SCJN: graves violaciones de los gobiernos nacional y mexiquense en el caso Atenco

Jesús Aranda

Los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, determina la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el informe, elaborado por el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, se concluye lo anterior, aunque el documento no emite ninguna recomendación ni atribuye responsabilidad directa, con nombre y apellido, a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal o de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense que actuaron en esos hechos.

De acuerdo con información recabada por este diario, en el documento de 940 cuartillas Gudiño Pelayo pone especial énfasis en el uso de la fuerza pública, y en los parámetros que deben cumplir las corporaciones policiacas en determinadas situaciones en las que sea necesaria su participación.

El texto pone énfasis, se dijo, en que los funcionarios públicos pueden ser responsables de violar las garantías individuales, no sólo por ordenar indiscriminadamente la actuación de los cuerpos policiacos, sino también por “omisión”, es decir, por no atender a tiempo conflictos o problemas sociales que pueden derivar en hechos violentos.

Será trascendental el criterio que adopte la Corte en materia del uso de la fuerza pública, porque la idea de los ministros es que el pleno fije criterios que sirvan en un futuro para que las autoridades de todos los niveles utilicen los cuerpos policiacos con base en catálogos o recomendaciones de organismos internacionales en la materia.

Fuentes judiciales comentaron, por otra parte, que el ministro Gudiño Pelayo subirá a Internet una versión “pública” de su dictamen, en la que se omitirán los nombres, datos personales y confidenciales de las víctimas y de los funcionarios y policías involucrados.

Especial atención se pondrá en proteger los nombres y declaraciones de las mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por policías mexiquenses durante el trayecto de San Salvador Atenco hacia el penal de Santiaguito, donde fueron recluidas.

El informe del caso Atenco ya fue distribuido desde el pasado lunes a los ministros, quienes de inmediato designaron a uno o dos secretarios para que se aboquen al estudio del material, a efecto de iniciar la discusión pública del caso el próximo 9 de febrero.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –cuya investigación fue la base para la de la Suprema Corte– emitió en su momento una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública. En aquel entonces el titular de ésta era el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien la rechazó con el argumento de que los elementos policiacos no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura.

Medina Mora sostuvo, todavía en su calidad de funcionario de la administración de Vicente Fox, que los policías federales sólo reaccionaron “en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de la población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación”.

De los más de 2 mil agentes federales, estatales y municipales que participaron en los hechos violentos, sólo 21 uniformados estatales se encuentran sujetos a proceso penal por “abuso de autoridad”, y uno por “actos libidinosos”. Ninguno ha pisado la cárcel, debido a que fueron acusados de delitos no graves.

En el ámbito administrativo fueron sancionados 25 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y cuatro fueron dados de baja por haber golpeado a un camarógrafo de Televisa el día de los hechos.

Cabe señalar que desde finales del año pasado el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, se reunió por separado con Gudiño y con otros ministros, a quienes aseguró haber cumplido en tiempo y forma la recomendación que en su momento le hizo la CNDH para que investigara la actuación de los policías que arremetieron con violencia contra pobladores de San Salvador Atenco.