Pena de muerte: inmoralidad y falso debate

Editorial

Pena de muerte: inmoralidad y falso debate

En días recientes, tras la aprobación, en el Poder Legislativo de Coahuila, de una iniciativa presentada por el gobernador Humberto Moreira para solicitar al Congreso de la Unión la realización de reformas constitucionales que permitan la restauración de la pena de muerte en el país, diversas voces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones; la dirigencia nacional que encabeza Beatriz Paredes, y los mandatarios de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Yucatán, han manifestado su apoyo para que la propuesta sea sometida a un “debate nacional” y a una consulta ciudadana, “como se hizo con la reforma energética”, con el argumento de que la medida goza de “popularidad” en la opinión pública. Similar postura propagandística mantiene el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), franquicia electoral que en muy poco se parece a las verdaderas organizaciones ecologistas y ambientalistas del resto del mundo, que se ha caracterizado por la opacidad y la antidemocracia en su vida interna y ha medrado con su registro para obtener posiciones de poder y recursos económicos cuantiosos.
La idea de someter a discusión el restablecimiento de la pena capital en el país no sólo resulta discordante con los tiempos actuales, cuando hay una tendencia mundial a eliminar por completo ese castigo, sino que es contraria a avances civilizatorios irrenunciables e indiscutibles que no pueden ni deben ser objeto de debate, con independencia de la popularidad que tengan: nadie, en su sano juicio, demandaría que se pusieran a discusión temas como el restablecimiento de la esclavitud, la vuelta del país a la condición de colonia o la supresión del principio de separación entre la Iglesia y el Estado, por mencionar algunos.
En el caso de la pena de muerte, cabe reiterar que se trata de una medida bárbara, inhumana e irreparable por definición, que atenta contra las consideraciones humanitarias más elementales –empezando por el derecho a la vida– y que, dada la falibilidad de los mecanismos de impartición de justicia, supone el riesgo de ser aplicada a personas inocentes, sobre todo en países como el nuestro, donde persisten la corrupción de los aparatos judiciales, la impunidad, el manejo faccioso de las leyes y su empleo como instrumento de represión y persecución política. Por todo ello, la abolición de ese castigo constituye una conquista moral de los estados y las sociedades, que no debe ser objeto de regateos ni discusiones.
Queda claro, por lo demás, que lo que motiva a los promotores de la pena de muerte no es un afán de mejorar la seguridad pública ni hacer justicia a las víctimas de la delincuencia, sino un deseo de medrar política y electoralmente con el sufrimiento de éstas y con la angustia y la zozobra que generan en la sociedad el avance de la criminalidad y la ineficacia de las políticas gubernamentales para combatirla. Tal actitud, de suyo inmoral y demagógica, es aún más reprobable si se toma en cuenta que el debate propuesto por el tricolor contraviene, de entrada, los tratados internacionales suscritos por el país. De tal forma, el priísmo ha lanzado el ofrecimiento de restablecer la pena capital a sabiendas de que tal objetivo difícilmente podrá cumplirse, y de paso ha puesto en riesgo un amplio consenso nacional en contra de ese castigo, en el que confluyen expresiones políticas de izquierda y de derecha, ideologías diversas, iglesias, organizaciones humanitarias y amplios sectores de la población.
En suma, la postura del PRI es insostenible, irresponsable y carente de otro propósito que no sea granjearse simpatías electorales de cara a los comicios del año entrante, y por ello, debe ser rechazada por la sociedad en su conjunto.