Constitución, autonomía e hidrocarburos en Bolivia

Barómetro Internacional

Por Israel López Montaño*

El año 2005, el pueblo boliviano decide en las elecciones presidenciales del 18 de diciembre derrocar por vía democrática y electoral a los representantes de los intereses neoliberales y latifundistas en Bolivia. Evo Morales, con el 54 % de los votos logró que por primera vez un candidato obtenga la presidencia por mayoría absoluta, situación contrastada con la pseudos democracia que se ejercía durante los gobiernos derechistas del MNR, ADN (actual PODEMOS), MIR, UCS, entre otros, donde el candidato de menor apoyo lograba ser nombrado Presidente Constitucional en el Congreso Nacional, gracias a las alianzas y reparto de prebendas del aparato burocrático Estatal.

Esa misma clase política, que hoy se rasga las vestiduras por la democracia boliviana, son los mismos que materializaron las directrices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de privatizar todas las empresas del Estado, ocasionando gravísimos traumas sociales, producto del atropello de las transnacionales y sus políticas de enriquecimiento irracional hacia los ciudadanos.

La guerra del agua del año 2000 y la guerra del gas de 2003, fueron acontecimientos que despertaron el nacionalismo y las demandas históricas del pueblo boliviano, que se canalizaron en la Agenda de Octubre, donde las exigencias básicas eran la nacionalización de las empresas privatizadas, el afianzamiento de la reivindicación marítima y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar las instituciones heredadas del sistema colonial y latifundista.

Estas exigencias populares fueron en gran medida materializadas por el gobierno de Evo Morales, situación que ha irritado a la clase política, social y económica tradicional de Bolivia, y obligado a adoptar una política de desestabilización con apoyo del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Básicamente la acción desesperada de estos grupos minoritarios atrincherados en prefecturas departamentales es optar por el desmembramiento del poder político y administrativo del Estado boliviano, a fin de asegurarse la tenencia y explotación directa de los recursos energéticos y mineralógicos.

La estrategia trazada por la derecha política y empresarial, consiste en promover una autonomía plena, para así ellos disponer de la concesión del gas a las grandes transnacionales. Además, están resueltos a frenar la nueva Constitución Política del Estado, elaborada y aprobada por la Asamblea Constituyente, porque en ella se encuentran plasmados los candados legales para evitar la enajenación de las riquezas naturales.

La excusa de la autonomía plena esgrimida por los separatistas, se contradicen con el espíritu de las autonomías regional, departamental e indígena plasmadas en la nueva constitución, pues el objetivo es frenar cualquier medida de cambio que posibilite mayor beneficio para los sectores sociales mayoritarios en Bolivia. El pueblo boliviano rechazó las autonomías departamentales a través de un referéndum consultivo efectuado el 12 de julio de 2006, pese a ello, los separatistas implementaron una ilegal, inconstitucional y unilateral consulta donde fueron juez y parte para emitir el resultado favorable a sus intereses. De esta manera se sintieron sumamente confiados, por la campaña mediática desplazada, y decidieron que era un momento oportuno para revocar al Presidente Evo Morales.

Los hechos y resultados durante el referéndum revocatorio del 10 de agosto, fueron elocuentes. La población respalda en 67% la gestión de Morales y Linera, revoca a dos prefectos contrarios a los cambios del gobierno nacional, y ratifica a los prefectos de la “media luna”. Por ello, el Presidente boliviano en una clara y acertada posición al tema de la autonomía, promueve que sea implementada en el marco de la constitución y convoca a los prefectos sediciosos a un diálogo constructivo.

Los separatistas, interpretan la vocación democrática y de diálogo de Morales como una debilidad y deciden emprender el golpe cívico prefectural para derrocar al gobierno, frenar la aprobación de la nueva constitución y promover el separatismo con la toma violenta de las instituciones del Estado. La violencia emprendida por estos sectores fascistas llegó al extremo de explotar el racismo y genocidio de la población disidente a sus imposiciones. La masacre de Pando, constituye la verdadera careta de los separatistas, quienes apoyados en paramilitares pretendían imponer el caos y miedo para materializar el Golpe de Estado, pero la paciencia y voluntad de paz privó en los sectores sociales mayoritarios que apoyan el proceso de cambio y liberación. Por ello, afirmamos sin restricción que el Presidente Morales y los movimientos sociales constituyen la única garantía de paz y justicia en Bolivia.

El pueblo boliviano esta conciente, de la responsabilidad histórica que le toca vivir, tanto para el beneficio nacional y latinoamericano. El pronunciamiento de Unasur, rechazando la injerencia y apoyando la soberanía e integridad de Bolivia es un golpe rotundo a los separatistas, y los intereses de los Estados Unidos en América del Sur. La batalla aún continua, ahora el pueblo boliviano debe enrumbar toda la organización social hacia la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en diciembre del presente año, para desterrar de una vez por todas el latifundio, el racismo y la exclusión en Bolivia.

* Internacionalista Boliviano