Los años perdidos

Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas

Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación.

Cuando el pasado 12 de septiembre el presidente Felipe Calderón dijo en el Heroico Colegio Militar y ante los altos mandos del Ejército que era imperioso “recuperar el control del Estado y de su territorio en todos sus frentes”, nadie pareció tomarlo en serio, pues se creyó que era más bien un estribillo discursivo que una realidad.
Pero días después él mismo se encargaría de sacar de su error a todos aquellos que no creyeron que se había perdido el control del estado, con el envío al Congreso de su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si ante los militares dijo que se había perdido el control del estado, ante los legisladores descubrió que “los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso”.
¿Y por qué… por qué no se ha logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional?
También él mismo lo explica en la exposición de motivos de su iniciativa: “si este tema no es atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención”.
Por fin, el presidente Calderón se ha dado cuenta que “la contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea”.
Además, confluye también en el fracaso “una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se traducen finalmente en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal”.
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación. Y todo parara en eso: pero se han perdido recursos millonarios y lo más importante, muchas vidas humanas se perdieron porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen.
Lo dijo Calderón, pero ya antes distinguidos miembros del Ejército lo habían advertido: una guerra en contra del crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales sean nacionales o extranjeros. “Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”.
Los analistas militares también han dicho que “en la actual guerra en contra del crimen organizado y el narcotráfico se debe evitar la confrontación inútil y reactiva del Estado mexicano”.
Pero tampoco nadie hace caso de lo que dicen los militares, y por ello los narcotraficantes o quienes estén atrás de ellos, saltan al escenario como salvadores de la patria.
El lunes pasado, en diversas ciudades de la república volvieron a aparecer las famosas narcomantas presuntamente firmadas por el “Cartel del Golfo”, en las que no sólo se deslindan de los atentados en Morelia la noche del pasado 15 de septiembre, sino que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares para quien proporcione información para capturar a los culpables. En dichas mantas invitan a la gente a unirse a su organización donde “tendrán todo nuestro apoyo”.
Por ahí asoma ya la respuesta a una de tantas preguntas que se han hecho en este espacio: hasta ahora los únicos beneficiarios de este desastre han sido los delincuentes y quienes los protegen.
Pero Calderón ya sabe porqué no avanzamos en seguridad pública, ¿no será tiempo de que haga algo al respecto?

De imaginaria
La Federación de Militares Retirados “Gral. Francisco J. Múgica”, sigue muy activa en el proceso de aprobación de la nueva Ley para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFAM. El pasado 30 de septiembre un grupo de militares retirados, aunque reducido, muy representativo: dos generales, nueve jefes y 22 individuos de tropa, marcharon del Zócalo a la Cámara de Diputados para exponer sus puntos de vista sobre la ley. Cuán sería su sorpresa cuando el diputado de extracción militar, general Justiniano González Betancourt, ni los vio ni los oyó. Eso se llama “espíritu de cuerpo”.