Perú: genocidio y petróleo

John Saxe-Fernández

Aunque consistente con su actuación histórica, es deplorable la complicidad de la oligarquía peruana y su régimen con los ambiciosos esquemas de reconfiguración territorial de Estados Unidos y los monopolios mineros y petroleros, por medio de políticas económicas y de seguridad que desembocaron en la masacre perpetrada la semana pasada por el gobierno de Alan García contra la población indígena. Dicha población, ocupante legítima de la vasta y rica región amazónica del Perú, ha venido protestando por varios decretos legislativos inducidos con jugosos préstamos del Banco Mundial, bajo el régimen de concesiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Los decretos atentan contra la Amazonia: al reducir la definición de patrimonio forestal, dejan en el aire unos 45 millones de hectáreas, 60 por ciento de los bosques de Perú, o bien permiten la disponibilidad de áreas naturales para facilitar concesiones forestales, mineras, petroleras y gaseras. Éstas y muchas otras son iniciativas que se vienen gestando desde la década de 1920 (Finer, Jenkins et al, 2008), pero ahora el acelerado agotamiento de recursos naturales que se detecta a nivel mundial, encabezado por los hidrocarburos y una gama cada vez mayor de minerales críticos y estratégicos, acrecentó la apetencia corporativa sobre una vasta e intacta región: la Amazonia occidental, que engloba partes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil y que ya fue dividida en 180 bloques para la explotación de gas y petróleo en unos 700 mil kilómetros cuadrados incrustados en zona de gran biodiversidad, por siglos habitada y cuidada por culturas de honda tradición y conciencia ecológica.

En Ecuador y Perú, indígenas y residentes locales han tomado acción legal contra petroleras de Estados Unidos por haber lanzado miles de millones de litros de basura tóxica en las forestas. Ahora al menos 35 grandes empresas de gas y petróleo ya están operando en bloques que literalmente se clavan en la Amazonia occidental. El año pasado había 48 bloques en Perú y Alan García estaba a punto de entregar 16 más cubriendo 72 por ciento de la Amazonia peruana. Once bloques se localizan en las Zonas de Reserva Comunal. En torno a la matanza de García et al, el botín no es menor: ya empezaron a explotarse hallazgos recientes en Perú y en su frontera con Ecuador estimados en 500 millones de barriles de petróleo y en la región de Camisea hay cerca de 15 billones (trillions) de pies cúbicos de gas (op cit).

Se giraron órdenes de reprimir y matar: según Gregor McLennan, del programa Amazon Watch, todos los testigos dicen que las Fuerzas Especiales abrieron fuego sobre manifestantes pacíficos y desarmados, incluyendo ataques desde helicópteros, matando e hiriendo a decenas, en un intento orquestado de desbloquear los caminos. No fue un encontrón, dice McLennan, sino una coordinada redada con los policías disparando contra los manifestantes desde ambos lados de los retenes. En entrevista radiofónica con Amy Goodman, McLennan estimó que unos 500 elementos armados sorpresivamente abrieron fuego contra los manifestantes en el bloqueo carretero, cuando algunos de ellos todavía dormían. El gobierno y la CNN en español (¿Colonial News Network?) encubren o deforman el genocidio; docenas de cadáveres fueron lanzados al río Marañón y hay silencio total sobre los arrestados; así lo indican abogados defensores de los derechos humanos. Personal del hospital de Bagua Chica y Bagua Grande corroboró que el gobierno trasladó docenas de cuerpos a un lugar desconocido.

Con esta proeza, Alan García asienta su presencia en esa larga lista de carniceros del alto capital en América Latina. García es el cuchillo, porque los que llevan la batuta están en Washington y tienen como medios básicos para esta magna operación sobre la Amazonia occidental al Comando Sur, al Banco Mundial/BID y a cipayos locales que por sobornos, ejecutan y son cómplices de crímenes de lesa humanidad.

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