Los mató el virus... y la pobreza

GLORIA LETICIA DíAZ

En el Distrito Federal, la epidemia de influenza atípica y el miedo al contagio se cebaron en los más pobres; tanto, que una importante proporción de los fallecidos acudió demasiado tarde al médico porque le dio prioridad al trabajo, a fin de asegurar el sustento de sus familias. Esta situación desató la demanda de atención médica, así como de apoyo sicológico y económico para los familiares de las víctimas.La crisis económica y la urgencia de conseguir el sustento cotidiano fue una de las causas que llevó a la muerte a varias personas que presentaron síntomas de influenza, concluyó el trabajo realizado por la Coordinación de Atención Psicosocial en Situación de Crisis con base en los datos recabados en la red hospitalaria del gobierno del Distrito Federal durante la atención a los deudos de fallecidos por la epidemia.Dicha coordinación pertenece a la Comisión de Apoyo a las Víctimas de la Influenza por el Virus A/H1N1, creada por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard con un fondo de 150 millones de pesos y que está a cargo de Patricia Patiño Fierro, directora ejecutiva de Atención a la Niñez del DIF. La funcionaria comenta: “Lo que nos hemos encontrado en la mayoría de los casos es que buscaron la atención médica ya en la última etapa. Se empezaron a sentir mal, tuvieron dolores o fiebres, tuvieron los síntomas, pero no dejaron de ir a trabajar. Esto está vinculado con su dependencia del ingreso para la manutención de la familia.”Patiño Fierro encabeza a un equipo de 60 integrantes, 70% de ellos sicólogos. Algunos de ellos se encargaron de visitar a los familiares de las víctimas de la influenza, tanto los que murieron como los que permanecieron hospitalizados, con el fin de elaborar un padrón que permita al gobierno capitalino darles a estas familias apoyo financiero y beneficiarlas con programas sociales, además de canalizarlas para la atención sicológica y acompañamiento emocional que requieran.Ese padrón está formado por las familias de 27 fallecidos y de 129 enfermos, así como por sus parientes hospitalizados en instituciones del gobierno capitalino –de acuerdo con “información proporcionada por el secretario de Salud” del Distrito Federal, aclara Patiño Fierro–, a pesar de que no en todos estos casos se confirmó la presencia del virus A/H1N1 ni todos tienen su domicilio en el Distrito Federal, como indica el acuerdo por el que se crea la comisión.“Tenemos un artículo en el convenio que permite que cualquier asunto no previsto sea resuelto por la dirección a mi cargo, por lo que, atendiendo al jefe de gobierno, se incluyó como criterio auxiliar a las personas que se hayan atendido en instalaciones médicas del Distrito Federal”, apunta.Hasta el viernes 1, el secretario de Salud, Armando Ahued, reportó que las pruebas de laboratorio aplicadas en la red hospitalaria del Distrito Federal confirmaron que de 27 muertes registradas, cinco presentaban el nuevo virus de la influenza.De la base total, apunta, hasta el miércoles 5, los sicólogos de la comisión visitaron a familiares de 22 víctimas fatales y a los de 18 de los 128 pacientes hospitalizados (datos hasta el 5 de mayo). Los familiares de cinco fallecidos más “no fueron localizados o fue insuficiente la información”.Una tarjeta informativa de la dependencia establece que, según los datos recabados por la Coordinación de Atención Psicosocial en Situación de Crisis, 72.72% de las familias, es decir 16 de ellas, “viven en condiciones de pobreza y marginación”.Así mismo, ocho de los fallecidos tenían su domicilio en la delegación Iztapalapa; cinco en Álvaro Obregón; dos en Cuajimalpa; dos en Gustavo A. Madero; uno en Cuauhtémoc; otro en Venustiano Carranza y uno más en el Estado de México.El resto “no se encontraron debido a que se desplazaron a su lugar de origen para realizar su sepelio”. Se obtuvo información de que una de esas personas fue trasladada a Oaxaca y otra al Estado de México.En los 22 casos abordados por la citada coordinación, una mitad eran hombres y la otra mujeres; seis estaban en el rango de 24 a 31 años; cinco en el de 32 a 39; tres entre 16 y 23; dos entre 0 y siete años; otros dos en el de 40 a 47; uno en el rango de ocho a 15 años; otro de 48 a 55; uno más de 62 a 69, y otro de 70 a 77. El documento de la Coordinación de Atención Psicosocial en Situación de Crisis resalta que en las visitas a las familias de los fallecidos se encontró que en cuatro casos “hay un mayor impacto económico debido a que el finado (a) aportaba al gasto familiar”. Además, en cinco casos “las familias expresan haber sido víctimas de discriminación al interior de su familia, por parte de sus vecinos y/o en el espacio laboral”.Las entrevistas se aplicaron entre el 30 de abril y el 2 de mayo, y entre otros resultados se estableció que cinco familias “detectaron síntomas (de influenza) en alguno de sus integrantes”, por lo que se solicitó la intervención de la Secretaría de Salud.De igual forma, en cuatro casos los parientes de personas infectadas “requirieron un monitoreo vía telefónica para detectar situaciones de ansiedad, depresión y pánico”, en tanto que 16 familias fueron canalizadas a “terapeutas para iniciar procesos de acompañamiento emocional”.Se reportó así mismo que cuatro núcleos familiares solicitaron “apoyo jurídico para trámites de escrituración, deudas bancarias pendientes, regularización de placas (y) custodia de sobrino y otros hijos”.Como parte de la emergencia sanitaria, la Comisión de Apoyo a las Víctimas de la Influenza por el Virus A/H1N1 se coordinó con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Prevención del Delito del Distrito Federal para instalar un call center a fin de que la población aclarara vía telefónica sus dudas sobre la enfermedad. De acuerdo con el estudio de la coor­dinación, en ese centro se hizo el “seguimiento sicológico de cuatro casos de personas que manifestaron sentirse afectadas anímicamente por el cambio en las actividades cotidianas. De primera instancia se brindaron primeros auxilios sicológicos vía telefónica y se canalizaron a las terapeutas para iniciar un proceso de acompañamiento”.El Consejo Ciudadano elaboró su propio informe sobre la actividad del call center del 24 de abril al 7 de mayo: recibió 13 mil 210 llamadas; 846 personas fueron canalizadas para recibir apoyo médico y 22 de ellas presentaron síntomas de influenza. De 851 llamadas provenientes de 18 estados, 781 corresponden al Estado de México, 12 realizadas en Morelos, y entre cuatro y cinco a cada uno de las siguientes entidades: Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Michoacán. De Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Chiapas, Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tabasco se hicieron entre uno y tres telefonemas al call center.Patricia Patiño resalta que en el conjunto de las llamadas “han prevalecido interrogantes sobre los sitios de atención y suministro de medicinas. Otro bloque importante es el de personas afectadas que solicitan apoyo; otras simplemente para externar su dolor, y uno más de aquellas que llaman para manifestar su molestia por una mala atención, sobre todo de instituciones federales o de otros estados. “Esto último es complicado, porque hay niveles de gobierno, y lo único que podemos hacer es pasar la queja al secretario de Salud y que él la canalice a su homólogo federal, aunque también les ofrecemos la alternativa de ser atendidos en instituciones del gobierno de la ciudad”, explica.Sin embargo, en las estadísticas del call center no aparecen datos sobre las quejas recibidas.Patricia Patiño –a quien también le tocó atender en su momento a familiares de víctimas de la estampida en la discoteca New’s Divine– explica cómo se organizó la atención a la población:“Establecimos tres niveles: el primero es la víctima directa, la persona enferma o la familia de quien falleció; el segundo son las víctimas indirectas, es decir las familias que conviven con las personas que fueron afectadas de manera directa, y el tercer nivel lo establecimos en el ámbito comunitario.“Este último tiene dos vertientes: generar condiciones para que el servidor o la servidora pública que tuviera la responsabilidad de atender a población abierta considerara el factor de crisis emocional de la gente, y el otro, los habitantes de las colonias en donde ubicamos a las familias como víctimas directas, sin señalarlas, e ir casa por casa para explicar qué pasa y cómo reaccionar ante esta situación.”El gobierno capitalino contrató a las organizaciones sociales Kinal Antzetik y Corazonar para capacitar a los servidores públicos y comunitarios en las tareas de atención a víctimas, así como a Tech Palewi para la terapia individual y de grupo.Fue con el trabajo de campo, “buscando a las víctimas más que esperar a que ellas nos llamen para explicarnos cuáles son sus necesidades”, que se consiguió “ubicar situaciones de discriminación (…) que se explican si no hay información precisa, de cómo entender la crisis, el fenómeno que se está viviendo, y no tienes las herramientas para aceptar y no condenar. Entonces te da miedo, no te quieres acercar o no quieres dar el paso… Esto no se combate con discursos de repudio a la discriminación”.Como el sector al que se atendió mayoritariamente corresponde a familias de estrato social muy bajo, dice Patricia Patiño, son “personas que dejan la atención hasta al final porque tienen que ir a trabajar, que se vieron en graves estados de angustia porque no sabían dónde dejar a sus hijos, y que si faltaban los iban a correr”.Por eso la estrategia de la coordinación fue la de “dar herramientas a la población y desarrollar un programa integral, porque por más que le digas a una madre de familia que restablezca la relación con su seres queridos, si no tiene garantizado el alimento es una burla”.La funcionaria asegura que los deudos de los 22 personas que fallecieron “fueron atendidos en un 100% en la emergencia”, lo que incluyó apoyo para los gastos funerarios. Añadió que su comisión está trabajando con esas familias y con las de hospitalizados para determinar la clase de apoyos sociales que requieren “para salir adelante” en un plazo de uno a tres meses.El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Mario Delgado, informó que dichos apoyos económicos se estiman entre 3 mil y 6 mil pesos, de acuerdo con el tiempo de hospitalización del afectado.