México, Sociedad Anónima

Lilia Arellano

… y parió el neoliberalismo
Estado desmantelado
Fobaproa, campeón del despojo

“El hombre sabio no debe abstenerse a participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a los necesitados y una cobardía ceder el paso a los indignos”.- Epicteto de Frigia

Con la administración de Felipe Calderón, México está llegando al limite de la brutal imposición durante más de un cuarto de siglo de un proceso conocido como neoliberalismo, que anuló al Estado y eliminó su misión fundamental de fomentar el bienestar colectivo y proteger tanto el interés general como los bienes públicos y, por otro lado, provocó una criminal concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, con millonarios que se ubican entre los más acaudalados del mundo, mientras que la gran mayoría de los más de 107 millones de mexicanos resiente pobreza, miseria e indigencia.
Hijos del neoliberalismo son el magnate Carlos Slim, a quien le vendieron Telmex y creó con la complicad de la clase política en el poder, particularmente con Carlos Salinas de Gortari, el Grupo Carso; Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, beneficiario del rescate bancario a través del Ipab-Fobaproa, así como de los rescates carreteros de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; Alfredo Harp Helú y Roberto Hernández, beneficiarios también de la privatización bancaria; Jorge Larrea, de Grupo Industrial Minera México (Grupo México), quien compró la Minera Cananea y la Mexicana de Cobre; Raúl Salinas Pliego, presidente de TV-Azteca, antes Imevisión, paraestatal que compró a precio de remate; y Emilio Azcárraga, presidente de Televisa que domina el espacio radioeléctrico, entre otros integrantes de una selecta oligarquía que acaparan la riqueza de la Nación.
El neoliberalismo a la mexicana eliminó la obligación del Estado de promover un desarrollo sustentable y equilibrado y un reparto equitativo de la riqueza, manteniendo el control y la decisión de los principales instrumentos de intervención de la economía; privatizó y mercantilizó los sectores estratégicos del país como el energético (petróleo, gas y sector eléctrico), los aeropuertos, los puertos marítimos, el sistema ferroviario, las carreteras, la telefonía, la construcción de obras públicas, el sistema financiero, los servicios públicos calificados como el fondo de vida de la población (salud, vivienda, educación, cultura y seguridad social) y hasta ámbitos de la tierra, como el agua, las semillas, los códigos genéticos de los seres vivos y los recursos naturales, colocándolos en los circuitos comerciales y financieros, en beneficio de unas élites.
Los mecanismos de distribución de la riqueza fueron brutalmente atacados, lo que explica la proliferación de la pobreza y la concentración de la riqueza del país en unas cuantas familias. La investigadora de la Universidad Obrera de México, Laura Juárez Sánchez, en un estudio sobre este tema, destaca que desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón se ha estado entregando, a las grandes empresas trasnacionales, los activos del país resultado de décadas de desarrollo económico; el fondo de vida de la población, producto de las conquistas laborales y sociales de los trabajadores; y la riqueza biológica y natural de la Nación, que es la fuente de la vida en la tierra y la base de la producción agrícola de los campesinos e indígenas.

El “milagro”
a la pesadilla
Antes del neoliberalismo, durante el período comprendido entre 1940 y 1970, la economía de México llegó a crecer a un ritmo de 6.27 por ciento anual, lo que se conoció como el “Milagro mexicano”. Sin embargo, en la década de los 70s, el cierre del mercado mexicano, el proteccionismo y la fiebre del endeudamiento que derivó en la crisis de la deuda de los años 80s, dieron fin a ese período de crecimiento. El desarrollo, tradicionalmente basado en la explotación del petróleo y el endeudamiento público, condujo al colapso en 1982: la inflación se aproximó al 100 por ciento, el PIB decreció por primera vez en décadas, la deuda externa incrementó hasta 87 mil millones de dólares, los salarios reales cayeron en más de 12 por ciento y el peso se devaluó en un 267 por ciento.
Al sentarse Miguel de la Madrid en la silla presidencial, el país estaba en la banca rota y era incapaz de pagar sus deudas internacionales, situación que aprovechó para lanzar una reforma para intentar transformar la economía mexicana en una economía de mercado, basada en un proceso de privatización de las paraestatales, con el propósito oficial de “alcanzar una mayor eficiencia en la consecución de objetivos de los sectores prioritarios y estratégicos”.
En su último informe de gobierno, el primer presidente tecnócrata manifestó haber privatizado un total de 118 entidades del sector paraestatal, en las que no se incluyeron Conasupo, Fertimex, Ferrocarriles Nacionales de México, PEMEX y CFE. A finales de 1988 había 54 procesos de desincorporación pendientes, 28 de 1986 y 14 de 1987. De la Madrid pretendió restaurar la alianza de su gobierno con el sector patronal para enfrentar con su apoyo la crisis económica. La privatización, por supuesto que recibió el apoyo unánime de las organizaciones empresariales y sirvió para cimentar el éxito del Pacto de Solidaridad Económica, al que el sector privado se adhirió en 1987. Este proceso se realizó para que su gobierno tuviera recursos para saldar la deuda externa y congraciarse con el sector de la economía que depende del capital extranjero.
Los objetivos oficiales que se buscaron fueron fortalecer las finanzas públicas, canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni económico, promover la productividad de la economía transfiriendo parte de esta tarea al sector privado, mejorar la eficiencia del sector público disminuyendo el tamaño de su infraestructura. Así, el proceso de privatización no tuvo como prioridad una reconversión industrial.
El régimen de Carlos Salinas de Gortari acentuó este proceso y tuvo como proyecto privilegiado la negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con Estados Unidos y Canadá, y dejó de lado el diseño de una ambiciosa política industrial, lo que degeneró en un gran número de quiebras y desempleo. Con él se reprivatizó la banca y se modificó el titulo de concesión de Teléfonos de México a fin de garantizar su privatización en 1990, siendo ésta junto con la venta del sector bancario la más importante y cuantiosa operación privatizadora. El gobierno salinista logró privatizar entidades estratégicas y sumamente rentables como Altos Hornos de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Siderúrgica Nacional, las dos aerolíneas: Aeronaves de México y Compañía Mexicana de Aviación; las compañías mineras Mexcobre y Minera Cananea, la compañía Real del Monte y Pachuca, las cuatro empresas del Grupo DINA, las 11 unidades industriales de Fertimex, entre otras altamente rentables. También Almacenes Nacionales de Depósito, trece plantas de Industrias Conasupo, nueve de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), cinco de Miconsa, y se puso a disposición del sector privado y extranjero 3.2 millones de hectáreas de las Reservas Minerales Nacionales, y con ello el acceso a nuestras materias primas estratégicas. En el salinismo, se desmanteló el sector público y el poder económico del Estado.
También el último presidente surgido de las filas del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, siguió este mismo camino y profundizó el fortalecimiento de una nueva oligarquía a partir del desmantelamiento del sector público, por lo que fueron privatizadas áreas de evidente importancia estratégica como ferrocarriles –con lo que se trasladó a manos privadas la columna vertebral del desarrollo del país—, puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, electricidad, petroquímica y gas natural. De las 1,155 entidades existentes en 1982, para el último año del periodo zedillista sólo quedaban 203, de las cuales 74 eran organismos descentralizados, 107 empresas de participación estatal mayoritaria y 22 fideicomisos públicos. Zedillo, quien inició su mandato sumergido en una nueva crisis, que se conoce como “el error de diciembre”, del cual la economía no se recuperó sino hasta tres años después y concluyó su mandato al entregar en bandeja de plata al país a un miembro de otro partido, Vicente Fox, también concesionó 21 millones de hectáreas de las Reservas Minerales Nacionales y sólo quedaron en poder el Estado 33 mil 168 hectáreas.

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