28 mayo 2009
De existir todavía, esta sería tal vez la cabeza del día de ayer en el tristemente célebre diario ¡Alarma!. Aquel que cronicó hasta la náusea y durante meses los hallazgos criminales de Las Poquianchis en el púdico Guanajuato y que nos regaló para la posteridad clásicos del periodismo amarillo como: “¡Robóla, violóla y matóla!” y “¡Mató a su madre sin causa justificada!”.
El manejo dado por algunos medios al operativo en Michoacán nos recuerda mucho aquellos tiempos: el despliegue policiaco y militar más espectacular que nunca; los detenidos mostrados siempre oportunamente a las cámaras fotográficas y de televisión; la conferencia de prensa grandilocuente y los comentarios patrióticos de los afines al régimen presidencial en turno.
Sólo que no hablamos de un capítulo del anecdotario político y mediático. Lo de Michoacán es un asunto muy serio. Se trata —como bien documenta ayer EL UNIVERSAL— de un histórico e inédito golpe de la PGR en contra del gobierno de un estado. Jamás un gobierno federal había acusado y además capturado a media administración estatal y por añadidura a una decena de presidentes municipales. Un análisis elemental de la lista de 28 detenidos por presunta complicidad con el crimen organizado da lugar a las causalidades más que a las casualidades: descontando a un juez, 17 son funcionarios del gobierno perredista de Leonel Godoy; súmele dos alcaldes también perredistas; otros seis son de extracción priísta y sólo dos son de origen panista. Queda pues muy claro que se trata de una acusación y un operativo sin precedentes de un gobierno federal del PAN en contra de funcionarios estatales y mandatarios municipales de los dos principales partidos de oposición en este país.
Y no se pretende en modo alguno meter ni medio dedo al fuego por perredistas ni priístas de ningún lado. Ya la propia PGR se ha apresurado a desmentir que haya tintes partidistas en el tan vasto como sincrónico operativo. Pero la cercanía electoral del cada vez más próximo 5 de julio es inevitable en el terreno de la especulación.
Por ello es fundamental, no sólo para Michoacán sino para la salud de la República, que el gobierno calderonista documente las razones de todas y cada una de las detenciones. Más allá de que haya motivos visibles de sospecha, tiene que haber acusaciones fundadas que partan de la constitucional presunción de inocencia y de la consiguiente carga de la prueba para quien acusa. Eso en lo jurídico.
En lo político, también el gobierno tendría que explicar por qué se aplicaron tratamientos tan diferentes para males iguales. Es bien sabido que en el caso de Morelos el gobernador panista Marco Antonio Adame estuvo siempre al tanto de un operativo discreto y quirúrgico por señalamientos documentados de penetración del narco en su gobierno. Y por qué, en cambio a los acusados michoacanos de proteger al cártel de La Familia se les exhibió de esa manera y sin aviso alguno al gobernador Godoy, que fue el último en enterarse.
El láser y el machete. La pequeña gigantesca diferencia.
El manejo dado por algunos medios al operativo en Michoacán nos recuerda mucho aquellos tiempos: el despliegue policiaco y militar más espectacular que nunca; los detenidos mostrados siempre oportunamente a las cámaras fotográficas y de televisión; la conferencia de prensa grandilocuente y los comentarios patrióticos de los afines al régimen presidencial en turno.
Sólo que no hablamos de un capítulo del anecdotario político y mediático. Lo de Michoacán es un asunto muy serio. Se trata —como bien documenta ayer EL UNIVERSAL— de un histórico e inédito golpe de la PGR en contra del gobierno de un estado. Jamás un gobierno federal había acusado y además capturado a media administración estatal y por añadidura a una decena de presidentes municipales. Un análisis elemental de la lista de 28 detenidos por presunta complicidad con el crimen organizado da lugar a las causalidades más que a las casualidades: descontando a un juez, 17 son funcionarios del gobierno perredista de Leonel Godoy; súmele dos alcaldes también perredistas; otros seis son de extracción priísta y sólo dos son de origen panista. Queda pues muy claro que se trata de una acusación y un operativo sin precedentes de un gobierno federal del PAN en contra de funcionarios estatales y mandatarios municipales de los dos principales partidos de oposición en este país.
Y no se pretende en modo alguno meter ni medio dedo al fuego por perredistas ni priístas de ningún lado. Ya la propia PGR se ha apresurado a desmentir que haya tintes partidistas en el tan vasto como sincrónico operativo. Pero la cercanía electoral del cada vez más próximo 5 de julio es inevitable en el terreno de la especulación.
Por ello es fundamental, no sólo para Michoacán sino para la salud de la República, que el gobierno calderonista documente las razones de todas y cada una de las detenciones. Más allá de que haya motivos visibles de sospecha, tiene que haber acusaciones fundadas que partan de la constitucional presunción de inocencia y de la consiguiente carga de la prueba para quien acusa. Eso en lo jurídico.
En lo político, también el gobierno tendría que explicar por qué se aplicaron tratamientos tan diferentes para males iguales. Es bien sabido que en el caso de Morelos el gobernador panista Marco Antonio Adame estuvo siempre al tanto de un operativo discreto y quirúrgico por señalamientos documentados de penetración del narco en su gobierno. Y por qué, en cambio a los acusados michoacanos de proteger al cártel de La Familia se les exhibió de esa manera y sin aviso alguno al gobernador Godoy, que fue el último en enterarse.
El láser y el machete. La pequeña gigantesca diferencia.
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