipación y sin evidencias de readaptación.
Por eso sentencia: "La impunidad es el fundamento del crimen: hay rentabilidad, porque es actividad de bajo riesgo y no pasa nada. Ese es un incentivo muy perverso. En términos generales, la base está, estadísticamente hablando, en que a 98% de los delincuentes no les ocurre nada. Y eso invita a delinquir".
"El gobierno debe hacer su chamba"
La inseguridad y el miedo en que viven los empresarios los han llevado a marchar con la demanda de erradicar la violencia, a hacer propuestas de mejora a las políticas de seguridad, a la creación de observatorios ciudadanos y, en algunos casos, a la salida de territorio nacional.
Así, luego de incontables secuestros e intentos de extorsión en el país, como los casos de Fernando Martí y Silvia Vargas, el presidente de Femsa, José Antonio Fernández, interrogado sobre si se sentía seguro en Monterrey, respondió: "¿Quién se siente seguro aquí?", mientras que al presidente y director general del Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, se le atribuyó una carta donde indicaba que para salvaguardar la integridad de su familia y no comprometer la línea editorial de su empresa periodística, a causa de la inseguridad, se había mudado a Texas.
En la carta, dada a conocer el 12 de septiembre por la revista digital Reporte Índigo y presuntamente dirigida al gobernador Natividad González Parás, se atribuyeron a Junco de la Vega, entre otras, las siguientes frases:
"Estaba en un dilema: comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a la familia a un lugar seguro. Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la han perdido y han emigrado."
A su vez, Federico Toussaint Elosúa, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), que aglutina a la mayoría de los industriales de esta ciudad, advirtió en una entrevista con el reportero Juan Carlos Rodríguez que la ola de secuestros puede afectar las inversiones.
"Tenemos los reportes -de empresarios maquiladores- de secuestros y robos y, con ello también, el aviso de que posiblemente cierren si no se hace algo al respecto."
También presidente y director general del Grupo Lamosa, Toussaint Elosúa ha mantenido una postura crítica ante las políticas oficiales de seguridad, especialmente en el estado de Nuevo León, donde se integró un centro independiente financiado por empresarios dedicado a temas relacionados con la inseguridad.
Por su parte, Ricardo González Sada manifiesta que la situación actual tiene un fuerte impacto en las inversiones. "Se percibe
-expresa a Proceso- un ambiente en el que, al igual que en otras entidades, existe incertidumbre y, obviamente, eso merma el grado de optimismo y de agresividad de los proyectos de inversión".
Los empresarios, continúa, están destinando más recursos para monitorear el transporte de mercancías e insumos, instalar cámaras de vigilancia en las rampas de embarque y recepción, aumentar el número de veladores, pagar mayores primas de seguro por robo... y todo eso está representando un gasto más elevado debido al incumplimiento del pacto social".
Además, los empresarios sienten desconfianza e incertidumbre con el Acuerdo Nacional por la Seguridad que firmaron con Felipe Calderón, ya que, afirma González Sada, "no hay fechas, no hay compromisos concretos que permitan medir el cumplimiento de las metas específicas, y tampoco existe claridad en las consecuencias que se tendrían en caso de que los responsables no cumplan con el encargo".
A eso se debe que las familias de empresarios, residentes en su mayoría en el municipio de San Pedro Garza García, hayan impulsado la creación de un Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C-4) que, por sus características, ha sido rechazado por diversos organismos civiles de derechos humanos y asociaciones de abogados.
Leonel Jasso, de Protección Jurídica Monterrey, refiere que, para echar a volar el C-4, el gobierno del estado tuvo que proponer y conseguir la aprobación de una Ley de Seguridad, con el fin de dar fundamento jurídico a una base de datos que integraría a todos los que hayan cometido desde faltas administrativas y de tránsito hasta delitos graves. Considera que esto es anticonstitucional.
El C-4 fue inaugurado por Felipe Calderón el 17 de septiembre, con una inversión de 111 millones de pesos, aportados por el ayuntamiento y el gobierno federal. Cuenta con equipo para un monitoreo inteligente apoyado por 2 mil cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, y será integrado al Programa Nacional Plataforma México.
Pero Consuelo Morales Elizondo, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), advierte que la creación del "Registro de la Estadística Delictiva", que pretende incluir la información de procesados, el tratamiento de menores, asuntos atendidos por jueces calificadores estatales y municipales, reportes de incidencias, averiguaciones previas, víctimas de delito, entre otros, se debe considerar violatoria del derecho a la intimidad, además de que conductas antisociales no graves de menores de edad pueden ser automáticamente equiparadas con delitos.
Para Ricardo González Sada, lo que ocurre es que hay psicosis, puesto que la inseguridad es generalizada: "desde la muchacha que asaltan al bajarse del transporte público hasta los delitos contra gente con mayores recursos".
Esto, afirma, obliga a los ciudadanos a pagar doblemente la seguridad, ya que mientras el trabajador destina una cantidad importante de su salario o ahorros para poner rejas en las ventanas de su casa, personas de mayores recursos procuran de múltiples formas sus medidas de seguridad.
Los empresarios del país, dice, apuestan por un fortalecimiento del estado de derecho, no por emprender por su cuenta la persecución de delincuentes y mucho menos juzgar fuera del estado de derecho. "Esto es clarísimo. Y tampoco debemos sumarnos a esos comentarios que a veces se hacen, en el sentido de que resolver el problema es responsabilidad de todos. No. La responsabilidad es de la autoridad; la de la sociedad, es exigir a la autoridad que haga su chamba". l