Epidemia de dudas

Ricardo Monreal Avila

En materia de salud más vale prevenir en exceso que lamentar en extremo. Sin embargo, cuando esa prevención no se acompaña de la información oportuna, de la coordinación gubernamental precisa y de la transparencia en las decisiones que la sustentan, se pueden generar efectos contrarios a los buscados.
Hoy, a una semana de la emergencia sanitaria, podemos decir que hay más incertidumbre que calma en la población. Más rumores que información. Más improvisación que precisión en las acciones concertadas. Más dudas que certezas. Más daños tangibles que beneficios colaterales. Y más miedo que esperanza.
Empecemos por lo obvio. Si desde el 2 de abril se advirtió del primer brote epidemiológico por parte de la empresa norteamericana Veratect, ¿por qué se dio la alerta oficial 21 días después? Las autoridades sanitarias, ¿no fueron omisas en atender esta advertencia y declararon la emergencia de manera tardía?
Existen cifras contradictorias sobre el problema de la influenza porcina. Por ejemplo, mientras la Organización Mundial de la Salud habla de 75 casos probados de influenza en el mundo, la Secretaría de Salud reportó 1,995 sólo en México. Y a la vez, mientras el gobierno informa de 159 decesos por neumonía atípica, una vocera del ISSSTE habló de 179 decesos únicamente en los hospitales de esta institución. Por otra parte, si sumamos las cifras que reportan los secretarios de Salud de los estados, estaríamos hablando de casi 2,600 casos identificados en el país. Estas contradicciones deforman la realidad y son causa de rumores entre la población.
Ayer se alineó la información oficial de México con la proporcionada por la OMS. Se precisa ahora que sólo siete personas han muerto por el virus de la influenza porcina. Correcto. Pero ahora surge otra duda: ¿de qué tipo de neumonía murieron entonces las 153 personas restantes, reportadas en la estadística oficial?
Existen otras preguntas relacionadas: ¿Por qué sólo están muriendo en México de manera significativa personas infectadas, y no en el resto de los países? ¿Tiene que ver con un mal autodiagnóstico de los afectados o con el secular retraso científico y tecnológico de nuestro sistema de salud pública?
¿Es verdad que ha muerto personal médico (doctores y enfermeras) que ha atendido a personas contagiadas?
¿Por qué afirmar que las personas fallecidas llegaron tarde a los hospitales del sector salud, siendo que también las autoridades tenían un desconocimiento del tema hasta el pasado 16 de abril, cuando llegaron de Atlanta los primeros resultados de laboratorio (providencialmente, por cierto, fue el día que llegó a México el presidente Barack Obama)? En otras palabras, si las propias autoridades sanitarias desconocían el tipo de epidemia, ¿no es una irresponsabilidad suponer que los ciudadanos estaban obligados a saber que padecían algo más grave que una simple gripa?
¿Existe un perfil sociodemográfico definido en las personas que han fallecido o presentan cuadros de neumonía atípica? ¿Nada tiene que ver el comportamiento atípico de la influenza porcina en México, con la típica desigualdad y pobreza en el país?
Ahora hablemos de lo que se está llamando en términos periodísticos y coloquiales la “dictadura sanitaria”. Si al año mueren en el país 14 mil personas por enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, los 7 casos probados de muerte por influenza porcina (es decir, el 0.05%), ¿justifica las medidas sanitarias extremas que se han tomado en los últimos días?
Si el año pasado murieron cerca de 5 mil mexicanos por SIDA y, en los dos últimos, 20 mil mexicanos por causas de la violencia (la mitad de ellos, vinculadas con la guerra del crimen organizado), ¿por qué no se les considera riesgo de pandemia y se aplican medidas precautorias expeditas de salud pública?
¿Cómo se atenderán los efectos colaterales de la emergencia sanitaria como son escasez y reetiquetación de productos básicos, disparo de medicinas y tratamientos para las vías respiratorias, mercado negro de medicamentos, caída del turismo internacional, especulación cambiaria y todos los demás relacionados directamente con las medidas que se están tomando?
¿No ha resultado peor el remedio que la propia enfermedad? El miedo y el temor desatados en la población han generado compras de pánico y estrés en un porcentaje mayor que los casos probados y probables de influenza porcina. Banamex ha estimado que de prolongarse tres semanas más la emergencia sanitaria, las pérdidas económicas ascenderán a 150 mil millones de pesos y representarán un 1% del PIB.
¿No se está haciendo de la prevención caótica, descoordinada e improvisada, un mayor daño del que se busca contener? ¿No estamos incurriendo en la política de la “profecía autocumplida”, aquella que se basa en predicciones que, una vez hechas, son la causa de que se hagan realidad? Es decir, si una situación de riesgo es definida como real, esa percepción tiene efectos reales.
La Organización Mundial de la Salud ha elevado a nivel 5 la alerta por la epidemia. Es decir, estamos cerca de la pandemia, el último nivel.
Es necesario que el gobierno ponga orden en su propia casa: sus cifras, su información, las medidas preventivas y correctivas a seguir, y no hacer de la “prevención imprevista” o improvisada una epidemia institucional.
Por último, estamos en tiempos electorales. Partidos y candidatos se aferran a lo que sea con tal de acreditar presencia. Son un virus contagioso y de fácil reproducción. Saben de sobra que el electorado castiga en las urnas a las autoridades timoratas y premia a las que muestran decisión, cercanía y solidaridad en una situación de riesgo. Sin embargo, esta sobredosis de política en la emergencia sanitaria puede terminar enfermando a la economía, como lo evidenció la caída en picada de la bolsa de valores y el disparo súbito del dólar.
Una vez que la epidemia sanitaria sea controlada, debemos dedicarnos a vigilar y a establecer como sociedad un cerco a un riesgo de salud pública mayor: la PANdemia. Es decir, la tentación de inocular miedo y odio en la población, para obtener un beneficio pírrico electoral. O la tentación de vender caro en el electorado lo que de suyo es una obligación del Estado: actuar con oportunidad y determinación para garantizar la salud de la población.