30 abril 2009
Luisa es trabajadora doméstica y podría morir. Antier mostró síntomas de influenza y la dueña de la casa la llevó al Hospital General en Guadalajara; cuando llegaron, Luisa tenía ya 50% de capacidad pulmonar. Fueron recibidas gracias a las influencias de la patrona, las filas de pacientes eran interminables. El médico le diagnosticó laringitis y probable influenza, le recetó Tamiflú, el que lograron encontrar seis farmacias más tarde. La mandaron a casa con reposo y aislamiento absoluto, pese a que suplicaron al médico que la mantuviera en urgencias en caso de un paro respiratorio pues el diagnóstico era grave. El médico se disculpó: el hospital no tiene espacio para más enfermos. En cinco días le confirmarán si el virus que tiene es el A/H1N1.
La historia de Luisa es una variante de la de millones de mexicanas, lo cual lleva a preguntarse: ¿por qué si la OMS ha dicho que esta es una enfermedad curable sólo en México se está muriendo la gente? No es momento para discursos ni sentimentalismos de falsa solidaridad con un gobierno incapaz de proteger un derecho humano fundamental: el de la salud. Durante décadas el Estado mexicano se ha negado a modernizar el sistema de salud pública y ha postergado la inversión pública imprescindible en investigación científica y epidemiológica.
En condiciones normales, millones de hombres y mujeres tienen que suplicar atención médica digna y pronta en las clínicas públicas. La gente empeña lo que tiene y pierde la vida diariamente en clínicas privadas de baja calidad. La desidia e irresponsabilidad de los gobiernos federales y estatales es inaceptable. Una sola muerte debería bastarnos para rebelarnos. El gobierno de Calderón dice que hay 176 muertos, pero sólo han confirmado que ocho murieron por virus atípico de influenza. Es decir, 168 muertes por neumonía atípica siguen bajo investigación. Un país con 105 millones de habitantes ¿no puede evaluar el origen de 168 muertes?
Ahora resulta que el gobierno carga sobre los hombros de la sociedad la responsabilidad de detener la epidemia. Igual que cuando nos convocó a evitar el narcotráfico y la corrupción. El discurso oficial debe indignarnos, en lugar de someternos al miedo paralizante. La danza de cifras que nos da la Secretaría de Salud nos hace sospechar que el gobierno improvisa y responde más por impulsos y pánico que por una estrategia efectiva a partir de información confiable. A la sociedad le corresponde cuidarse del contagio, al Estado le toca asegurar servicios especializados, montar clínicas de emergencia donde aíslen a las personas que se encuentren graves en lugar de mandarlas a casa con neumonía. Una sola muerte debería bastar, no podemos suplicar buenos servicios sino exigirlos.
La historia de Luisa es una variante de la de millones de mexicanas, lo cual lleva a preguntarse: ¿por qué si la OMS ha dicho que esta es una enfermedad curable sólo en México se está muriendo la gente? No es momento para discursos ni sentimentalismos de falsa solidaridad con un gobierno incapaz de proteger un derecho humano fundamental: el de la salud. Durante décadas el Estado mexicano se ha negado a modernizar el sistema de salud pública y ha postergado la inversión pública imprescindible en investigación científica y epidemiológica.
En condiciones normales, millones de hombres y mujeres tienen que suplicar atención médica digna y pronta en las clínicas públicas. La gente empeña lo que tiene y pierde la vida diariamente en clínicas privadas de baja calidad. La desidia e irresponsabilidad de los gobiernos federales y estatales es inaceptable. Una sola muerte debería bastarnos para rebelarnos. El gobierno de Calderón dice que hay 176 muertos, pero sólo han confirmado que ocho murieron por virus atípico de influenza. Es decir, 168 muertes por neumonía atípica siguen bajo investigación. Un país con 105 millones de habitantes ¿no puede evaluar el origen de 168 muertes?
Ahora resulta que el gobierno carga sobre los hombros de la sociedad la responsabilidad de detener la epidemia. Igual que cuando nos convocó a evitar el narcotráfico y la corrupción. El discurso oficial debe indignarnos, en lugar de someternos al miedo paralizante. La danza de cifras que nos da la Secretaría de Salud nos hace sospechar que el gobierno improvisa y responde más por impulsos y pánico que por una estrategia efectiva a partir de información confiable. A la sociedad le corresponde cuidarse del contagio, al Estado le toca asegurar servicios especializados, montar clínicas de emergencia donde aíslen a las personas que se encuentren graves en lugar de mandarlas a casa con neumonía. Una sola muerte debería bastar, no podemos suplicar buenos servicios sino exigirlos.
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