El fin de los paraísos fiscales

John M. Ackerman

Si Felipe Calderón y Agustín Carstens realmente estuvieran preocupados por reactivar la economía nacional, utilizarían el acuerdo del G-20 del jueves pasado respecto de los paraísos fiscales para emprender una investigación masiva a escala global para enfrentar la evasión fiscal en México.

El diario londinense The Guardian estima que más de 11 trillones de dólares se encuentran depositados en países como Suiza, Leichtenstein, Andorra, Mónaco y una diversidad de islas del Caribe que ofrecen total discreción en el manejo de cuentas bancarias. Esto implica una pérdida de aproximadamente 250 mil millones de dólares de ingresos fiscales para los gobiernos del mundo.

Nadie sabe cuánto de este dinero pertenece a mexicanos y exactamente qué cantidad el gobierno mexicano deja de recaudar cada año por esta causa. Pero no hay duda de que la existencia de estos paraísos implica una fuerte sangría al erario.

Raúl Salinas de Gortari y Paulina Castañon tenían cuentas en Suiza que sumaban 105 millones de dólares. Personajes como Carlos Cabal Peniche, Roberto Hernández, Carlos Slim y El Chapo Guzmán no deben quedar muy atrás. Los bancos que operan en México cuentan con miles de empresas subsidiarias, muchas ubicadas en paraísos fiscales, donde fácilmente pueden canalizar importantes sumas de dinero con el propósito de evadir al fisco.

El banco HSBC tiene nada menos que 2 mil 8 filiales en el mundo, incluyendo empresas en Liechtenstein, las Bahamas y la isla de Jersey. La recuperación de una pequeña fracción de los impuestos evadidos por esta vía bastaría para dar un fuerte estímulo a la economía nacional en estos momentos de crisis. Los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia ya han dado inicio a una cruzada internacional para abrir las cuentas bancarias del mundo al escrutinio de sus autoridades hacendarias. Actualmente, el banco y casa de bolsa suizo UBS está bajo investigación del gobierno de Barack Obama porque supuestamente auxilió a miles de estadunidenses para evadir el pago de sus impuestos.

El gobierno estadunidense ha solicitado información a Suiza sobre las cuentas de casi 52 mil de sus ciudadanos. Ésta y otras investigaciones similares han preocupado tanto a los bancos suizos que sus directivos ya empiezan a cancelar sus viajes al extranjero para no arriesgarse a ser aprehendidos por fraude fiscal durante sus paseos.

El acuerdo de la más reciente reunión del G-20 en la materia obliga a todos los países del mundo a cumplir con estándares mínimos de transparencia financiera y a cooperar con investigaciones de las autoridades hacendarias extranjeras. Los países que se rebelen recibirán sanciones importantes. Los banqueros que no cumplan serán enjuiciados penalmente.

En anticipación a este acuerdo, durante las más recientes semanas muchos de los países señalados como paraísos fiscales han empezado a firmar convenios bilaterales con las superpotencias para transparentar sus cuentas bancarias.

México no puede permitirse el lujo de quedarse al margen de este proceso. Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y una de las economías más grandes del mundo, nuestro país cuenta con la presencia internacional para exigir que también tenga acceso a la información bancaria de los paraísos fiscales.

La ley mexicana ya obliga a las personas físicas y morales a pagar impuestos en México por las cuentas e inversiones que tengan en países con una carga tributaria reducida. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de estas disposiciones al obligar a Cemex a regresar millones de pesos al fisco por este concepto. Lo único que falta es la voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para hacer valer este tipo de disposiciones. Evidentemente, es poco probable que la actual administración federal se atreva a aprovechar la nueva coyuntura internacional para endilgar en las cuentas extranjeras de los mexicanos, ya que implicaría enfrentarse con los mismos empresarios y empresas que sostienen a Calderón en su cargo.

De todas formas, habría que exigir al gobierno federal que utilice todas las medidas a su alcance para gravar y repatriar los millones de dólares que se escapan al extranjero cada año. Los narcotraficantes no son los únicos que le apuestan al fracaso del Estado mexicano. También lo hacen los empresarios que esconden sus riquezas del fisco y así roban valiosos recursos públicos que nos pertenecen a todos lo mexicanos y podrían ser de gran utilidad para enfrentar la crisis económica actual.