Revanchismo

Gilberto López y Rivas
La Jornada

Los integrantes de la comisión negociadora del Movimiento Magisterial de Bases Morelense (MMBM) y otros trabajadores adscritos al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) que se distinguieron por su activismo en repudio de la Alianza por la Calidad de la Educación, recibieron un citatorio de la dirección jurídica de ese instituto como parte de la campaña revanchista del gobernador panista Marco Adame Castillo.

En contraste, todos los firmantes de la minuta de acuerdos con el gobierno del estado y con la presencia de los concejales nacionales del SNTE enviados por Elba Esther Gordillo para comprar conciencias, han sido “comisionados” por el sindicato para diversas “tareas gremiales” y para servir como “representantes” del profesorado en las mesas de trabajo instaladas por Adame con las que supuestamente ha dado fin al conflicto. Así, el panismo premia la felonía y castiga la insumición.

En muchas escuelas, los integrantes del MMBM, tanto directivos como profesores, han sido impedidos de ingresar a sus centros de trabajo por padres de familia, autoridades municipales e incluso personas ajenas a las comunidades, todos ellos dirigidos por el Partido Acción Nacional, que actúa como la coordinación política del revanchismo.

Muchos profesores no han recibido su pago quincenal y priva un ambiente de zozobra e incertidumbre con el que se pretende atemorizar y desarticular al movimiento, aprovechando el cansancio y desgaste de sus sectores más vulnerables y débiles.

El citatorio firmado por José Luís Reyes Macedo, director jurídico del IEBEM, es una muestra significativa del carácter reaccionario de los gobiernos panistas.

Personalizado a cada integrante de la comisión negociadora, el documento los responsabiliza de las protestas y paros de los maestros llevados a cabo en Morelos para dejar sin efecto el acuerdo inconsulto firmado por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, transcribiendo inclusive el contenido de las mantas y pancartas colocadas en los planteles educativos.

El documento refiere de “actos de protesta y violencia” en los que incurren los inculpados, tales como: “bloqueo de vías de comunicación”; “manifestación ante instalaciones de medios de comunicación, en donde efectuaron consignas ofensivas en contra de ellos”; “toma de instalaciones del Palacio de Gobierno del estado de Morelos”; “un plantón de 40 días en forma permanente en el Zócalo de Cuernavaca, Morelos… poniendo diversas mantas que contienen mensajes denigrantes en contra del gobierno del estado de Morelos y de las autoridades educativas”; se les acusa también del contenido de los “gritos y porras” (sic), mismos que se incluyen en el escrito, en un arranque de humor involuntario: “Se busca gobernador, que sepa gobernar, que no sea corrupto”, “El gobierno es inepto para gobernar y para respetar los derechos laborales”, “La nueva gobernadora de Morelos: Elba Esther”, “Ratas, corruptos, vendidos, ineptos, incapaces, ignorantes, faltos de liderazgo”, etcétera, todo lo cual es, en realidad, una descripción fidedigna de la realidad regional y nacional.

Es evidente que el gobierno del estado busca rescindir el contrato laboral de los más activos participantes del movimiento y con ello no sólo descabezarlo, sino prevenir toda oposición política en la conflictiva situación en otras áreas sensitivas, como la lucha por la defensa de los recursos naturales y por los derechos de los pueblos a su autonomía.

Por su parte, la comisión coadyuvante hizo público recientemente un llamado al gobernador del estado para que regrese al diálogo, tanto con el MMBM como con los pueblos y organizaciones de Morelos en una “mesa social”, convocándole a que cesen las represalias en contra de los profesores.

La comisión fue integrada por diversos organismos de la sociedad civil a petición del movimiento magisterial, en la búsqueda de condiciones de diálogo y distensión que frenaran la violencia y la represión, y que abrieran opciones justas de solución política al conflicto.

Sin embargo, la comisión ha sido testigo de diversas posturas y acontecimientos que no han contribuido a la mejor solución de las problemáticas educativas, sociales, laborales y sindicales implicadas. Entre estas dificultades destaca el rechazo del gobierno de Adame Castillo a recibir las propuestas de acercamiento generadas por la comisión negociadora del MMBM.

En su llamamiento, los miembros de la comisión de coadyuvancia destacan: “En todo caso, estamos convencidos de que el conflicto no ha terminado ni ha sido resuelto. Preocupados, vemos que no basta ni la minuta firmada por los concejales nacionales del SNTE y una parte minoritaria del magisterio morelense, como tampoco el regreso a clases acordado unilateralmente por el MMBM. Entendemos que hace falta la participación destacada del MMBM en el proceso de diálogo y negociación, pues es un actor indispensable del conflicto y también de su solución… Negarles a estas altura, al MMBM y a los pueblos, el elemental reconocimiento a su existencia, representatividad y lugar ganado, es francamente pretender una falsa solución que a la larga profundizará y alargará los conflictos. Pensamos que en lugar de hostigar laboralmente a los dirigentes del movimiento, los integrantes de la comisión negociadora y los concejales electos de su nueva representación sindical, conviene respetar y fortalecer esta interlocución para una solución sostenible del conflicto”.

El gobierno del estado puede no escuchar este sensato mensaje a la cordura y refrendar sus alianzas con los sectores recalcitrantes de El Yunque y de un sindicalismo corrupto cada vez más repudiado por sus bases. Si así resulta, seremos testigos de la continuidad de un conflicto social que expresa una fundada resistencia a las imposiciones antidemocráticas del capitalismo neoliberal.