Tribunales españoles no investigarán los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo

Restos de víctimas como García Lorca no podrán ser exhumados

Armando G. Tejeda (Corresponsal)

Madrid, 18 de noviembre. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió finalmente inhibirse en la causa que mantenía abierta sobre los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil española (1936-1939) y por los delitos de Estado cometidos durante la dictadura de Francisco Franco (1939- 1975), un periodo oscuro de la historia de este país que se caracterizó por la represión y la persecución de los opositores al régimen. Finalmente, los tribunales españoles no juzgarán ni investigarán estos hechos, como sí lo han hecho con otras dictaduras militares, como la argentina y chilena de la década de los 70, por lo que las asociaciones de víctimas criticaron las “presiones políticas” y las “inercias” del franquismo en la justicia.

En el auto judicial, el magistrado dio definitivamente carpetazo a la investigación y declaró “extinguida” la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos mandos del ejército fascista que se alzó contra la II República, una vez que comprobó que todos ellos habían fallecido. Sin embargo, la decisión judicial afecta directamente al apoyo institucional en la apertura de las decenas de miles de fosas comunes diseminadas en todo el territorio español, una vez que Garzón se había hecho responsable de la exhumación de algunas de ellas.

Con el paso atrás del magistrado español en esta causa terminó la esperanza de muchas víctimas y familiares de víctimas del franquismo que llevan décadas reclamando la devolución de la “dignidad”, ya que exigen la cooperación del Estado en la localización de los restos de sus seres queridos para darles sepultura. Asimismo, se verá afectada una investigación de carácter histórico y literario, ya que entre las víctimas que iban a ser exhumadas de las fosas comunes se encontraba Federico García Lorca, el poeta español que fue fusilado en un barranco granadino por su adhesión a los ideales republicanos. Ahora los casos de las fosas comunes los deberán investigar los juzgados territoriales, con lo que cada magistrado decidirá si acepta o no la petición. Hasta ahora casi ninguno la ha admitido a trámite.

Paqui Maqueda, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explicó que, a diferencia de lo que hizo con dictaduras de otros países –en referencia a las de Argentina y Chile–, “la justicia española no está preparada para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, así que acudiremos al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar la desaparición de 114 mil personas en España”.