El desarme ético de las instituciones ya empieza a cobrar vidas

María Teresa Jardí

Lo ocurrido en la guardería de Hermosillo, Sonora, ubicada en una bodega, en medio de fábricas y sin salidas de emergencia y en la que los dueños del inmueble y los manejadores de la guardería son familiares de Calderón y del gobernador sonorense, da buena cuenta de lo que el desarme ético de las instituciones significa.
El reparto del botín, vía fideicomisos, pasa también por poner punto final a los controles. Y ya sin controles todo se val e, porque todo se puede, sin consecuencias.
Sin controles legales, no digamos ciudadanos, que aquí coexisten, mínimamente legales, es como se llega a una guardería en una bodega, ubicada en una zona de fábricas, además contaminantes, es de suponer, y por ende en un ambiente poco sano para los menores, propiedad, el inmueble, y dejada en manos, la conducción, de familiares de los que manejan el poder y con un costo brutal a cargo del erario de 20 millones de pesos al mes.
El servicio que tiene la obligación de prestar el gobierno, convertido en negocio a costillas del pueblo, que además es el que paga incluso con la vida de sus hijos la corrupción gubernamental protegida por la impunidad establecida como regla del sistema político manejado a la mexicana, es lo que se evidencia con la muerte de 44 niños y las quemaduras atroces de otros menores.
La sociedad mexicana no ha acabado de entender el porqué no podemos desentendernos, los gobernados, de la corrupción de los gobiernos.
Los mexicanos nos fuimos convirtiendo —claro que con ayuda de la telebasura y del bajonazo a la educación escolarizada, de la represión e incluso de pequeñas compras de conciencia que la derecha maneja muy bien— en permisivos, frente al desarme ético de las instituciones. Y ya empieza, como la crónica anunciada que siempre fue, a cobrar vidas ese desarme.
Compra de conciencias, además, como reparto de limosna miserable, porque del monto importante de dinero, escatimado a los servicios públicos, manejados por dependencias como SEDESOL, destinado justamente a mini proyectos productivos, es usado también para las campañas de los amigos y favorecidos y a veces para las propias porque los que dirigen dependencias como SEDESOL también albergan aspiraciones políticas.
Y lo mismo ocurre con el IMSS. Ahí está la explicación de lo ocurrido en la guardería. No hay que darle muchas vueltas. Y por eso a pesar de lo escandaloso que es el hecho aquí no se va a castigar él mismo y por eso la PGR, a pesar del malestar ciudadano que el hecho ha despertado, ya se apresura a señalar que nadie pisará la cárcel.
En cualquier otro lugar del mundo rodarían cabezas del más alto nivel. Los menos cínicos se suicidarían. Algunos de los otros pasarían años en la cárcel. Y se replantearía el uso y abuso de los recursos públicos.
Aquí no pasará de la renuncia del delegado del IMSS en Sonora, al que darán otro empleo cualquiera. Ese empleado es sólo, en el mejor de los casos, el último eslabón de la cadena que llega a la decisión política de desarmar la estructura ética de todas las instituciones con las que funciona una república.
Saben, los desgobernantes a la mexicana, que el próximo escándalo tapará el anterior, como tapan los gatos la mierda en su caja de arena. Y ya pinta como sucesor el de la trata de mujeres en Mérida. Y tampoco ahí se llegará a la cabeza. El empleado de migración, salta a la vista, que es sólo un eslabón.
Aquí ningún juez se ocupará de tipificar como homicidio la muerte de 44 infantes. A pesar de los muchos datos en el sentido de que se pudo prever y debió evitar. Y de que no se hizo así, poniendo en peligro la vida de los niños, porque era un negocio que beneficiaba a las familias que se reparten el poder.
Puede ser que imprudencial el homicidio. Pero, en un Estado de Derecho, jueces realmente impartidores de justicia, igual y encontrarían elementos suficientes para tipificarlo como doloso.