Desvía gobierno de Oaxaca 252.7 millones de pesosOaxaca es considerado el segundo estado más pobre del país: lugar donde las desigualdades económicas y sociales, en pueblos y comunidades, se agudizan aceleradamente.
El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) fallaron a su primer objetivo: el bienestar social y el desarrollo de la entidad; pero también fueron causa de un posible daño a la hacienda pública.
Veintiuno de los municipios oaxaqueños se encuentran entre los 50 con el menor índice de desarrollo humano del país. Los posibles daños al erario y las diversas irregularidades evidenciadas en la última fiscalización al gobierno de Ulises Ruiz son, de acuerdo con la ASF, de “alto impacto” y en detrimento de la población oaxaqueña.
Ataque a la salud
El monto de las irregularidades calculadas por la ASF en el rubro de salud fue de 141 millones 560 mil pesos, que corresponde a anomalías en pagos de personal adscritos a los centros de salud; “pagos no justificados de ocho personas”, de las que se desconoció el centro de trabajo y no se presentaron las tarjetas de asistencia correspondientes; pagos indebidos de intereses; la no aplicación de penas a proveedores que incumplieron contratos; pagos indebidos de facturas canceladas por concepto de medicamentos.
Respecto del Fassa, el informe revela que ese fideicomiso incumplió 60 metas. De éstas, diversas irregularidades corresponden a un probable daño al erario por 70 millones 356 mil pesos. Y es que, para el ejercicio 2006, Oaxaca recibió 1 mil 760 millones 298 mil pesos del Fassa, que equivalen al 4.3 por ciento del total asignado para ese año. El recurso destinado a todo el país fue de 40 mil 674 millones 332 mil pesos. La muestra auditada fue de 1 mil 302 millones 362 mil pesos, 74 por ciento de los recursos asignados.
El órgano fiscalizador detectó diversas irregularidades en la operación de los recursos auditados: se identificó la inexistencia de mecanismos de control administrativo que regulen los pagos del personal; que no hay control ni abasto de medicamentos, lo que ha derivado en la caducidad e inutilidad de los mismos; y que los manuales de organización y procedimientos, así como la estructura organizacional de los Servicios de Salud de Oaxaca, no están actualizados ni autorizados.
De la auditoría 06-0-33020-10-522, que tuvo como propósito la revisión y verificación de los recursos del Fassa, se desprendieron 29 observaciones que generaron igual número de acciones “de alto impacto”: 17 recomendaciones, ocho pliegos de observaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria: todas orientadas a “promover la sanción de servidores públicos infractores; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control”.
Las áreas revisadas por el órgano fiscalizador fueron la Dirección de Planeación y Desarrollo; la Subdirección de Recursos Financieros; la Subdirección Administrativa; las jurisdicciones sanitarias de Valles Centrales, Costa, Mixteca y Sierra; los hospitales generales de Pochutla, Pinotepa Nacional, Huajuapan de León; Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso; Hospital de la Niñez Oaxaqueña; los centros de salud de San Bartolo Coyotepec, Doctor Manuel Martínez Soto, Colonia Estrella, Santa Catarina Quiane, San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido, Aviación, San Sebastián Abasolo, Santa Anna del Valle, San Sebastián Progreso, San Francisco Lachigolo y Vicente Guerrero, dependientes de los Servicios de Salud de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas estatal.
Daño a la infraestructura social
El monto de los recursos federales destinados al FISE, para 2006, ascendió a 3 mil 452 millones 383 mil pesos. De ese total, Oaxaca recibió 334 millones 32 mil pesos a través de dicho fondo, lo que representó 9.7 por ciento del total asignado en todo el país. En este caso, la administración y la operación de los recursos son poco claras, según el máximo órgano de fiscalización de México.
A solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF (oficio CVASF/LX/1033/07), se determinó la revisión y diversas auditorías “directas” a los fondos del Ramo 33, operados por el gobierno de Oaxaca. El monto de las irregularidades ascendió a 111 millones 142 mil pesos, que implican un probable daño al erario público por 109 millones 213 mil pesos.
La muestra fiscalizada fue de 145 millones 385 mil pesos, que significó el 43.5 por ciento del total de los recursos ministrados. La revisión 06-0-33020-10-975, que la ASF aplicó para conocer el destino de los recursos del FISE, revela que “existen deficiencias en el ejercicio del fondo que manejan los municipios, debido a una deficiente supervisión de los organismos estatales responsables de su operación y control”.
Por otra parte –según el mismo reporte– al órgano fiscalizador se le dificultó la identificación y control de los recursos del FISE, que administraron los “entes ejecutores” del gasto, porque utilizaron varias cuentas para su recepción y manejo; asimismo, la comprobación de los recursos no se realizaron oportunamente.
Las áreas fiscalizadas fueron las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas y de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Oaxaca; la Coordinación General del Coplade; Caminos y Aeropistas de Oaxaca; el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; la Comisión Estatal del Agua; la Procuraduría de Colonias Populares del Estado de Oaxaca, y los municipios de Ciudad Ixtepec, Santa Catarina Juquila, San Pedro Pochutla, Putla Villa de Guerrero, Santiago Lachiguiri, Santa María Zacatepec, San Miguel del Puerto, Coatecas Altas, Acatlán de Pérez Figueroa, Santo Domingo Ingenio, San Antonino Castillo Velazco, Santiago Niltepec, San José Independencia, Santo Domingo Chihuitán, Santiago Huajolotitlán, Salina Cruz y Santiago Minas.
La dependencia encargada de la auditoría de los recursos públicos determinó como “probables de recuperar” 109 millones 213 mil pesos, consistentes en recursos destinados a ocho obras que no atienden la pobreza extrema; ausencia de la documentación comprobatoria del gasto sin los requisitos fiscales correspondientes; falta de amortización de anticipos; pago de precios unitarios diferentes a los autorizados originalmente; falta de documentación comprobatoria y pago en exceso en la compra de bienes.
“El gobierno estatal no cumplió de manera adecuada con el objetivo del fondo, al destinar 10 millones 950 mil pesos para la ejecución de ocho obras que no benefician directamente a sectores de la población que se ubican en rezago social y pobreza extrema”, cita el documento.
Además, para diciembre de 2006, el gobierno de Ulises Ruiz no había ejercido 225 millones 186 mil pesos, que representan el 67.4 por ciento del total del fondo, lo que además de impactar en las metas previstas para ese ejercicio propició que “la atención de las necesidades de provisión de infraestructura básica para la población en pobreza extrema no se realizara oportunamente”.
Como resultado de la auditoría se emitieron 36 observaciones que generaron 38 acciones: 16 recomendaciones, tres solicitudes de aclaración-recuperación, ocho pliegos de observaciones, una recomendación al desempeño y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Asimismo, a razón de los resultados de “alto impacto”, el máximo órgano fiscalizador consideró promover la sanción de servidores públicos infractores y la recuperación de recursos económicos para la hacienda pública federal.
El informe concluyó que los recursos destinados a obras no beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Ulises Ruiz y con sus secretarios de Salud y Desarrollo Social. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
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