Pobre Mexico, en manos de quienes a caido chingao!
MÉXICO, DF, 21 de noviembre (apro).- No es ninguna novedad la infiltración del narcotráfico en las altas esferas del poder. Lo novedoso sería que el gobierno de Felipe Calderón pasara del ruido mediático de los señalamientos de la Operación Limpieza a consignaciones sólidas de los hasta hace poco altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) presuntamente implicados en el narcotráfico.Sin embargo, Calderón ya se cura en salud por si todo acaba en un fuego de artificio. Desde Santiago de Chile, el viernes pasado llamó al Poder Judicial para que, en apoyo de la Operación Limpieza, no sólo condene a los hasta ahora indiciados, sino que él mismo se someta a una depuración."Señaladamente", le pidió al Poder Judicial, haga su propia limpieza. En otras palabras, le demandó se deshaga de jueces y magistrados que en su lectura son también protectores de la delincuencia organizada. El llamado equivale a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le pidiera a él, públicamente, que echara a los integrantes de su gabinete y en general del Ejecutivo federal que pudieran estar vinculados al narcotráfico. Aun cuando Calderón habló en su condición de jefe de Estado, porque así viajó a Sudamérica, es claro que con sus declaraciones pasó por encima de la división de poderes, pues el gobierno y administración de los juzgados y tribunales del país es competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por el presidente de la Suprema Corte.Aun cuando sea cierto que hay fallos cuestionables del Poder Judicial, no es la primera vez que Calderón rebasa ese límite. Lo ha hecho de forma reiterada al declarar que los jueces deben frenar la impunidad y en sus fallos condenar a los acusados que les consigna su gobierno a través de la PGR.Como abogado, Calderón sabe que las sentencias condenatorias no dependen sólo de las interpretaciones que haga el Poder Judicial, sino de la manera en que el Ejecutivo, a través del Ministerio Público federal -es decir, la PGR- integre los expedientes.Gran parte de las consignaciones "se caen" precisamente porque el MP integra con deficiencias las averiguaciones, ya sea por ignorancia o corrupción.En ese momento judicial empieza, precisamente, la protección de los acusados desde la PGR. No es únicamente con la lucrativa fuga de información como se ayuda desde el gobierno federal a la delincuencia organizada. Otra verdadera novedad de la Operación Limpieza sería que ésta trascendiera a la PGR y llegara a los muy cuestionados mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, encabezados por Genaro García Luna.García Luna y su entorno han sido señalados desde el pasado gobierno de Vicente Fox, cuando estaban en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), como supuestos protectores de secuestradores y narcotraficantes. Entre los presuntos implicados en la Operación Limpieza figuran algunos que han sido muy cercanos al secretario de Seguridad Pública, como Mario Arturo Velarde, quien fuera su secretario particular en la AFI.Por motivos que sólo Calderón conoce, García Luna se ha convertido en uno de los hombres fuertes de su gobierno a pesar de la avalancha de información sobre la supuesta conducta del secretario, quien incluso no es bien visto entre mandos militares.Muestra de ese respaldo es la decisión de Calderón de avalar el proyecto de unificación policial reclamada por García Luna, que lo convertiría en uno de los miembros más poderosos del gabinete, por la capacidad de fuego que tendría, sólo después del Ejército y la Marina.Calderón, por cierto, se llevó a su secretario de Seguridad Pública a su gira por Sudamérica.Más novedoso sería que la limpieza llegara al Ejército y a los partidos políticos, otros de los ámbitos penetrados por el narcotráfico.Por definición, la delincuencia organizada necesita para existir de la protección de funcionarios gubernamentales. Así ocurrió en el régimen del PRI y ha ocurrido con los gobiernos alternos del PAN.La historia ha sido la misma desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía Judicial Federal (PJF), el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) o la AFI, creada en 2001 por el propio García Luna.La misma PGR, desde el fiasco del INCD con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ha transitado de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).Después, ésta se convirtió en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizad (SIEDO), que estuvo a cargo del fallecido José Luis Santiago Vasconcelos. Ahora, los mandos de la SIEDO son objeto de la Operación Limpieza.Las policías y las fiscalías sólo han cambiado de nombre. En esa perspectiva, la Operación Limpieza puede terminar sólo como un incidente más en la historia de la penetración del Estado mexicano por parte del narcotráfico.Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
No hay comentarios.:
Publicar un comentario