Bolivia: Las batallas pendientes

JEAN PAUL GUZMáN

Los 36 pueblos originarios de Bolivia tendrán cuotas de participación en todos los poderes del Estado y un fuerte peso en las futuras decisiones económicas, mientras que los departamentos separatistas obtuvieron una autonomía limitada. Ante lo que la crítica señala como una Carta Magna discriminatoria para mestizos y blancos, la nueva batalla estará en la creación de leyes secundarias que la hagan aplicable.Jean Paul Guzmán

LA PAZ.- Con la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política en el referéndum del pasado 25 de enero, Bolivia inicia un proceso orientado a establecer privilegios para el sector indígena de la población en el sistema político y jurídico, convertir al Estado en el único rector de la economía y dar luz verde a un limitado régimen de autonomías en cuatro de los nueve departamentos del país.58.7% de los electores votó por el “sí” al proyecto, mientras 41.3% lo hizo por el “no”, de acuerdo con el conteo rápido de votos realizado por el periódico La Razón y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB). Los resultados oficiales del referéndum serán difundidos en la segunda semana de febrero, a partir de lo cual la Constitución entrará en vigencia.Sin embargo, la columna vertebral del nuevo Estado comenzará a construirse después de los comicios generales del 6 de diciembre de 2009, en los que además de elegirse al presidente y al vicepresidente de la República, se votará por los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional –el nuevo Congreso–, quienes aprobarán las leyes de la renovada estructura político-jurídica.Los resultados de la votación del referéndum ratificaron la fractura interna de Bolivia, ya que el “sí” ganó en cuatro departamentos del occidente del país: La Paz (74%), Oruro (68.2%), Potosí (76.3%) y Cochabamba (61.1%). El “no”, en cambio, se impuso en cuatro departamentos del oriente, los mismos que lucharon por un régimen autonómico: Tarija (65.2%), Beni (65.1%), Santa Cruz (63.8%) y Pando (60.7). En el noveno departamento del país, Chuquisaca, se presentó un empate técnico –50.6% de votos a favor del “no” y 49.4% a favor del “sí”– que será resuelto cuando se conozca el resultado final oficial.La victoria del “sí” a nivel nacional fue posible debido al masivo respaldo al proyecto en el departamento de La Paz, que concentra un tercio de los 3 millones 891 mil electores del país.El 58.7% de los votos a favor del “sí” fue interpretado por la mayoría de los analistas como un retroceso en el apoyo al gobierno del presidente Evo Morales, quien en agosto de 2008 obtuvo el respaldo de 67.41% del electorado en el llamado “referendo revocatorio”.Según el constitucionalista Carlos Alarcón, en una nota publicada el pasado 27 de enero en el diario La Razón, con los resultados del referéndum “políticamente queda claro que existe un rechazo contundente a esta Constitución en por lo menos cuatro departamentos del país y en sectores importantes de la población urbana en todas las regiones; datos de la realidad que confirman la ausencia de un auténtico pacto social de unidad e integración de todos los bolivianos que permita una vigencia real y no sólo formal de esta Constitución en todo el territorio nacional y por un tiempo mayor al que dure el actual régimen de gobierno” La Constitución de 411 artículos fue gestada a partir del 6 de agosto de 2006 por una Asamblea Constituyente, pero correspondió al Congreso la redacción y aprobación de su texto final, el 21 de octubre de 2008, gracias a la mayoría oficialista del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), respaldada por parlamentarios disidentes del opositor Poder Democrático y Social (Podemos).La nueva Constitución tiene tres pilares fundamentales: el poder indígena, el sistema autonómico y el régimen económico. Proceso consultó a dirigentes políticos y analistas sobre las características de esos componentes y sus implicaciones en el futuro político.
Nacionalidad indígena
El primer artículo de la Constitución establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. A partir de esa definición, reconoce la existencia de 36 “nacionalidades indígenas”, cuyos idiomas son ahora oficiales. Algunas de estas nacionalidades apenas superan el centenar de integrantes y, en varios casos, no utilizan su idioma original, al que cambiaron por el castellano, el aymara o el quechua.El aspecto más cuestionado de la Constitución es la cantidad de privilegios que otorga a la población indígena del país, con derechos de los que no gozan otros ciudadanos y, además, cuotas mínimas de participación en todos los poderes del Estado.Pero, ¿está Bolivia compuesta mayoritariamente por indígenas, tal como lo asegura el gobierno? El argumento que respalda el criterio oficial es el Censo de Población de 2001, que registra a 62% de los bolivianos autoidentificado como indígena (aymara, quechua o guaraní, principalmente) y al resto predominantemente como blanco.Pero según los críticos a la lectura oficialista de ese resultado, el Censo no ofreció a los bolivianos la opción de “autoidentificarse” como mestizo, por lo que dividir al país entre indígenas y blancos fue un grave error. Cinco años después del Censo, una investigación realizada por el estadunidense Mitchell Seligson, el ecuatoriano Luis Verde Soto y el boliviano Moira Suazo, titulada Auditoría de la democracia. Informe boliviano 2006, estableció que 64% de los bolivianos se declararon mestizos o “cholos”, 19% indígenas u originarios, 11% blancos y 0.55% negros. En tanto 4.28% respondió “ninguno”.La nueva Asamblea Legislativa Plurinacional estará conformada por una Cámara de Senadores y otra de Diputados. En el Senado cada departamento tendrá cuatro representantes, uno de los cuales deberá ser de un pueblo indígena. En la de Diputados un número aún indeterminado de sus 130 miembros deberá corresponder a las denominadas “circunscripciones especiales indígena originario campesinas”. El expresidente Carlos Mesa, en un artículo publicado el domingo 18 en La Razón, opinó al respecto que “es inaceptable, por racista y discriminador, afirmar que hay pueblos originarios y pueblos no originarios y recategorizar la ciudadanía sobre esa idea. Los únicos originarios fueron los primeros seres humanos que dieron origen a nuestra especie, hace millones de años en África; todos los demás somos producto de un enriquecedor mestizaje, étnico y cultural. Por eso no podemos aceptar que quienes descienden de un ‘origen’ arbitrario en el tiempo tengan diferente trato que los que descienden de quienes llegaron siglos después, sobre el absurdo de que se puede diferenciar sin equívoco alguno a unos de otros”.En contraste, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, dice a Proceso que la nueva Constitución “democratiza el Estado, incluye a los sectores históricamente excluidos y proyecta un modelo de desarrollo humano para establecer justicia social”. Su criterio es respaldado por Félix Patzi, exministro de Educación del gobierno de Evo Morales, quien, en entrevista con este semanario, estima que la nueva Constitución “permite la reivindicación de todas las demandas históricas de la sociedad indígena. Las propuestas de la descolonización, de la construcción de una sociedad comunitaria son parte de este nuevo texto constitucional. Yo diría que es (un texto) plural, que se distingue de la anterior Constitución pues ésta tiene una visión muy occidental, capitalista y liberal”. Respecto del Poder Judicial, la Constitución explica que se integra por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, complementados con la denominada “Jurisdicción indígena originaria campesina”, que goza de similar jerarquía pero cuyas características y atribuciones aún no están definidas. Los campesinos e indígenas elegirán a las autoridades de la “jurisdicción indígena originaria campesina” de acuerdo con “sus usos y costumbres”. Sus normas, procedimientos y sanciones se aplicarán en los territorios con población mayoritariamente indígena y campesina. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional serán elegidos “mediante sufragio universal”. Los magistrados de este último órgano, además, deberán ser elegidos “con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema originario campesino”. La normativa al respecto está aún por elaborarse.“Con la aprobación de la nueva Constitución, el Poder Judicial, a través del voto popular, estará subordinado al pueblo soberano”, afirma a Proceso el diputado del MAS César Navarro. Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, no comparte ese criterio. Consultado por este semanario, sostiene que “no podemos encontrar mejores o peores jueces por sufragio. No conozco un sistema en el mundo que funcione de esa manera. Ellos no cumplen una función política, no se elegirá al más carismático o al mejor orador. Aquí se deja de lado la meritocracia”.En el caso del “Órgano Electoral Plurinacional”, responsable de organizar las elecciones municipales, departamentales y nacionales, dos de sus siete miembros deberán ser “de origen indígena originario campesino”.En entrevista, el analista político Jorge Lazarte considera que la recurrencia en incluir el término “plurinacional” en todos los órganos del Estado implica crear una “identidad étnica” con consecuencias “sobre el tipo de régimen político estatal”.“Lo étnico reemplaza a la condición ciudadana incluyente como base del Estado, y en ello representa un salto al pasado precolonial y premoderno, de unidades políticas constituidas por afinidades étnicas. Este arcaísmo excluyente –que mucha gente intenta disculpar alegando que se trata simplemente de algo simbólico– es toda una ideología que afecta ciertos principios democráticos fundamentales, como son los de igualdad y libertad”, sostiene.“Bolivia está haciendo el ridículo ante el mundo al aprobar una Constitución etnicista”, considera por su parte el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.“Evo Morales llegó al poder con la promesa de liquidar la exclusión social de pobres e indígenas. Con su Constitución y su gobierno, lo que ha hecho es dar vuelta a la tortilla: ahora los privilegiados son los indígenas, mientras los excluidos son la gran mayoría del país, es decir los mestizos. Con la nueva Constitución existen ciudadanos de primera categoría (los indígenas) y ciudadanos de segunda categoría (los mestizos). Hoy, Bolivia no es una nación de iguales”, afirma Cárdenas a este semanario.
Autonomías limitadas
La nueva Constitución establece tres principales niveles de autonomía: departamental, municipal e indígena.La autonomía departamental fue la principal bandera de lucha de cuatro departamentos del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), donde su población aprobó mediante referendos realizados en 2008 los denominados “Estatutos Autonómicos”, con amplias competencias económicas, políticas y legislativas, limitadas significativamente en el nuevo texto constitucional.La Constitución reconoce a la autonomía departamental el derecho a la elección de un gobernador y una Asamblea Departamental, mediante el voto popular, y le asigna facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, sin incluir la administración de la economía, los recursos naturales y la propiedad de la tierra.Las competencias de la autonomía municipal no son radicalmente diferentes a las vigentes antes de la aprobación de la nueva Constitución, mientras la principal novedad constitucional en esta materia se refiere a la autonomía indígena, la cual, según la nueva Carta Magna, “se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones”, reconociendo la facultad del autogobierno, que “se ejercerá de acuerdo con sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley”. Es decir, “casi Estados”, según palabras del analista Jorge Lazarte, quien advierte un severo riesgo de que, en el proceso de aplicación de las autonomías departamentales, municipales e indígenas, se presenten problemas de sobreposición de competencias entre ellas.Aún está por resolverse cómo se determinarán los límites de los “territorios” de las autonomías indígenas, para que no se entrecrucen con los “territorios” de las autonomías departamentales y municipales.
Economía estatista
La nueva Carta Magna otorga rango constitucional al predominio del Estado en la economía, cerrando el ciclo inaugurado por el presidente Evo Morales el 1 de mayo de 2006, cuando anunció la “nacionalización de los hidrocarburos” como la primera etapa de una cadena de decisiones destinadas a sepultar el modelo económico neoliberal, vigente en los últimos 23 años.Todos los recursos naturales, según la Constitución, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible “del pueblo boliviano”, y corresponde al Estado “su administración en función del interés colectivo”, el cual podrá intervenir en toda cadena productiva de los sectores estratégicos, “buscando garantizar su abastecimiento para preservar la calidad de vida de todos los bolivianos”.En el caso de la producción de hidrocarburos, los proyectos de exploración y explotación que atraviesen “territorios originarios” deberán ser consultados con los pueblos indígenas, quienes los aprobarán y participarán en su desarrollo.La empresa estatal del petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), podrá celebrar contratos o crear asociaciones de economía mixta con empresas extranjeras, siempre y cuando conserve la mayoría de las acciones. Las empresas socias de YPFB deberán renunciar al arbitraje internacional y estarán obligadas a reinvertir sus utilidades en Bolivia. Para el experto en petróleo Carlos Miranda Pacheco, estas condiciones ahuyentarán la inversión extranjera, por lo que, dice a Proceso, “será difícil poner las riquezas de hidrocarburos en producción y beneficio de la nación”.Respecto de la tierra, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva, en tanto cumpla una “función social” o una “función económica social”, según corresponda. La Constitución prohíbe el latifundio y determina una extensión máxima de 5 mil hectáreas para las concesiones que se autoricen a partir de su vigencia.La aplicación de la nueva Constitución demorará mucho más que el proceso que la gestó y la vio nacer, coinciden sus defensores y detractores.Es “una Constitución que garantiza la unidad, la dignidad e igualdad entre todos los bolivianos”, dijo el 8 de diciembre, en declaraciones a la prensa, el presidente Evo Morales. La expresión se convirtió en lema durante toda la campaña a favor del “sí” a la Carta Magna.
Analistas como Jorge Lazarte consideran, contrariamente, que al tratarse de “un texto excluyente en su contenido”, que “en nombre de la inclusión excluye a otros sectores”, inevitablemente “no integrará al país”. Más pesimista es la politóloga Jimena Costa, para quien “en el proceso de reglamentación de la Constitución, que no va a ser corto, me temo que habrá un proceso de violencia muy preocupante”.En cualquier caso, la nueva Constitución boliviana apenas ha inaugurado su historia. l