Crímenes de Estado neoliberales

Julio Pimentel Ramírez

A tres semanas del proceso electoral que renovará la Cámara de Diputados, al tiempo que seis estados elegirán Ejecutivo local y cuatro entidades designarán legisladores y ayuntamientos, los mexicanos continuamos padeciendo los síntomas de la grave crisis integral del sistema económico, político y social imperante durante las últimas tres décadas, agravada por la ilegalidad, ineficacia, corrupción e impunidad calderonistas, elementos que si bien son heredados del régimen priísta han adquirido nuevos tonos bajo las administraciones panistas.
Cuando parece que ya hemos visto lo peor, castigados por la debacle económica de un gobierno espurio no solamente incapaz de cumplir su promesa de campaña de generar empleos sino que arroja a las calles a miles de trabajadores (700 mil en los últimos meses) y sumidos en la incertidumbre generada por la violencia delincuencial, se presentan hechos que desnudan la trama de intereses y el tráfico de influencias de una clase política en proceso de descomposición.
Lo sucedido en la guardería de la capital sonorense, en la que murieron quemados 46 niños y otros más se encuentran graves, ha sido ya ampliamente abordado y analizado en las páginas de POR ESTO!, por lo que solamente reiteraremos que más allá de la responsabilidad de particulares, pertenecientes muchos de ellos a las familias que por ahora detentan el poder estatal y federal, el multicitado “incendio no intencional” configura en realidad un crimen de Estado derivado de las políticas públicas depredadoras instrumentadas por las últimas seis administraciones neoliberales.
La estrategia privatizadora aplicada desde hace casi treinta años, que en el caso de las guarderías del IMSS adquiere la modalidad de las llamadas subrogaciones, además de relegar a un segundo plano la atención a las necesidades sociales deriva en un proceso de transferencia de recursos públicos a los bolsillos de políticos y sus familiares, así como de los grupos económicos parasitarios que antes se enriquecieron a la sombra de los gobiernos tricolores como ahora lo hacen al amparo de los blanquiazules.
Para que hechos como el sucedido en Sonora no se repitan se requeriría modificar sustancialmente el modelo económico dominante y llevar adelante un proceso de renovación política, ideológica y moral que colocara en el centro de las cosas no la obtención de dinero fácil sino el desarrollo integral del individuo desde una óptica de justicia y equidad social.
Mientras esto no suceda y se ponga fin a la impunidad estamos condenados a padecer nuevas tragedias. Las autoridades federales ya adelantaron que en “estricto apego a las leyes” (que en nuestro sistema de justicia se inclinan a favor de los poderosos y se ceban en contra de quienes menos tienen, recuérdese a los colonos de Atenco) debido a que el incendio no fue intencional nadie pisará la cárcel.
Pretenden ocultar que el tráfico de influencias y la corrupción estructural hacen posible que se ignoren elementales medidas de seguridad, que de tomarse evitarían accidentes prevenibles aunque disminuirían las ganancias de quienes no ven niños sino signos de pesos.
Este caso en el que se encuentran involucrados familiares del gobernador de Sonora Eduardo Bours -quien, por cierto, formó parte del entramado tejido por Elba Esther Gordillo para en el 2006 trasladar votos a favor de Felipe Calderón- y de Margarita Zavala, esposa del espurio, no es ejemplo único del uso faccioso del poder. El PRI y el PAN coinciden tanto en negocios como en su proyecto de nación, por más que se confronten por obtener mayores cuotas de Poder Legislativo. Esto pasará y seguirá en pie su alianza básica.
Se hacen histéricos llamados a no “politizar” el tema que enlutó a decenas de familias mexicanas y que mantiene en zozobra e incertidumbre a miles más que se ven obligadas a llevar a sus hijos pequeños a estas auténticas “bodegas” de niños, que además de estar lejos de ser auténticos centros de de desarrollo infantil representan una “bomba de tiempo”, cuando es un matiz ineludible en un país confrontado que muestra enormes debilidades democráticas en el renglón de rendición de cuentas.
La responsabilidad individual de dueños de la guardería y de funcionarios de las diversas dependencias gubernamentales involucradas, tanto del ámbito estatal como federal, debe de ser claramente establecida y sancionada. Sin embargo no hay que perder de vista que la muerte de los infantes sonorenses es un crimen de Estado en la medida de que fue posible debido tanto a la aplicación del modelo privatizador como a la corrupción e impunidad que hace posible su reproducción.
En un sentido más amplio, ya Andrés Manuel López Obrador se encargó de presentar denuncia penal en contra de personajes centrales de lo que llama con acierto como la mafia que somete a la nación, entre los que destacan ex presidentes de la República y el actual inquilino de Los Pinos, así como políticos de “altos vuelos” y delincuentes de “cuello blanco”.