País de Riesgo
MÉXICO, D.F., 7 octubre (apro).- En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El crecimiento del crimen organizado es el mayor riesgo, pero también están algunas autoridades que ante cualquier cuestionamiento reaccionan con amenazas directas o disfrazadas en demandas judiciales.
Del 2000 a la fecha se tienen registrados 21 reporteros muertos y 7 desaparecidos, lo que convierte a México en el país de mayor riesgo de América Latina para ejercer esta actividad.
La violencia producto del narcotráfico ha sido la principal circunstancia en la se han visto involucrados los casos de los periodistas asesinados o desaparecidos, pero también los hay por razones políticas.
Relacionados con el narcotráfico, son ejemplares los casos de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, de Sonora; Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz; Roberto Javier Mora García, subdirector del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, en Baja California; Francisco Arriata Saldierna, del diario El Regional, en Matamoros; y Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, en Escuinapa, Sinaloa. Todos ellos asesinados en 2004.
Por aspectos políticos destacan los casos de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras y reporteras de "94.9 FM La Voz que Rompe el Silencio" de la región Triqui, Oaxaca, que fueron asesinadas en una emboscada el 7 de abril pasado por los grupos caciquiles de la zona que estaban inconformes por las denuncias que se hacían.
Hasta la fecha ninguno de los expedientes de los periodistas muertos o desaparecidos ha sido resuelto por los gobernadores de sus respectivos estados ni por el gobierno federal. No hay responsables de estas agresiones; y ante este ambiente de indolencia oficial y de impunidad de los sicarios algunos medios decidieron no volver a tocar el tema del narcotráfico.
Pero no por eso han dejado de existir las presiones a las y los periodistas que, en un afán informativo, publicaron temas escabrosos para grupos o personajes políticos.
El caso de Lydia Cacho y los intentos de violación y amenazas de muerte por órdenes de Kamel Nacif, confabulado con el gobernador de Puebla, Mario Marín, luego de haber publicado la existencia de una red de pederastia en la que están políticos poderosos, ha sido el más conocido por la opinión pública nacional e internacional.
Sin embargo hay otros casos de periodistas amenazados que se han mantenido en confidencialidad por decisión de los directivos de los medios donde laboran.
Las amenazas contra los periodistas que se atreven a publicar noticias incómodas para los grupos del narcotráfico y contra autoridades -a veces íntimamente vinculadas--, es ya una constante. A veces esas amenazas no llegan a aplicarse pero son utilizadas para atemorizar e inhibir a los reporteros para que dejen de escribir sobre el tema. Estas amenazas van desde llamadas telefónicas hasta declaraciones en contra de los periodistas.
Este último caso es el de Anabel Hernández, reportera del semanario electrónico Reporte Índigo, que en últimas fechas ha publicado sendos reportajes de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, que han estado involucrados en actos ilegales.
Con pruebas en la mano, Anabel fue quien reveló que siendo agente favorita de la Secretaría que encabeza García Luna, la "comandante Lore" fue una de las responsables del secuestro de Fernando Martí. Esto fue ocultado por el funcionario cuando las investigaciones apuntaban que habían participado agentes federales a su cargo.
Semanas después la reportera volvió a publicar otro escándalo de otro funcionario de la misma Secretaría. Se trata nada más y nada menos que del coordinador general de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 estuvo acusado de triple homicidio calificado. En ese entonces hubo órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron porque lo protegió Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal.
A raíz de estas publicaciones, diversas autoridades de la Secretaría a cargo de Genaro García Luna han dicho que se les hace extraño cómo la reportera ha conseguido la información e incluso deslizaron la especie de que grupos del crimen organizado eran quienes le suministraban los expedientes.
La sola mención de este tipo de sospechas pone en riesgo a la reportera, quien por no cejar en su búsqueda de información podría ser agredida y las autoridades aprovecharían la justificación de un ataque de cualquier grupo.
Ante esta posibilidad Anabel Hernández interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual le dio trámite e inició una indagatoria "por amenazas veladas que la intimidan, pueden afectar su seguridad y violar su derecho a la libre expresión".
La situación por la que atraviesa la periodista autora de los libros Fin de fiesta en Los Pinos y La familia presidencial --este último en coautoría con Areli Quintero--, es ilustrativa del difícil contexto que existe para el trabajo de los periodistas en el México de hoy. Situación que parece no tener una solución si vemos la displicencia con la que vienen actuando las autoridades federales y estatales en todos los casos de periodistas desaparecidos y, al mismo tiempo, la cultura de la impunidad que ha posado sus reales en los dos últimos gobiernos.
Del 2000 a la fecha se tienen registrados 21 reporteros muertos y 7 desaparecidos, lo que convierte a México en el país de mayor riesgo de América Latina para ejercer esta actividad.
La violencia producto del narcotráfico ha sido la principal circunstancia en la se han visto involucrados los casos de los periodistas asesinados o desaparecidos, pero también los hay por razones políticas.
Relacionados con el narcotráfico, son ejemplares los casos de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial, de Sonora; Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz; Roberto Javier Mora García, subdirector del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta, en Baja California; Francisco Arriata Saldierna, del diario El Regional, en Matamoros; y Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, en Escuinapa, Sinaloa. Todos ellos asesinados en 2004.
Por aspectos políticos destacan los casos de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras y reporteras de "94.9 FM La Voz que Rompe el Silencio" de la región Triqui, Oaxaca, que fueron asesinadas en una emboscada el 7 de abril pasado por los grupos caciquiles de la zona que estaban inconformes por las denuncias que se hacían.
Hasta la fecha ninguno de los expedientes de los periodistas muertos o desaparecidos ha sido resuelto por los gobernadores de sus respectivos estados ni por el gobierno federal. No hay responsables de estas agresiones; y ante este ambiente de indolencia oficial y de impunidad de los sicarios algunos medios decidieron no volver a tocar el tema del narcotráfico.
Pero no por eso han dejado de existir las presiones a las y los periodistas que, en un afán informativo, publicaron temas escabrosos para grupos o personajes políticos.
El caso de Lydia Cacho y los intentos de violación y amenazas de muerte por órdenes de Kamel Nacif, confabulado con el gobernador de Puebla, Mario Marín, luego de haber publicado la existencia de una red de pederastia en la que están políticos poderosos, ha sido el más conocido por la opinión pública nacional e internacional.
Sin embargo hay otros casos de periodistas amenazados que se han mantenido en confidencialidad por decisión de los directivos de los medios donde laboran.
Las amenazas contra los periodistas que se atreven a publicar noticias incómodas para los grupos del narcotráfico y contra autoridades -a veces íntimamente vinculadas--, es ya una constante. A veces esas amenazas no llegan a aplicarse pero son utilizadas para atemorizar e inhibir a los reporteros para que dejen de escribir sobre el tema. Estas amenazas van desde llamadas telefónicas hasta declaraciones en contra de los periodistas.
Este último caso es el de Anabel Hernández, reportera del semanario electrónico Reporte Índigo, que en últimas fechas ha publicado sendos reportajes de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, que han estado involucrados en actos ilegales.
Con pruebas en la mano, Anabel fue quien reveló que siendo agente favorita de la Secretaría que encabeza García Luna, la "comandante Lore" fue una de las responsables del secuestro de Fernando Martí. Esto fue ocultado por el funcionario cuando las investigaciones apuntaban que habían participado agentes federales a su cargo.
Semanas después la reportera volvió a publicar otro escándalo de otro funcionario de la misma Secretaría. Se trata nada más y nada menos que del coordinador general de Inteligencia, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 estuvo acusado de triple homicidio calificado. En ese entonces hubo órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron porque lo protegió Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial del Distrito Federal.
A raíz de estas publicaciones, diversas autoridades de la Secretaría a cargo de Genaro García Luna han dicho que se les hace extraño cómo la reportera ha conseguido la información e incluso deslizaron la especie de que grupos del crimen organizado eran quienes le suministraban los expedientes.
La sola mención de este tipo de sospechas pone en riesgo a la reportera, quien por no cejar en su búsqueda de información podría ser agredida y las autoridades aprovecharían la justificación de un ataque de cualquier grupo.
Ante esta posibilidad Anabel Hernández interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual le dio trámite e inició una indagatoria "por amenazas veladas que la intimidan, pueden afectar su seguridad y violar su derecho a la libre expresión".
La situación por la que atraviesa la periodista autora de los libros Fin de fiesta en Los Pinos y La familia presidencial --este último en coautoría con Areli Quintero--, es ilustrativa del difícil contexto que existe para el trabajo de los periodistas en el México de hoy. Situación que parece no tener una solución si vemos la displicencia con la que vienen actuando las autoridades federales y estatales en todos los casos de periodistas desaparecidos y, al mismo tiempo, la cultura de la impunidad que ha posado sus reales en los dos últimos gobiernos.
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